La Contraloría entregó al Ministerio Público una lista con los nombres de 121 funcionarios de la Asamblea Nacional que no habrían podido justificar el cumplimiento de funciones, y a quienes se les retuvo el pago del salario correspondiente a la última quincena de mayo.
El documento forma parte de las pruebas que presentó la Contraloría a una fiscalía anticorrupción para sustentar la denuncia penal por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Legislativo.
Aunque las investigaciones apenas comienzan y no hay pronunciamientos judiciales sobre responsabilidades individuales, el listado contiene patrones que llaman la atención: concentraciones de personal en ciertos despachos de diputados, sueldos elevados, y figuras administrativas como “prestados”.
No obstante, hay nombres que aparecen adscritos al Departamento de Contratos, la Bancada del PRD, la Dirección de Desarrollo Institucional, la Secretaría de Gobierno, la Unidad de Relaciones Internacionales y la Comisión de Economía y Finanzas, así como la Unidad de Verificación y Evaluación de Cumplimiento de Leyes, la Secretaría Técnica de Asuntos Económicos y la Dirección de Documentación y Publicaciones, entre otros.
Solo uno es de Benicio
La mayor concentración de personal está asociada a los despachos de diputados como Crispiano Adames y Marcos Castillero, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes, de acuerdo con la planilla legislativa publicada recientemente por la propia Contraloría, lideran el ranking de diputados con más personal legislativo.
Aunque el diputado Benicio Robinson es quien tiene el mayor número de funciones a su cargo (145 colaboradores), solo uno de ellos figura en la lista remitida al Ministerio Público. Se trata de Darinel Espino, con un salario de $5,000.
También se menciona al abogado Kevin Moncada, asociado al despacho del también perredista Raúl Pineda. Moncada tiene un salario de $3,000 y, en pasados quinquenios, formó parte de la planilla legislativa de la exdiputada Zulay Rodríguez.
Otro que está en la lista es el exgobernador de Coclé, Julio Palacio, quien figura en el despacho del diputado Néstor Tin Guardia, también del PRD.
Prestados a la gobernación de Panamá Oeste
Entre los que aparecen en la ubicación de “prestados” está Dilio Ramírez, quien, de acuerdo con la información de la Contraloría, tiene un salario de $3,000 y está “prestado a la Gobernación de Panamá Oeste”. En esa misma gobernación está Massiel Vallarino, con sueldo de $3,000. Vallarino es familiar de la exdiputada Marylin Vallarino, actual gobernadora de Panamá Oeste.
También hay nombres vinculados a la Dirección de Participación Ciudadana en Veraguas, como el de Douglas Ábrego, con salario de $3,000.
Otros están asociados a la Bancada del PRD, como Eduardo Marín ($4,225), Yudith Solís ($4,000) e Ileana Mendieta ($5,000).
En el Departamento de Contratos, la lista menciona a Yodalis Batista ($4,250), Jorge Omar Jaén ($4,000) y Mónica Panay ($3,100).
Además se menciona al exdiputado perredista Jerry Wilson, quien aparece ubicado en la Secretaría General, con un salario de $4,000.
La denuncia fue presentada el pasado 21 de mayo y, de acuerdo con el documento, apunta a “los servidores de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos de acuerdo con la diligencia de verificación de puestos, control de asistencia y de pagos, realizada por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”.
Sin embargo, desde la Asamblea aseguraron a este medio que varios de los nombres que aparecen en la lista han demostrado que cumplen a cabalidad con sus funciones e incluso, el pasado viernes, presentaron a la Contraloría los registros de marcación laboral correspondientes. “No tiene sentido denunciar a alguien que probó su asistencia”, mencionó una fuente del Palacio Justo Arosemena que solicitó el anonimato.
La Contraloría audita las planillas de la Asamblea desde febrero pasado. En consecuencia, esa institución ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Durante las quincenas de abril, los pagos se hicieron mediante cheques, en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identificar a quienes cobran sin trabajar, conocidos como “botellas”.
