Cinco diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, provenientes de Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), rompieron la expectativa de la sesión este martes 28 de octubre al darle la espalda a los proyectos de ley 291 y 292, presentados meses atrás por el procurador Luis Gómez.
Las iniciativas −diseñadas para fortalecer la lucha contra la corrupción− quedaron sin respaldo en una de las comisiones clave del legislativo, generando cuestionamientos sobre el compromiso de los diputados con la transparencia y la rendición de cuentas.
Los diputados de Realizando Metas (Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda), del PRD (Raphael Buchanan y Jairo Salazar) y de Cambio Democrático (Didiano Pinilla) votaron en contra, mientras que los representantes de la coalición Vamos (Roberto Zúñiga, Luis Duke y Janine Prado) y del partido Movimiento Otro Camino (José Pérez Barboni) apoyaron las iniciativas.
La votación evidenció las diferencias políticas que atraviesan a la comisión y las tensiones sobre la agenda anticorrupción.
La iniciativa 291, conocida como Ley General Anticorrupción, propone herramientas más agresivas para investigar delitos en la administración pública, desde agentes encubiertos hasta auditorías independientes. Además, permite al Ministerio Público actuar de oficio en casos de enriquecimiento injustificado y duplica los plazos de prescripción para delitos como peculado, en un intento por reforzar la lucha contra la corrupción.
El proyecto 292 complementa estas medidas al reformar el Código Penal, aumentando las penas para delitos como peculado, concusión y enriquecimiento injustificado.
Los proponentes
Durante la sustentación de los proyectos, el secretario general del Ministerio Público, Jorge Luis de la Torre Franco, defendió los proyectos 291 y 292 como una actualización necesaria de las normas procesales para enfrentar la corrupción en Panamá.
“La corrupción es una situación que está afectando gravemente la evolución de los sistemas democráticos”, aseguró, y advirtió que, incluso a casi 15 años de implementado el Código Procesal Penal, las herramientas existentes resultan insuficientes frente a delitos complejos que adoptan estructuras poco convencionales y tienen gran impacto económico y jurídico.
De la Torre explicó que los proyectos incluyen disposiciones especiales para garantizar la efectividad de las investigaciones de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y otras conductas delictivas que perjudiquen al Estado. “Además permite o facilita que las instituciones públicas afectadas no solamente denuncien el delito, sino que se constituyan como gestores activos del proceso”, detalló, subrayando que esto otorga un papel más amplio a los órganos estatales y asegura la reparación del daño causado.
Entre las herramientas contempladas, destacó auditorías, peritajes, seguimiento patrimonial y la reserva de actos de investigación, así como la colaboración de empresas públicas y privadas para suministrar información.
Opinión de los abogados
El exfiscal Giovanni Olmos también participó en la sesión, resaltando la importancia de la iniciativa para el combate a la corrupción. “Me siento muy contento de participar en este foro. Felicito al Ministerio Público por esta iniciativa. La verdad que es necesaria e importante para el foro y para el combate a la corrupción”, aseguró.
Olmos, en representación de los abogados litigantes, señaló que desean colaborar con la comisión, pero llamó la atención sobre aspectos que requieren ajustes, como mejorar el acceso de los abogados a las causas complejas y garantizar la adecuada implementación de auditorías e informes periciales. “Es importante que estas investigaciones se lleven a cabo con la ritualidad del celo procesal que requiere este tipo de investigación”, indicó.
Las pérdidas económicas
Los diputados de la bancada Vamos, Jorge Zúñiga y Janine Prado, respaldaron con firmeza los proyectos. Zúñiga recordó que, según Transparencia Internacional, Panamá ha perdido más de 15,500 millones de dólares por corrupción en los últimos 24 años, equivalente al 5% del gasto público.
“Tres ampliaciones del Canal, nueve líneas del metro, 15,000 escuelas modernas, 3,000 centros de salud, 300,000 viviendas dignas y 10 plantas potabilizadoras podrían haberse financiado con esos recursos”, advirtió, enfatizando que no se puede dar la espalda a esta problemática que afecta el desarrollo del país.
Por su parte, la diputada Prado resaltó que Panamá no es un país pobre, sino empobrecido por la corrupción. Recordó que cada año se pierden entre 1,200 y 2,000 millones de dólares debido a este fenómeno, lo que se traduce en carencias de infraestructura, hospitales, escuelas, acueductos y viviendas. “Cuando la gente sabe con certeza dónde van sus impuestos, se vuelve a tener confianza en el Estado”, afirmó.
El rechazo
A diferencia del Ministerio Público, los abogados litigantes y sus colegas de Vamos y MOCA, el diputado Camacho, de Realizando Metas, anunció su rechazo a los proyectos, argumentando que la corrupción en Panamá no se resuelve con más normas, sino con voluntad y compromiso ciudadano.
“Usted no me venga a hablar a mí de combate a la ley, que se necesitan leyes para combatir la corrupción. Lo que se necesita es voluntad. El problema de la corrupción es un problema moral que aqueja a la sociedad en todos sus niveles”, afirmó, recordando casos de coimas a policías e inspectores de migración como ejemplos de prácticas arraigadas que no dependen de la legislación vigente.
Camacho también cuestionó la efectividad de la actual estructura institucional y criticó la retórica de algunos gremios empresariales. “Comiencen combatiendo la corrupción desde dentro de sus gremios. Para el que cita a un corrupto en el gobierno, lo más probable es que cite a un corrupto en la empresa privada”, señaló.
El diputado insistió en que los proyectos presentados no resuelven las deficiencias del sistema y reiteró: “Aquí quieren echarle la culpa al sistema penal acusatorio porque este es un sistema garantista… El problema no es si hay leyes o no hay leyes, el problema es que no existe voluntad y no existe en la ciudadanía confianza en las instituciones llamadas a garantizar la justicia”.
Finalmente, un grupo de cinco diputados definió el futuro de dos proyectos de ley que gremios empresariales y la sociedad civil organizada pedían que se aprobaran con urgencia. Además de Camacho, otras figuras, como el presidente de la República, José Raúl Mulino, habían manifestado su rechazo a esta propuesta.
