El sol sale como todos los días en Changuinola, Bocas del Toro, pero ya nada es como antes. Desde hace más de dos semanas, el distrito y sus poblados vecinos, como Almirante y Rambala, viven atrapados entre barricadas de piedras, tanques de basura y tablas atravesadas en la carretera. Los bloqueos, encabezados por trabajadores bananeros, obreros de la construcción y docentes, han paralizado el tránsito en al menos veinte puntos.
Este martes, la crisis giró en torno a resoluciones judiciales, cambios de autoridades y promesas legislativas. Sin embargo, en Changuinola el tiempo corre, y en las fincas bananeras la incertidumbre sigue cosechando su propio fruto amargo.
El conflicto no solo afecta la movilidad. Las estanterías vacías en los comercios locales y la escasez de medicamentos en las farmacias reflejan un desabastecimiento que crece cada día. No hay combustible, los alimentos escasean y el turismo —que solía dar vida a la provincia— apenas resiste. Las reservaciones se cancelan, los hoteles operan a medias y los botes turísticos permanecen amarrados a los muelles, como símbolo de una economía estancada.
La mañana del martes 20 de mayo se vivió una tregua breve: algunos puntos entre Changuinola y Almirante fueron reabiertos por tres horas. Pero esa apertura fugaz no bastó para aliviar el peso de las semanas de cierre. “Lo raro sería que todo estuviera abierto”, dice con ironía una vendedora ambulante que ahora camina varios kilómetros para vender sus productos, pues el transporte público ya no cubre rutas completas. Llegar a destino implica bajarse del bus en medio de la nada y caminar entre piedras, polvo y escombros.
Mientras los manifestantes reclaman la derogación de la Ley 45 y de la recién aprobada Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, los pobladores se adaptan como pueden. Las motos se han vuelto el nuevo medio de transporte para quienes pueden pagarlas, y los caminos improvisados por veredas y trochas sustituyen a las carreteras cerradas.
Voces de afectados
En una acera polvorienta de Changuinola, Luis Rivera aguarda con su taxi detenido, mientras observa cómo algunas motos intentan sortear la última barricada improvisada con piedras y tanques oxidados en un puente. Su historia, como la de muchos en Bocas del Toro, está marcada por la frustración. “Tengo más de treinta años manejando, enseñando a conducir, pero aquí todo depende de una carta”, dice, mientras señala con resignación una carpeta de documentos acumulados por años. El nombre del diputado Benicio Robinson aparece como una contraseña indispensable para conseguir empleo público. “Aunque hubiera llegado de China ayer, con esa carta me daban el puesto”, repite con ironía.
Rivera, de voz firme y mirada cansada, ha visto pasar los gobiernos sin que cambie su suerte. “El Seguro me tiene esperando una cirugía en los ojos desde hace años, y eso que tengo los papeles en regla. Aquí, si no tienes padrino, ni te atienden”.
Su conclusión es lapidaria: “Las instituciones aquí parecen una finca privada del PRD”. Sus palabras no son solo una queja, sino el retrato de una estructura de poder donde los méritos pesan menos que las conexiones políticas, y donde hasta la salud se convierte en moneda de intercambio.
A pesar de su descontento con el sistema, Rivera no apoya los tranques. “Los que más sufren son los pobres, los que tienen que pagar doble pasaje o caminar kilómetros”, comenta. Asegura que las protestas tienen una raíz política, alimentada por quienes no quieren perder privilegios. “Aquí hay una mafia enquistada que no quiere soltar el pastel”, advierte.
Apelación
En medio de este ambiente cargado de tensión, los trabajadores bananeros de Bocas del Toro enfrentan una nueva batalla legal. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana) tiene hasta este viernes para apelar el fallo del Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola, que declaró ilegal la huelga iniciada el pasado 28 de abril en 21 fincas de la empresa Chiquita Panamá.
El juez Álvaro Jiménez argumentó que la paralización no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa laboral. La resolución cayó como un balde de agua fría sobre los obreros que, durante semanas, han resistido en los bloqueos apostados entre Almirante y Changuinola.
La respuesta del sindicato aún no se ha materializado. Hasta las 5:00 p.m. del martes 20 de mayo, no se había registrado ningún recurso de apelación, según confirmó el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, el fallo del juez representa una victoria temporal para la empresa, que desde el inicio cuestionó la legalidad de la huelga.
Ley 45
En medio de esta crisis, la diputada Janine Prado anunció que un nuevo proyecto de ley, basado en la Ley 45 de 2017, sería presentado a la Asamblea Nacional esta semana. El texto buscaría incorporar las demandas planteadas por Sitraibana en el reciente diálogo con el Ejecutivo. Desde el Palacio de las Garzas se intenta proyectar calma: se dice que la reforma a la Caja de Seguro Social no afecta al sector bananero, pero las protestas revelan lo contrario. La nueva iniciativa busca, precisamente, dejarlo por escrito y frenar el descontento.
Mientras los obreros esperan acciones concretas, el gobierno central mueve fichas políticas en la provincia. Este martes, el gobernador Eddie Ibarra fue destituido en silencio. Aunque no hubo explicación oficial, su ausencia en medio de los bloqueos lo convirtió en blanco de críticas. En su lugar llegaría Bayardo Martínez, suplente en el Parlacen por Realizando Metas, pero cercano al PRD, y especialmente al diputado Benicio Robinson. Martínez ha estado presente en las recientes negociaciones con Sitraibana, acompañado por ministros del gabinete.
Mientras tanto, la vida cotidiana en Bocas del Toro se desangra lentamente. La escasez de gasolina, medicamentos y alimentos comienza a sentirse con fuerza. La Cámara de Comercio ha lanzado un llamado urgente al diálogo, alertando sobre un colapso económico.
