Luego de un año de haber asumido la dirección de la Autoridad Nacional de la Descentralización, Roxana Méndez camina con la convicción de quien carga sobre los hombros la tarea de limpiar una casa en ruinas. En el ambiente siguen latentes las investigaciones del Ministerio Público por el escándalo de la llamada descentralización paralela: una madeja de fondos sin rastro que el propio presidente José Raúl Mulino denunció con cifras demoledoras. Según reveló, 320 millones de dólares se habían esfumado.
Desde entonces, Méndez repite como un mantra la urgencia de imponer una nueva cultura de eficiencia y transparencia, en la que alcaldes y representantes no sean meros receptores de dinero, sino piezas activas de un engranaje que priorice el bien común sobre la costumbre del descontrol.
Los datos oficiales precisan que se detectaron unos 320 millones de dólares sin sustento en el denominado Programa de Interés Social, conocido como “la descentralización paralela”. La cuenta fue inhabilitada y, hasta esta semana, se han presentado 294 denuncias ante el Ministerio Público por el presunto mal uso de fondos en 257 juntas comunales y 37 municipios, con un monto investigado que supera los 213 millones de dólares.
Además, se completaron otras 54 auditorías con resultados positivos; es decir, se validó la correcta ejecución de los recursos.
Los proyectos
Uno de los avances ha sido la planificación participativa. La improvisación quedó atrás, afirman desde la institución, con la aprobación de 82 Planes Estratégicos de Desarrollo Distrital, que ahora guían la inversión pública en cada distrito. Esta estrategia busca asegurar que los recursos se destinen a proyectos con impacto real en el bienestar y las oportunidades de las comunidades, en función de sus propias prioridades y diagnósticos locales.
Según Méndez, estos recursos públicos, provenientes del impuesto de bienes inmuebles y del presupuesto general del Estado, deben traducirse en obras de agua potable, electrificación, conectividad, recolección de desechos y caminos de producción, entre otras necesidades esenciales.
“Antes no había mucha rigurosidad con los requisitos. Ahora exigimos especificaciones claras que garanticen el éxito de cada obra”, explicó. Esta nueva postura busca evitar que los fondos terminen en proyectos irrelevantes o mal ejecutados.
Tras un año en funciones, la directora ha podido diagnosticar las fortalezas y carencias de las autoridades locales. Mientras algunos municipios urbanos cuentan con equipos técnicos sólidos, otros —sobre todo en zonas rurales— carecen incluso de internet o de personal calificado. En el caso de las juntas comunales, la disparidad es aún más marcada.
Por eso, uno de los grandes retos es garantizar conectividad en todos los rincones del país. “Estamos trabajando para que todas tengan acceso a internet y puedan hacer trámites en línea”, dice.
Cierre de cuenta
Una de las primeras acciones que tomó Méndez fue cerrar la cuenta conocida como “descentralización paralela”, un mecanismo cuestionado por la falta de controles y documentos. “Ese programa —en realidad de interés social— se manejaba sin expediente formal. Lo cerramos por resolución y solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la inhabilitación de la cuenta”, explicó.
Para este año, la entidad tenía presupuestado recibir 180 millones de dólares —producto de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles y fondos del gobierno central— para distribuir entre municipios y juntas comunales. A la fecha, ya se ha desembolsado el 50 %, correspondiente al primer semestre. “Estamos gestionando el primer tramo del segundo semestre”, indicó.
Para 2026, Méndez espera que se entregue el 100% de lo estimado en recaudación, aunque reconoce que depende de la disponibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según el presupuesto de 2026, la Autoridad Nacional de la Descentralización contará con un monto de 192.1 millones, de los cuales 43.5 millones corresponden a funcionamiento y 148.6 millones de dólares a inversión. Es un presupuesto muy parecido al de 2025, cuando fue de 197.5 millones de dólares.
Los reclamos
Consultada sobre los reclamos de representantes en Chiriquí para subsanar informes financieros en medio de las investigaciones, Méndez fue enfática: “Hemos remitido al Ministerio Público los casos en los que faltaba sustento en el uso de fondos. Luego, corresponde a la Contraloría auditar y al Ministerio Público investigar”. La autoridad que dirige no tiene incidencia en los procesos judiciales, aclara.
“Buscamos dejar atrás el asistencialismo”, dice. Para ella, invertir en una vía de producción tiene más impacto que construir una acera o levantar una casa comunal sin mayor proyección.
Uno de los principales problemas que encontró fue la ausencia de planificación en la mayoría de los distritos. Frente a ello, la entidad ha impulsado planes de desarrollo en los 82 distritos.
El reto es enorme, reconoce. Pero Méndez cree que la recuperación de la confianza en el sistema descentralizado pasa por los hechos. “Se le hizo mucho daño a la descentralización. Pero con obras que realmente impacten, vamos a recuperar ese prestigio. La clave está en demostrar con resultados que este modelo sí puede transformar al país”, concluye.
