Entre 2019 y 2024, el mal manejo de millones de dólares por parte de varias entidades estatales, incluida la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND), ha generado una profunda desconfianza entre la ciudadanía.
La entidad, envuelta en el escándalo conocido como la “descentralización paralela”, cerrará este periodo de cinco años con un gasto total de $1,179.9 millones, un monto que se levantó un aluvión de críticas por el cuestionable manejo de los recursos.
El expresidente de la República Laurentino Cortizo (2019-2024) elevó la Oficina de Descentralización al rango de Autoridad Nacional mediante el Decreto Ejecutivo No. 587 del 23 de septiembre de 2020, con la intención de otorgar “más autonomía y agilidad en los trámites y fortalecer los gobiernos locales”. Sin embargo, la realidad ha estado marcada por un uso ineficiente de los fondos destinados a la descentralización.
El primer gran presupuesto asignado a la entidad fue de $260.3 millones en 2021, pero al finalizar el año, los gastos alcanzaron los $311.7 millones, una cifra que superó las expectativas. Esta tendencia de gasto excesivo se ha mantenido en los años siguientes: en 2022, el presupuesto inicial, de $286.1 millones, se elevó a $300.8 millones; en 2023 pasó de $353.1 millones a $369.9 millones; y en 2024, con datos actualizados hasta septiembre, el presupuesto se incrementó de $182.4 millones a $197.5 millones.
De cara al próximo año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha propuesto un presupuesto de $140.4 millones para la Autoridad Nacional de Descentralización.
Esta cifra representa una reducción de $57.1 millones en comparación con los $197.5 millones asignados en 2024, lo que equivale a una disminución del 29%. Esta drástica caída en el financiamiento refleja no solo un ajuste en las prioridades, sino también la creciente preocupación por la gestión de los recursos en una entidad que ha estado bajo el escrutinio público.
La propuesta
Ante esto, la directora de la AND, Roxana Méndez, subrayó que el dinero destinado a proyectos a través del presupuesto del Estado no solo debe utilizarse de manera correcta, sino que también debe tener un impacto significativo en las necesidades urgentes de las comunidades.
“Estamos empeñados en que estos fondos se alineen con las estrategias de gobierno, tal como lo establece la ley”, señala Méndez.
Por ejemplo, dijo que si hay una necesidad de agua en el país, se priorizará el trabajo en ese ámbito. De igual manera, si existe un problema de recolección de desechos, será fundamental que todos los actores involucrados se enfoquen en resolverlo.
El plan de la Autoridad de Descentralización incluye proporcionar asesoramiento y acompañamiento a los gobiernos locales para asegurar que la planificación sea efectiva.
“Queremos que el uso de estos fondos no solo sea sostenible a corto plazo, sino que también mejore la calidad de vida de nuestra gente a largo plazo”, asegura Méndez.
En palabras de la funcionaria, para alcanzar estos objetivos, la “planificación y la transparencia” son pilares fundamentales. Méndez destaca que se implementarán mecanismos estrictos de rendición de cuentas y una fiscalización rigurosa de las obras.
Los cuestionamientos
Guillermo Bermúdez, exsecretario del Municipio de Panamá, ha criticado duramente el presupuesto 2025 presentado por el MEF, afirmando que este “castiga a los municipios” al asignarles solo un tercio de los fondos que les corresponden.
Según Bermúdez, esta asignación viola el artículo 112 de la Ley 66 de 2015, que establece que el impuesto de inmueble recaudado por el MEF debe ser transferido íntegramente a los municipios. En 2023, se recaudaron $201 millones por este concepto, y para este año se proyecta una recaudación superior a los $130 millones.
Sin embargo, mientras los municipios enfrentan esta reducción significativa, la Asamblea Nacional recibe $10 millones adicionales en su presupuesto, lo cual Bermúdez calificó de “inaceptable”, señalando el impacto negativo que esta decisión tendrá sobre las comunidades locales.
El presupuesto 2025 presentado por el ministro de Economía y Finanzas castiga a los municipios, asignándoles solo 1/3 de lo que les corresponde, violando el artículo 112 de la Ley 66 de 2015. Este artículo establece que el impuesto de inmuebles debe ser recaudado por el MEF y… pic.twitter.com/wOnLxPKzb2
— Willie Bermudez (@WillieBermudezR) October 16, 2024
En esa misma línea se manifestó Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde del distrito de Panamá, quien planteó que los fondos provenientes del impuesto de inmueble, por ley, deben ser transferidos íntegramente a los municipios y cuestionó al MEF por retener parte de estos recursos para otros gastos.
“En ninguna parte se señala que el MEF puede retener estos fondos”, afirmó Ruiz Díaz.
Por ley los fondos provenientes del impuesto de inmueble deben ir a los Municipios. En ninguna parte señala que el @Mef_Pma puede retener parte de esos fondos, para otros gastos.
— ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) October 14, 2024
En el año 2023 el propio MEF señaló que se había recaudado más impuesto de inmueble que en el 2022,… pic.twitter.com/vsEw7kqu3o
Señaló que, aunque el propio MEF reportó haber recaudado más en impuesto de inmueble en 2023, en comparación con 2022, los municipios recibieron menos recursos.
Un ejemplo claro, dijo, es la Alcaldía de Panamá, que en 2023 recibió $49.2 millones, y para 2024 solo se le asignaron $21.8 millones, a pesar de que las recaudaciones fueron superiores.
