El director legal de la Caja de Seguro Social (CSS), Franklin Castrejón, confirmó que se ha presentado una denuncia formal contra la pasada administración de esa entidad (2019-2024), liderada por Enrique Lau Cortés, por el presunto traslado ilegal de recursos hacia el gobierno central.
Según Castrejón, se detectó un movimiento de fondos cercano a los 400 millones de dólares entre 2023 y los primeros meses de 2024, cuando el director de la institución era Lau Cortés. Aunque evitó precisar de qué programas específicos de la CSS provinieron los fondos, alegó que esa información se encuentra bajo reserva y será revelada “en su momento” ante el país.
Castrejón subrayó que la operación carecía de sustento legal, ya que tanto la Ley 51 como la actual Ley 462 prohíben expresamente cualquier desvío de fondos entre la CSS y otras entidades del Estado. “Ese es un delito contra la administración pública en varias modalidades”, afirmó el funcionario, al tiempo que explicó que corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades penales.
De los $400 millones, $300 millones fueron entregados al gobierno central en 2023 y los $100 millones restantes, en 2024. Estos traspasos eran consignados como un préstamo o adelanto que debía ser reembolsado a la CSS en un plazo de 30 días, lo cual nunca ocurrió. Se pudo conocer que las órdenes directas para realizar estos traspasos provenían, supuestamente, del despacho de Lau Cortés.
Los detalles
Sobre este tema, el actual director de la CSS, Dino Mon, subrayó que los traslados se hicieron sin la autorización de la junta directiva. Según Mon, este desvío causó una lesión patrimonial a los asegurados, ya que los fondos no fueron invertidos como corresponde.
Aunque reconoció que el actual gobierno, encabezado por José Raúl Mulino, devolvió el dinero a través de descuentos del impuesto sobre la renta, lamentó que durante el tiempo en que los recursos estuvieron fuera de la CSS no generaron rendimiento alguno. “El Ministerio Público debe investigar y deslindar responsabilidades”, subrayó Mon, quien insistió en que la Caja de Seguro Social no puede seguir siendo tratada como “la caja menuda del Estado”.
Recordó que la CSS es una entidad autónoma, cuyos recursos pertenecen a los trabajadores y empleadores, y están destinados exclusivamente al financiamiento de servicios de salud, riesgos profesionales y el sistema de pensiones. “Los dineros de la CSS no pueden usarse para fines ajenos. Son fondos de terceros, y debemos protegerlos con firmeza”, concluyó.
Además, indicó que este jueves se presentaron al menos 40 nuevas denuncias penales contra empleadores por la retención indebida de cuotas obrero-patronales, sumándose a las más de 300 que ya había acumulado la institución en meses anteriores.
“La sociedad no lo sabe, pero estamos trabajando para recuperar estos fondos y denunciar estas prácticas que atentan contra las jubilaciones y la salud de todos los panameños”, declaró Mon. Explicó que cuando un empleador no declara la cuota correspondiente, el trabajador pierde su ficha y, con ello, el derecho a la cobertura de salud que garantiza la CSS.
Mon destacó que muchas de estas denuncias han sido posibles gracias a los canales habilitados a través de la plataforma Mi Caja Digital, por donde ciudadanos han reportado irregularidades. “Hemos podido caerle a todas estas empresas”, dijo, señalando que algunas ya figuraban en los listados de morosidad, mientras que otras son casos nuevos.
Además se presentó otra denuncia ya que entre los años 2010 y 2023 se asignaron al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 2,000 millones de dólares para cubrir el faltante y así poder pagarles a los jubilados. La CSS opera bajo un régimen de responsabilidad individual, lo que significa que cada programa se financia con los aportes de los asegurados y los empleadores que están cubiertos por ese sistema. Es decir, que no se podía transferir de un programa a otro.
La junta directiva
El exmiembro de la Junta Directiva de la CSS, César Tribaldos, aseguró que con la aprobación de la Ley 51 en 2005, se debió crear un fondo de transición entre el sistema anterior y el nuevo, con aportes anuales de entre $400 millones y $450 millones, pero ese compromiso nunca se cumplió en su totalidad.
Tribaldos responsabilizó directamente a los expresidentes Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (2014-2019) y Laurentino Cortizo (2019-2024) por no haber tomado decisiones estructurales frente al colapso anunciado del sistema. “Torrijos solo destinó fondos parciales; Martinelli no quiso hacer nada; Varela lo reconoció, pero no actuó; y Cortizo creó un diálogo que no dio resultados y luego dijo que no tenía capital político”, reprochó.
El exdirectivo también señaló que la Junta Directiva de la CSS violó la ley al no actuar cuando, en 2014, las reservas cayeron por debajo del umbral legal establecido —2.25 veces el gasto del año anterior—, lo que obligaba a proponer reformas. “Tienen responsabilidad legal por omisión. Sabían lo que iba a ocurrir y no hicieron nada”, sentenció.
De manera similar se expresó el también expresidente de la Junta Directiva, Carlos Abadía, quien señaló que la junta, como principal responsable de la CSS, “tiene mucho que decir en estos temas”.
Por su parte, el líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, afirmó que el cumplimiento de la ley es ineludible para los funcionarios, por lo que espera que todo sea investigado y, de haber responsables, estos sean sancionados.
Se intentó obtener la versión de los exdirectores de la CSS Guillermo Sáez-Llorens (2009-2014), Estivenson Girón y Alfredo Martiz (2014-2019) y Enrique Lau Cortés (2019-2024), pero no hubo respuesta.
