El contralor Anel Bolo Flores visitó la sede de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para notificar al administrador de esta entidad, Luis Roquebert, sobre el inicio de una auditoría a la empresa Panama Ports Company (PPC).
Un comunicado de la entidad informó que Roquebert, y el director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, Max Florez, se pusieron a disposición del contralor para colaborar con el proceso.
Después, el contralor se desplazó al edificio de PPC, ubicado en el corregimiento de Ancón. Flores no dio declaraciones a los medios de comunicación que lo esperaban en el lugar.
En un video divulgado por la Contraloría, se observa un bus de la entidad llegando a la sede de la empresa. Del vehículo descienden al menos ocho personas, presumiblemente auditores de la institución.
El anuncio
En una conferencia de prensa que celebró el pasado lunes 14 de enero, Flores informó que realizaría una auditoría a PPC, similar a una que desarrollará a la empresa eléctrica Naturgy.
La auditoría a PPC pretende evaluar la correcta administración de los recursos y verificar el cumplimiento de los términos de la concesión, un contrato que ha sido cuestionado por falta de claridad en los beneficios que genera al Estado.
En febrero de 2020, la Contraloría, entonces en manos de Gerardo Solís, informó que la empresa había cumplido con lo establecido en el contrato que se había pactado en 1997. Sin embargo, nunca transparentó el contenido de esa auditoría.
Según el resultado de la revisión, la empresa tuvo en 23 años y cinco meses, ingresos acumulados por $4 mil 345 millones y realizó desembolsos por $3 mil 435 millones, con una utilidad acumulada de $909.9 millones.
En 2021, Solís se escudó en el artículo 125 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República y que fue aprobado mediante Decreto No.194 de 16 de septiembre de 1997, para no dar a conocer el resultado de la auditoría a PPC.
“Las auditorías comprenden documentos de índole personal, financiero, correspondencia y otros documentos privados de personas naturales o jurídicas que están protegidos por el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá en concordancia con la Ley 6 de 2002, con el Artículo 89 del Código de Comercio y el Artículo 722 del Código Fiscal”, expresó la Contraloría en ese momento.
El 23 de junio de 2023, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizó la renovación automática del contrato entre el Estado y PPC para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años o hasta 2047. La negociación generó indignación y dudas al quedar al descubierto la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso.
En ese momento el administrador de la AMP era Noriel Araúz.
El pasado lunes 14 de enero, durante la conferencia de prensa, el contralor Flores comparó la situación económica actual con los desafíos vividos por Panamá tras la invasión de 1989. Sin embargo, destacó que la problemática actual no es coyuntural, sino estructural, derivada de una deuda pública que supera el 60% del PIB. Según el contralor, esta situación limita los recursos para invertir en el futuro y obliga a replantear el uso de los ahorros nacionales y ajustes fiscales. Con este escenario, subrayó la necesidad de acciones transparentes y responsables para corregir deficiencias en la administración pública y en las empresas mixtas.
Sobre la renovación del contrato a PPC dijo que a pesar del crecimiento del movimiento de contenedores en el país, los beneficios económicos para Panamá han sido mínimos. Calificó a la concesión como un “enclave colonial” que perpetúa desigualdades económicas.
