Entre el 27 de mayo y el 6 de junio, el Ministerio de Ambiente desplegó un operativo técnico en la cuenca del río La Villa, durante el cual inspeccionó 20 kilómetros de este afluente y otros 19 del río Estibaná. El equipo identificó 23 puntos críticos de contaminación, de los cuales 11 ya están bajo procesos administrativos.
A raíz de estos hallazgos, el presidente José Raúl Mulino calificó como “criminal” la contaminación detectada y anunció medidas drásticas contra los responsables, entre ellas el cierre temporal de fincas porcinocultoras que viertan residuos sin tratamiento en las fuentes hídricas.
“Como ustedes saben, y según el informe que me presentaron el Ministerio de Ambiente y el MIDA [Ministerio de Desarrollo Agropecuario], se están imponiendo fuertes medidas y multas a los responsables de la contaminación del río La Villa y del Estibaná”, declaró el mandatario.

Mulino dejó claro que esta crisis ambiental no es nueva. “Este es un problema que viene de décadas. No comenzó con el último aguacero, sino por parte de empresas que no respetan las normas y funcionarios que miraban hacia otro lado. Eso se terminó”, advirtió.
Según los hallazgos del Ministerio de Ambiente, en la zona operan granjas porcinas con lagunas de oxidación saturadas y sin impermeabilización, lo que ha permitido el vertido de excrementos y residuos líquidos sin tratamiento en las aguas de ambos ríos. “Eso es criminal”, enfatizó el presidente.
Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Ambiente ya presentó una denuncia penal por delito ambiental ante la Fiscalía Superior de Ambiente, afirmó Mulino. Además, se están imponiendo multas de hasta 10,000 dólares y se mantiene una fiscalización constante en las zonas de mayor riesgo.
El presidente también anunció que este viernes se inspeccionarán seis fincas, además del resto de las 11 ya señaladas. “Las que se encuentren adicionales serán cubiertas mañana y el próximo día del fin de semana”, indicó.
El presidente Mulino habla sobre las acciones que se tomarán respecto a la contaminación de los ríos en Azuero.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/XT5u1GVKmh
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 6, 2025
Finalmente, Mulino fue enfático: “La orden es cerrar esas fincas temporalmente. No podemos seguir contaminando las aguas de esos dos ríos en detrimento de la salud de toda la península de Azuero y sus habitantes. Todas las porquerizas serán cerradas hasta que se realicen las adecuaciones necesarias para evitar la contaminación”.
Inspección del Minsa
Hace unos días, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó una gira de trabajo en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, con el objetivo de evaluar los factores que están incidiendo en la calidad del recurso hídrico que abastece a gran parte de la región.
Durante el recorrido, el titular del Ministerio de Salud visitó tres fincas porcinocultoras, donde inspeccionó el tipo de producción que se realiza, el uso del recurso hídrico, así como las prácticas de manejo y disposición de desechos orgánicos.
Estas evaluaciones se realizaron en fincas propiedad de los productores Orlando De Gracia y Luis Martínez. En el primer caso, se trata de familiares del diputado del partido Realizando Metas, Ronald De Gracia.

“Esto es un problema multifactorial que tenemos que ir atacando junto a la comunidad, primero educando a las personas sobre la importancia de mantener limpios los ríos”, indicó el ministro Boyd Galindo.
Situación de las potabilizadoras
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que las plantas de Llano de Piedra y Macaracas, en Los Santos, dejaron de operar debido a la presencia inusual de microorganismos, específicamente gusanos detectados en el proceso de captación.
En tanto, la planta potabilizadora de Rufina Alfaro, también en Los Santos, continúa operando, pero solo al 75 % de su capacidad, lo que ha generado racionamientos y preocupaciones sanitarias en las comunidades abastecidas.
La situación no es menos grave en la provincia de Herrera, donde la potabilizadora Roberto Reina, que abastece a la ciudad de Chitré, redujo su capacidad de producción del 75 % al 50 % debido a los altos niveles de turbiedad en el agua cruda.

Las autoridades atribuyen la proliferación de estos contaminantes a las recientes lluvias intensas y al arrastre de desechos agrícolas, sin descartar la posibilidad de vertidos ilegales aguas arriba.
Mientras se desarrollan análisis técnicos y se aplican tratamientos de emergencia, el Idaan ha solicitado a la población hacer un uso racional del agua y estar atenta a los comunicados oficiales. La crisis hídrica reabre el debate sobre la protección de las fuentes de agua y la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental en la región.