La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó dos traslados de partidas este jueves 29 de mayo: uno al Ministerio de la Presidencia y otro a la Autoridad de Turismo de Panamá.
En ese sentido, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, compareció para sustentar un traslado de partida por $11.1 millones, destinados al desarrollo del ambicioso proyecto ferroviario Panamá-David.
“Este es un proyecto insignia del nuevo gobierno del presidente [José Raúl Mulino]”, afirmó el funcionario al inicio de su intervención, destacando la prioridad que representa la obra para la administración entrante.
El ministro explicó que los fondos servirán para iniciar una serie de estudios técnicos y procesos administrativos clave. Entre ellos, mencionó la licitación del administrador del proyecto, el estudio de impacto ambiental —estimado en categoría 3—, así como los estudios de prefactibilidad de ingeniería y la contratación de personal especializado. Estos pasos, según Orillas, son necesarios para asegurar el diseño y la ejecución adecuados de una obra de gran escala y alcance nacional.
La extensión
El proyecto de tren, que se extendería desde la provincia de Panamá hasta David, en la provincia de Chiriquí, forma parte de una estrategia de desarrollo económico regional que busca mejorar la infraestructura de transporte, reducir costos logísticos y facilitar la movilidad de personas y mercancías. “La idea es fortalecer la conectividad nacional e internacional con una red ferroviaria moderna”, expresó Orillac.
Según el ministro, la iniciativa también tiene un componente de integración regional centroamericana, ya que contempla llegar hasta la frontera con Costa Rica. “Vamos a fomentar el comercio, el turismo y el acceso a mercados internacionales”, afirmó. Para ello, adelantó que el proyecto incluirá estaciones en todas las provincias por las que atravesará el tren.
“Una vez completados estos estudios, podremos establecer fechas tentativas para la licitación y el inicio de la construcción”, añadió el ministro, quien apuntó que la meta es arrancar obras a inicios de 2026. La planificación, sin embargo, dependerá de la disponibilidad de recursos y de los tiempos que tomen los análisis técnicos en curso.
Los cuestionamientos
Tras la exposición del ministro, el diputado Betserai Richards planteó la primera objeción. “¿Por qué no es el MOP quien ejecuta este proyecto?”, cuestionó. Según el diputado, lo lógico sería que la entidad encargada de las obras públicas lidere un proyecto de infraestructura de tal magnitud.
En respuesta, Orillac explicó que el proyecto fue concebido como una iniciativa presidencial, lo cual motivó la creación de la Secretaría Nacional del Ferrocarril dentro de la Presidencia. “Así ocurrió con el Metro de Panamá”, dijo, aludiendo a experiencias anteriores en las que proyectos emblemáticos fueron impulsados directamente desde el Ejecutivo para asegurar su avance.
El ministro argumentó que este esquema permitirá imprimir mayor celeridad y visibilidad al proyecto. Además, dijo que el MOP debe concentrarse en obras viales tradicionales, como caminos de penetración y carreteras principales. “Este es un proyecto país y, como tal, requiere otra estructura de ejecución”, insistió.
Turismo
Además, la administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, compareció ante la Comisión de Presupuesto para solicitar dos traslados de partida que suman 2.7 millones de dólares. El primero, por 206 mil dólares, está destinado a la reparación del centro de convenciones Atlapa, infraestructura que —según De León— fue recibida en “condiciones complicadas” y cuya recuperación es clave para seguir ofreciendo sus espacios de forma gratuita a nivel internacional.
El segundo traslado, de 2.5 millones, busca fortalecer el Fondo de Promoción Turística Internacional (Promtour), un fideicomiso que permite mantener la promoción sostenida de Panamá como destino de congresos, eventos y convenciones.
Durante su intervención, De León explicó que Promtour —administrado mediante un modelo público-privado— permite garantizar la continuidad de las campañas turísticas en el extranjero mediante incentivos a aerolíneas, operadores y agencias internacionales. El fondo es supervisado por una junta directiva integrada por representantes de la ATP y cinco miembros del sector privado, entre ellos, la Cámara de Turismo. Aunque la funcionaria defendió los “resultados positivos” de las inversiones, varios diputados cuestionaron la efectividad real del gasto, recordando que, pese a los recursos asignados en años anteriores, los resultados en materia de llegada de turistas siguen siendo debatibles.
