La Contraloría General de la República presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Asamblea Nacional, luego de detectar el pago de salarios a funcionarios que presuntamente no cumplían con sus jornadas laborales, es decir, personas conocidas como “botellas”.
“Estos funcionarios omisos en el cumplimiento de sus laborales (funcionamiento del servicio público) con cancelación de sus remuneraciones salariales, contravienen la prohibición comprendida en el artículo 145 (numeral 19) de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, al censurar que ningún servidor público puede “cobrar salario sin cumplir con su jornada de trabajo, salvo las excepciones contempladas en esta Ley”, se lee en la denuncia penal presentada el pasada 21 de mayo.
La acción legal, firmada por el abogado Irving Álvarez en representación de la Contraloría, sería la primera denuncia gestionada por el contralor Anel Flores en el marco de las auditorías que su despacho realiza en la Asamblea.
La pesquisa abarca el uso de fondos públicos destinados a sueldos y servicios especiales y apunta a “los servidores de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos de acuerdo con la diligencia de verificación de puestos, control de asistencia y de pagos, realizada por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”.
Se menciona el caso de 180 funcionarios, entre ellos 104, serían botellas.
Según el documento presentado, la Contraloría constató “preliminarmente” que algunos servidores públicos “se encuentran percibiendo emolumentos salariales sin que hubieses cumplido sus jornadas de trabajo contempladas en el reglamento de recursos humanos”.
De acuerdo con la acción legal, esta práctica vulnera disposiciones del Código Administrativo y de la Ley 9 de 1994, que prohíbe expresamente cobrar salarios sin cumplir con la jornada laboral. En consecuencia, el documento advierte que en el plano penal, los hechos podrían configurar el delito de corrupción de servidores públicos, contemplado en el artículo 349 del Código Penal, que sanciona con multas o trabajo comunitario a quienes cobren del Estado sin prestar servicio alguno.
La denuncia además señala que esta práctica irregular deteriora la actividad administrativa del Estado y menoscaba las finanzas públicas, ya que los empleados señalados no ejercían funciones reales en la institución, pese a haber sido nombrados y remunerados con fondos del Tesoro Nacional.
Las pruebas
Entre las pruebas que, de acuerdo con la denuncia, fueron entregadas al Ministerio Público, se mencionan copias simples de pagos por ACH, controles de asistencia, cheques girados, una copia de un memorando del 15 de mayo suscrito por la jefa de Fiscalización de la Contraloría, y copias de tres resoluciones emitidas en febrero pasado, mediante las cuales la entidad ordenó las auditorías, entre otros documentos.
Sin embargo, fuentes legislativas que tuvieron acceso a la carpetilla informaron a este medio que, hasta el jueves 22 de mayo, la Contraloría solo había presentado las tres resoluciones que ordenaron las auditorías, la lista de los funcionarios afectados con la retención de cheques y copias de los cheques retenidos a 121 de ellos. “No existen más pruebas”, dijo una de las fuentes.
La investigación surge como parte del conjunto de auditorías ordenadas por la Contraloría mediante resoluciones emitidas en febrero y marzo de 2025. En ellas se instruyó evaluar la legalidad y pertinencia del uso de recursos públicos en la Asamblea Nacional.
Hasta el momento, no se han divulgado los nombres de los funcionarios implicados ni el monto total de los fondos comprometidos. Sin embargo, la denuncia abre la puerta a posibles acciones penales contra quienes resulten responsables.
Como parte de las auditorías, la Contraloría ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Durante las quincenas de abril, los pagos se hicieron mediante cheques en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identificar a quienes cobran sin trabajar.
La institución también reveló la planilla correspondiente a cada diputado. Se identificó, por ejemplo, a diputados con hasta 145 funcionarios, cuyos salarios representan un gasto mensual superior a los $261 mil.
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