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Contraloría apunta a planilla clientelista: 400 personas irán al Ministerio Público

Contraloría apunta a planilla clientelista: 400 personas irán al Ministerio Público
En medio de una auditoría, la Contraloría ha pagado con cheques a los funcionarios de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

El contralor de la República, Anel Flores, anunció que remitirá al Ministerio Público a más de 400 personas señaladas por cobrar sin trabajar en la Asamblea Nacional. La medida surge tras una serie de auditorías que han revelado una red de irregularidades que involucra a diputados, funcionarios, exdiputados e, incluso, familiares insertos en las planillas legislativas.

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Estamos recopilando una lista por encima de 400 personas que vamos a llevar al Ministerio Público y que ellos sean los que tengan que aprobarla”, declaró Flores en una entrevista dada al programa 180 minutos conducido por el periodista Alvaro Alvarado.

Según el contralor, ya cuentan con testimonios de testigos internos que han identificado a las personas que no asisten a sus puestos pero aparecen en nómina. “Todo el mundo se conoce. En ese edificio no caben 1.500 personas. Y el día que llegamos había casi 3.000”, sostuvo.

La Contraloría ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Para las dos últimas quincenas, los pagos se hicieron mediante cheques, en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identificar a las personas que cobran sin trabajar, conocidas como “botellas”.

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Contraloría apunta a planilla clientelista: 400 personas irán al Ministerio Público
Contralor Anel Bolo Flores. LP Isaac Ortega

7 millones de dólares mensuales y ninguna rendición

De acuerdo con datos de la Contraloría, la planilla del Legislativo genera un gasto mensual en personal que ronda los $7 millones.

Eso es algo vergonzoso, porque si fuese una empresa privada, tendría que vender 21 millones de dólares mensuales solo para pagar planilla. En Panamá hay muy pocas empresas que generen $250 millones al año solo para eso”, explicó Flores.

El contralor lamentó que estos fondos públicos no se estén destinando a áreas clave como salud o educación, y denunció el uso electoral de las planillas. “Ahí hay choferes que ganan $3.000. Auxiliares manuales de $3.000. Y nadie marca. No hay ningún control sobre esa gente”, destacó.

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En abril, decenas de funcionarios abarrotaron los pasillos de la Asamblea Nacional para cobrar sus quincenas a través de cheques. Cortesía.

‘Una cofradía que se protege entre sí’

Flores no sólo señaló a los funcionarios que cobran sin trabajar, sino a todo un sistema de complicidad interna. “Es una cofradía para mantener los puestos. Usted va a encontrar en esas listas exdiputados, gente que ha perdido elecciones, y siempre han sido premiados”, dijo.

También adelantó que parte del personal de Recursos Humanos será remitido al Ministerio Público, al considerarlos cómplices: “Han sido la piedra más importante que hemos encontrado. Hay clanes familiares. funcionarios que tienen 12, 13, 14 parientes trabajando en la Asamblea”, adelantó.

El PRD sigue controlando la planilla de la Asamblea

El contralor explicó que el 44.8% de los nombramientos sospechosos corresponden a miembros del PRD, colectivo que gobernó el país entre 2019 y 2024. No en vano cuatro de los cinco diputados con más personal en sus planillas son de esta agrupación política: Benicio Robinson, Jaime Vargas, Crispiano Adames y Marcos Castillero, además de la actual presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, del partido Realizando Metas, quien, de acuerdo con Flores, a pesar de haber prometido eliminar la planilla 172, “solo trasladó el personal a las planillas 01 y 02”.

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Benicio Robinson, diputado del PRD. LP/Isaac Ortega

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“Hay una castita que se ha creado, que se creen por encima de la ley y que se creen que tienen todos los deberes y derechos (...) Y hay unos reconocidos a nivel, que los reconoce todo el pueblo, que andan por ahí pavoneándose con riquezas y con carros y con cuántas cosas existen y sabemos todos que no trabajan”, manifestó.

Participación Ciudadana sin función

Uno de los focos de crítica fue el programa de “Participación Ciudadana”, con presencia en todo el país. “En Chitré hay 36 funcionarios. ¿Qué hacen? Nadie sabe”, dijo Flores.

Señaló que no hay un solo proyecto legislativo generado por estas oficinas. “Esas son las estructuras electorales de los diputados, financiadas por el Estado”, denunció.

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La Cámara de Comercio elogió las acciones de la Contraloría General de la República para auditar la planilla de la Asamblea Nacional. Isaac Ortega

Abogados que trabajan en la Asamblea y litigan en horario laboral

La falta de control, de acuerdo con el contralor, llega al extremo de que funcionarios con cargos en la Asamblea trabajan simultáneamente como abogados litigantes.

“¿Cuál es el horario de trabajo de estos abogados? No lo sabemos. Pero hay uno que salió en un video, en plena hora laboral, opinando sobre Migración, y aparece en planilla desde hace más de ocho años”, afirmó. No mencionó nombres.

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Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea Nacional y Anel Bolo Flores, contralor general de la nación.

El sistema de marcación

Para el contralor, el sistema de excepción de marcación es uno de los pilares del problema. “Si los diputados tienen que marcar, cómo es entonces que hay una gran cantidad de personas que están exceptuadas de eso?

El contralor envió un mensaje directo a los nuevos miembros del Legislativo: “Ellos deben tomarse esta cruzada para liberar y limpiar la imagen de esa Asamblea”.

Más de 800 denuncias ciudadanas por cashback y las botellas

La ola de indignación ciudadana por la costosa planilla legislativa ha sido evidente. Flores confirmó que han recibido más de 800 denuncias a través del portal web de la institución, muchas con nombres específicos y acusaciones de “cashback”.

Recientemente la Contraloría puso a disposición de la ciudadanía el correo: cashback@contraloria.gob.pa para que denunciaran la existencia de botellas en el Legislativo.

“Lo más doloroso es ver gente que no trabaja, con salarios exorbitantes, mientras el panameño a pie busca un trabajo digno y no lo encuentra”, lamentó.

Flores concluyó su intervención advirtiendo que estas prácticas están consolidadas y que romperlas exige voluntad política, auditorías sin contemplaciones y acción penal inmediata.


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