El contralor, Anel Flores, arremetió contra la administración de la Universidad de Panamá (UP), encabezada por el rector Eduardo Flores Castro, a quien acusó de proteger a manifestantes violentos, encubrir prácticas de nepotismo y tolerar irregularidades financieras dentro del campus universitario.
Las declaraciones se dieron durante una entrevista con La Prensa, en la que justificó el traslado de los fiscalizadores de la Contraloría desde la sede universitaria hasta una oficina alterna en Plaza Edison. “Decidimos en mayo retirar a nuestros fiscalizadores por la seguridad propia de ellos”, afirmó Flores. “No vamos a ser cómplices de esa actitud”, dijo en referencia a los actos de protesta que, según él, ponen en riesgo la integridad de ciudadanos y funcionarios.
El contralor acusó directamente a la administración del rector Flores de brindar cobijo a quienes protagonizan disturbios. “Cuando usted ve que hay una cerca que protege a esos delincuentes […] ese rector Flores debe llevar a cabo una buena práctica en esa universidad, y lo que pareciera estar haciendo es protegiendo a delincuentes que están contra la paz social del país”, denunció.
Según el jefe de la Contraloría, el campus universitario ha sido convertido en un refugio para agresores que utilizan incluso “tubos y cohetes de fuego artificial” para atacar a la policía. “Construyen bazucas para pegarle a los policías, y todos han parado bajo una cerca y una autonomía”, dijo, en alusión a la protección que otorga la figura legal de autonomía universitaria.
Más allá de la seguridad, Flores también cuestionó la eficiencia en el uso de los recursos públicos. “La Universidad cuesta $300 millones al año, y usted va a las instalaciones […] dan desvergüenza, los baños cayéndose. Es una desgracia”, expresó. En su opinión, no se justifica que una institución con semejante presupuesto exhiba un deterioro tan notorio.
El contralor reveló que, como parte del control trasladado a Plaza Edison, han detectado datos preocupantes. “Hay 96,000 estudiantes y hemos constatado que hay más de 20,000 que tienen más de 15 años de ser estudiantes. Gente de 50 y 60 años de edad que jamás se ha graduado de nada”, señaló. A su juicio, esas personas no califican como estudiantes reales: “Esos no son estudiantes, esos son facinerosos”.
Las familias y las auditorías
Además de los cuestionamientos a la gestión académica, Flores apuntó a lo que denominó “clanes familiares” dentro de la universidad. “La universidad se ha convertido en una finca de alguien o de varias [personas]. Hay varias familias que heredan los puestos y tienen a todos los parientes ahí: los yernos, las nueras, los hijos, las hijas. Eso no puede ser”, sentenció.
También mencionó que están en curso auditorías que podrían develar irregularidades en el uso de fondos públicos. “Creo que las cosas más interesantes van a salir del Centro Regional de San Miguelito”, advirtió. Según dijo, ese proyecto pasó de costar unos $50 millones a más de $90 millones, sin justificación clara.
Flores comparó la situación de la UP con la de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), implicando que ambas comparten patrones de nepotismo y clientelismo. “Unachi aprendió muy rápidamente de esta gente”.
Pese a sus duras críticas, el contralor reconoció que dentro de la Universidad de Panamá hay estudiantes y docentes valiosos. “La Escuela de Medicina siempre ha sido muy buena […] y hay muy buenas personas trabajando ahí”, dijo. Sin embargo, enfatizó que es necesario “sacar el elemento” que sabotea la misión educativa de la institución.
Hace poco, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información detectó al menos 11 casos de nepotismo.
La resolución
Recientemente, una resolución firmada por el contralor modificó las facultades de refrendo sobre los gastos fiscalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá.
Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de fiscalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos de hasta 50 mil dólares. Esto implica que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una oficina central de la Contraloría.
Debido a ello, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, subrayó que el funcionamiento de la institución enfrenta serias dificultades debido al retraso en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
Según datos proporcionados por la casa de estudios, en el último mes y medio se han acumulado 1,450 trámites pendientes de refrendo, de los cuales 700 reposan en la Coordinación Regional y 750 en la sede central de la Contraloría.
El nuevo procedimiento obliga a que casi todos los documentos —excepto los provenientes de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Medicina— deban pasar primero por la Coordinación Regional y luego ser remitidos a la sede central, duplicando los tiempos de gestión.
Ante este panorama, la Universidad de Panamá ha solicitado formalmente al contralor que restablezca la Oficina de Control Fiscal en su campus, eleve el monto de refrendo directo a $50,000 y acelere la validación de los trámites en curso, a fin de evitar mayores afectaciones operativas.
