La crisis migratoria, intensificada por las políticas restrictivas implementadas con la llegada de la administración de Donald Trump el 20 de enero de 2025, ha adquirido una nueva dimensión en Panamá, con la llegada de migrantes iraníes deportados desde Estados Unidos.
Muchos de ellos aseguran haber huido de Irán debido a la persecución religiosa derivada de su conversión al cristianismo, mientras que otros mencionan razones relacionadas con la falta de libertades ciudadanas y la imposibilidad de ejercer sus derechos sexuales en su país de origen.
Según Jorge Ayala, de la Pastoral de Movilidad, del grupo de 299 iraníes deportados a Panamá, la mayoría ha optado por regresar a su país o buscar refugio en un tercer país. Sin embargo, 111 decidieron permanecer en el país centroamericano, enfrentándose a un escenario incierto debido a la falta de alternativas legales para su situación migratoria.
Entre los que permanecen en Panamá, alrededor de 60 se encuentran en la organización Fe y Alegría, 10 están en el albergue Luisa y aproximadamente 22 personas, pertenecientes a seis familias, reciben asistencia de UNICEF. Otros han intentado regresar a Estados Unidos a través de rutas terrestres irregulares, en un intento por sortear las estrictas políticas migratorias que los llevaron de vuelta a Panamá.
El principal obstáculo para estos migrantes es el marco jurídico panameño, que no ofrece muchas opciones para su regularización. La única alternativa legal que tienen es solicitar refugio, pero el proceso es complejo y requiere voluntad política para agilizarse. Según Ayala, la falta de abogados migratorios especializados es otro desafío que dificulta la gestión de estos casos.
Además de la incertidumbre sobre su futuro, los migrantes iraníes enfrentan una problemática adicional: la falta de comunicación entre las autoridades panameñas y las organizaciones que los acogen. Hasta el momento, no ha habido un acercamiento oficial por parte del gobierno para discutir posibles soluciones para este grupo de personas.
De momento, el Gobierno les ha otorgado a este grupo un permiso humanitario por 30 días con una posible extensión hasta 90, para que busquen una salida a su situación. Incluso, el presidente de la república, José Raúl Mulino, dijo hoy jueves 27 de marzo que vencido ese plazo aún no han definido qué sucederá con este grupo.
“Ellos no quieren quedarse en Panamá”, dijo el mandatario.
Panorama complejo
El panorama se complica aún más debido a las restricciones de visa impuestas por la mayoría de los países latinoamericanos a ciudadanos de ciertas nacionalidades, incluyendo la iraní. Esto reduce significativamente las opciones de reasentamiento para estos migrantes en otras naciones de la región.
La falta de claridad sobre el futuro de estas deportaciones también preocupa a las organizaciones que los atienden. Según Ayala, el presidente de Panamá ha manifestado desconocer si habrá más vuelos con migrantes deportados en el futuro, lo que impide tomar decisiones concretas que sienten precedentes para casos similares.
Ante esta situación, la Pastoral de Movilidad y otras organizaciones han instado al gobierno panameño a modificar el decreto ejecutivo que otorga protección temporal a estos migrantes. La propuesta es extender el período de estadía de 30 a 90 días o, idealmente, a un año, permitiéndoles acceder a un permiso de trabajo y a opciones de regularización a largo plazo.
En Panamá, históricamente se aprueba menos del 1% de las solicitudes de refugio, lo que genera dudas sobre la viabilidad de esta vía para los migrantes iraníes. Si el gobierno mantiene esta tasa de reconocimiento, la mayoría de estos solicitantes quedarían en un limbo migratorio, sin posibilidades de legalizar su estatus.
Acogida a migrantes
Unos 10 migrantes iraníes están en el Hogar Luisa, creado en diciembre de 2013 por la Pastoral de Movilidad Humana en Panamá, un sitio que se ha convertido en un refugio clave para migrantes y solicitantes de asilo. Surgió como una respuesta a la falta de albergues en el país y ha ido evolucionando para atender diversas poblaciones, desde refugiados colombianos hasta migrantes en tránsito y personas deportadas desde Estados Unidos.
En el Hogar Luisa no solo hay migrantes iraníes, sino también más de una docena de personas de distintas nacionalidades que esperan una respuesta a su situación. Aunque se intentó conversar con ellos, la mayoría prefirió no dar declaraciones.
Inicialmente, la Pastoral centraba su trabajo en la provincia de Darién, apoyando a comunidades colombianas desplazadas por el conflicto armado. Sin embargo, al no ser reconocidos como refugiados por el gobierno panameño, estas personas recibieron un estatus especial de protección temporal, lo que limitaba su movilidad y acceso a servicios.
Conscientes de la necesidad de un espacio seguro para migrantes y refugiados en Panamá, la Pastoral estableció el Hogar Luisa con el apoyo de la Arquidiócesis. Desde su apertura, el centro ha ampliado su alcance para incluir a migrantes en situación de tránsito y aquellos que buscan establecerse en el país.
El proceso de acogida en el Hogar Luisa busca primero estabilizar emocionalmente a los migrantes, muchos de los cuales han sufrido traumas severos durante su travesía. Posteriormente, se trabaja en un plan estratégico personal que permite a cada individuo definir su objetivo en Panamá, ya sea solicitar refugio, encontrar estabilidad laboral o continuar su camino hacia otro destino.
Además de los residentes del hogar, unas 300 a 400 familias acuden regularmente en busca de apoyo, principalmente alimentos y artículos de higiene. La crisis económica ha afectado tanto a panameños como a migrantes, haciendo más difícil la estabilización de estas personas en el país.
La suspensión de fondos por parte de USAID ha reducido la capacidad de muchas organizaciones para brindar ayuda, limitando los recursos disponibles para asistencia médica, alimentaria y legal. Pese a estas dificultades, el Hogar Luisa sigue ofreciendo apoyo dentro de sus posibilidades.
