La Contraloría General de la República dio un paso más hacia la opacidad desde que Gerardo Solís asumió el mando de la entidad. Ahora, la información sobre los beneficiarios de los auxilios económicos que reparte el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se ha clasificado como “reservada”.
Este viernes, La Prensa rastreó a una decena de beneficiarios en el sistema de consulta online de la institución, utilizando números de trámite y de contrato.
¿El resultado?
En la casilla donde antes se registraba el nombre o número de contrato de los destinatarios de miles de dólares proporcionados por el Ifarhu, ahora se muestra la palabra “reservado”. En otras palabras, la información sobre quiénes se beneficiaron con esos fondos públicos se mantiene oculta.
A continuación, algunos ejemplos.
El tiktoker Fernando Broce, sobrino del diputado perredista Eric Broce, recibió $141,677 en 2020. El comprobante de Contraloría indicaba en el renglón denominado “a favor” el número de contrato en el que el Ifarhu había acreditado a Broce esa partida. Ahora, en lugar del número del contrato, el comprobante dice “reservado”.
Lo mismo pasa con María Alejandra Panay, quien es hija del secretario general de la Asamblea Nacional (AN) y exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Quibián Panay. María Alejandra, según su perfil de LinkedIn, cursó una maestría en De Montfort University, en Leicester, Inglaterra, durante 2022. Antes de eso, trabajó en el Ifarhu como “asistente ejecutivo del director general”, que en aquella época era Bernardo Meneses, actual candidato a diputado por el PRD.
También está en este grupo Diego Ábrego Díaz, que en 2020 recibió $190 mil en auxilios económicos. Diego es hijo del diputado Roberto Ábrego (circuito 8-5), del PRD. Antes, en el renglón denominado “a favor”, aparecía anotado el número de contrato. Ahora, ahí solo se puede leer la palabra “reservado”.
“Esto es opacidad pura y dura y va en contra tanto de la Ley de Transparencia como de la propia Ley de Protección de Datos Personales”, dijo Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. “Los montos de las contrataciones del estado no son datos confidenciales ni reservados”, agregó.
La operación de encubrir información pública no es nueva. Estos casos se suman a otros que ya habían sido clasificados como “reservados” en años anteriores por la Contraloría.
Cuando comenzaron las denuncias públicas contra el Ifarhu por otorgar suculentas partidas a amigos y familiares del PRD, en el sistema de consulta de la Contraloría figuraban los nombres de los beneficiarios. Al poco tiempo, esos nombres fueron reemplazados por un dato técnico que no informa nada: el número de contrato mediante el cual la persona obtuvo el beneficio. Fue una manera de obstaculizar la transparencia a la que la institución está obligada por ley: nadie puede conocer el nombre del beneficiario sin tener acceso al contrato donde figura su nombre.
Y eso no fue todo.
Hay muchos casos así. Algunos ejemplos son los de la hija de la diputada Zulay Rodríguez; de la directora del Ministerio de Cultura en Colón, Rudy Carolina Rodríguez Small, y de Ramón Ashby Barrera, hijo del representante “emérito” de Calidonia, Ramón Ahsby, condenado por peculado.
