El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, subrayó que el funcionamiento de la institución enfrenta serias dificultades debido al retraso en los trámites de refrendo por parte de la Contraloría General de la República. ¿La razón? Una nueva resolución de la entidad fiscalizadora que endurece el control del gasto universitario.
Según el académico, los atrasos afectan contratos como los de las cafeterías, hasta gestiones menores, como el reembolso de cajas menudas utilizadas para fumigación.
“Estamos teniendo dificultades con algunos refrendos en la Contraloría, no solamente para las cafeterías, que son vitales, sino también para otros temas como el Centro de Orientación Infantil”, afirmó Flores, quien advirtió que la falta de reembolsos está entorpeciendo servicios fundamentales para estudiantes, docentes y administrativos.
El rector explicó que, a pesar de que se ha gestionado el 65% del presupuesto asignado en inversiones, la ejecución real apenas alcanza el 2%. Esto se debe, en su opinión, al cuello de botella que representan los procesos centralizados en la Contraloría.
“Sabemos que tienen un gran volumen de trabajo, pero le solicitamos al contralor, Anel Flores, que haga un esfuerzo por agilizar estos trámites”, dijo.
Los retrasos se dan justo cuando los estudiantes protestan por las reformas a la Caja de Seguro Social y se dan enfrentamientos entre estudiantes y policías. Flores descarta que este sea el motivo de la lentitud en los proceso.
“No creo que el contralor esté mezclando un tema con otro. Su función es garantizar el buen uso de los fondos públicos, y creo que está actuando en esa dirección”, dijo.
Actualmente, la Universidad de Panamá tiene cerca de 300 documentos a la espera de refrendo en la Contraloría, incluyendo contratos, compras y reparaciones.
La nueva medida
La resolución firmada por el contralor modificó las facultades de refrendo sobre los gastos fiscalizados por los funcionarios asignados a la Universidad de Panamá.
Mediante la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, se dejó sin efecto un acuerdo anterior —la Resolución No. 345-DNFG, del 4 de febrero del mismo año— que permitía a coordinadores y supervisores de fiscalización en la Universidad de Panamá refrendar compras o gastos hasta por 50 mil dólares.
Esto significa que, a partir de abril, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, una oficina central de la Contraloría.
Esa misma dirección puede refrendar “sin límite de cuantía” los pagos de planilla, siempre que los documentos cumplan con las disposiciones legales vigentes.
La resolución establece una excepción importante: las facultades de Medicina y de Ciencias Agropecuarias no estarán sujetas a esta nueva medida. En esos casos, los actos de manejo de fondos y bienes públicos solo podrán ser refrendados hasta el límite de 50 mil dólares.
El documento se sustenta en el artículo 55 de la Ley 32 de 1984, reformada por la Ley 351 de 2022, que otorga al contralor la facultad de delegar algunas de sus atribuciones.
La resolución fue firmada por el contralor Anel Flores y el secretario general Ventura E. Vega, y ordena su publicación en la Gaceta Oficial para su entrada en vigencia.
Las secuelas
El rector evitó dar una cifra exacta sobre el monto pendiente de refrendo, pero estimó que podría superar el medio millón de dólares
Solo el presupuesto anual destinado a las cafeterías universitarias —que benefician a miles de estudiantes en ocho sedes— ronda el millón de dólares, principalmente en la compra de proteínas.
Flores también respondió a declaraciones recientes del presidente José Raúl Mulino, quien tildó de “vándalos” a algunos universitarios. “Es un error calificar a 90 mil estudiantes por el comportamiento de 10 o 15 personas, cuya identidad ni siquiera está clara”, replicó el rector.
Además, reiteró su llamado al contralor para que acelere la aprobación de los documentos pendientes. “Es fundamental para el normal funcionamiento de la institución. No podemos operar con eficacia si los recursos están congelados en trámites burocráticos”, concluyó.
Profesores se pronuncian
Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, José Álvaro, advirtió que los retrasos en el refrendo de documentos por parte de la Contraloría General están afectando el funcionamiento diario de la institución.
Aunque el presupuesto está aprobado, explicó que el traslado de los trámites a la sede central de la Contraloría ha generado un “letargo” en la etapa de fiscalización, lo que mantiene paralizadas solicitudes clave para la operación de cafeterías, la compra de equipos de laboratorio y el pago de compensaciones a docentes que viajan a zonas apartadas. “Hay documentos con más de 30 días sin refrendo”, aseguró.
Álvaro expresó su preocupación por el impacto directo en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mencionó que la falta de insumos y reparaciones, como las pendientes en el anexo del Centro Femenino, limita las funciones académicas y administrativas.
