La Asamblea Nacional se ha consolidado como la entidad del aparato estatal con mayor número de asesores, un crecimiento que llama la atención por su magnitud: el presupuesto destinado a este rubro pasó de $1.9 millones en 2010 a $15.6 millones en 2025, un aumento que refleja la expansión acelerada de esta figura en los últimos 15 años y genera cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Los datos de la planilla de la Asamblea, disponibles en la página web de la Contraloría, revelan que el Legislativo destina $1.3 millones al mes a 464 asesores de todo tipo, lo que representa un gasto anual de $15.6 millones.
Los salarios de los asesores muestran una amplia variedad: pueden oscilar entre $1,500 y $5,000 al mes, como en el caso de Alaín Cedeño hijo, diputado suplente que figura en la planilla como asesor II. Mientras un asesor legal puede devengar $3,500, un asesor administrativo o técnico especializado percibe $2,000, cifras que reflejan la jerarquización y los privilegios dentro de la nómina legislativa.
El monto global del Legislativo supera al de otras entidades, como la Contraloría, que cuenta con 154 asesores y destina al año $4 millones, o el Tribunal Electoral, que tiene 98 asesores y asigna $2.9 millones a este rubro. Otros organismos, como el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Presidencia, gastan anualmente, cada uno, $1.1 millones en asesores.
La diputada de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto, Janine Prado, subraya que estos números solo representan el renglón de asesores y que, al analizar la planilla completa, los costos anuales de funcionamiento superan los $94 millones. “Eso es realmente inaudito”, explicó.
Falta de resultados
Prado criticó la falta de recortes efectivos en la nómina y la funcionalidad de las oficinas. “El diputado Jorge Herrera prometió recortar la planilla de la Asamblea y disminuir los gastos de funcionamiento. Sin embargo, seguimos teniendo oficinas de participación ciudadana sin resultados tangibles y con un manejo completamente opaco, que parece más un resguardo político que un servicio a la ciudadanía”, denunció, recordando que en la resolución presentada por Vamos ante la Comisión de Presupuesto se incluía un recorte solicitado de $10.5 millones al presupuesto de la Asamblea, el cual no fue aprobado.
También cuestionó la distribución de asesores en cada despacho y comisiones. “Dentro de cada despacho, los diputados podemos tener nombramientos hasta por $20,000. Pero cuando analizamos las comisiones, por ejemplo la Comisión de Economía, no había ni un solo economista. Hay otros cargos administrativos utilizados solo como relleno, como choferes”, afirmó Prado.
De hecho, subrayó la necesidad de un control más estricto y auditorías efectivas: “Es importante depurar la planilla y ver los resultados de la auditoría. En un reciente simulacro de incendio no llegaban ni a mil personas en la Asamblea, entonces, ¿dónde están los más de cuatro mil funcionarios? Quiero ser muy clara: a los funcionarios que realizan su trabajo, mis más sinceros respetos y siempre contarán con mi respaldo, porque ellos mantienen la labor que muchas veces no se reconoce”.
Además abordó también la duplicidad de cargos y la dificultad para eliminar puestos innecesarios. “Hay tantos abogados como asesores legales, lo que evidencia la creación de cargos por crear. Siempre alegan que habría que reformar la ley para suprimir estos puestos, pero creo que si existiera la voluntad política se haría”, concluyó.
Sistema corrupto
El analista político José Stoute afirmó que la Asamblea permanece atrapada en un sistema marcado por la corrupción, señalando que la elevada planilla de asesores es una muestra evidente.
“Lamentablemente, la Asamblea está atrapada en un sistema corrupto que al parecer no encuentra puerta de salida. El tema de los asesores es una descarada muestra de ello. O se produce una profunda reforma constitucional, o no hay esperanza de eliminar la naturaleza corrupta de la Asamblea”, sentenció.
El plan de Herrera
Por su parte, el presidente de la Asamblea reconoció que la carrera legislativa y las leyes especiales que protegen a los funcionarios limitan algunas decisiones, aunque aseguró que su compromiso es avanzar en la eficiencia y la responsabilidad del personal.
“Cuando el funcionario trabaja no hay problema, pero aquel que no cumple con sus obligaciones son los funcionarios a los que tenemos que hacer un alto”, afirmó.
En ese sentido, adelantó que su plan es reformar la carrera legislativa: “Se está trabajando con varios diputados de bancada para ver cómo se elimina la ley de carrera legislativa y nosotros tomar las medidas al respecto”, puntualizó, subrayando la intención de introducir cambios estructurales para garantizar mayor control en la Asamblea.
