El proceso de diálogo entre representantes del Gobierno y trabajadores bananeros en Bocas del Toro se interrumpió este miércoles, tras extensas discusiones sin resultados concretos.
Mientras los sindicalistas se retiraban para consultar con dirigentes de finca, la delegación gubernamental abandonó la provincia sin brindar la acostumbrada conferencia de prensa en el aeropuerto de Changuinola, lo que dejó a la población sin claridad sobre los avances o retrocesos en la mesa de negociación.
El conflicto gira en torno a la Ley 45, que regula el régimen especial de pensiones para el sector bananero, y la Ley 462, que reforma aspectos clave de la Caja de Seguro Social (CSS). Aunque en un inicio los trabajadores exigieron que no se modificara la Ley 45, el martes por la noche endurecieron su postura y solicitaron la derogación total de la Ley 462, lo que agudizó las diferencias y provocó la suspensión de las conversaciones.
Esperan llamada de los trabajadores
Los dirigentes sindicales insisten en que la nueva normativa borra de facto los derechos consagrados en la anterior Ley 45, mientras que los representantes gubernamentales aseguran que la Ley 462 solo modifica ciertos artículos, sin eliminar los ya existentes.
Uno de los aspectos más tensos del debate gira en torno a la modificación del artículo 144, que cambiaba el umbral de incapacidad laboral del 50 %. Según la explicación oficial, el cambio fue solicitado por el propio diputado Benicio Robinson para corregir ambigüedades que permitían discrecionalidad médica. “No se puede estar medio incapacitado; o lo estás o no lo estás”, dijo el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, al ser consultado.
Las propuestas del Ejecutivo para resolver el impasse han sido rechazadas por los dirigentes sindicales. El Gobierno ofreció emitir un decreto ejecutivo que aclarara la interpretación de los artículos cuestionados como vía alternativa a la derogatoria. Sin embargo, los trabajadores insisten en que solo una nueva ley podría corregir lo que consideran retrocesos.
El ambiente en la provincia se ha vuelto cada vez más tenso. La interrupción de servicios y la amenaza de una paralización prolongada inquietan tanto a las autoridades como a los ciudadanos. El propio equipo de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud (Minsa) ha tenido dificultades para hacer llegar insumos médicos a la región.
“Tengo pacientes de diálisis sin sus bolsas, niños esperando operaciones… esto no es sostenible”, afirmó Mon, quien también denunció que a la directora regional del Minsa “casi le tiran una piedra” cuando intentaba ingresar a la zona.
Por ahora, el diálogo no ha sido oficialmente suspendido, pero el Ejecutivo estará a la espera del llamado de los sindicalistas. “Yo estoy dispuesto a regresar en los próximos días y cumplir lo prometido”, declaró el director de la CSS.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, advirtió este jueves que, tras 21 días de protestas en Bocas del Toro, se corre el riesgo de perder más de 30 mil empleos directos e indirectos si no se alcanzan acuerdos urgentes. Aunque reconoció el derecho a la protesta social, enfatizó que este no debe vulnerar derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación, la salud y el trabajo.
Leblanc hizo un llamado a las líderes indígenas Elena Cruz y Juliana Santiago Santos para que apliquen la gobernanza y permitan el paso de ambulancias, oxígeno e insumos hacia hospitales en Chiriquí y Changuinola. “Panamá no aguanta una situación parecida a la de Puerto Armuelles en 2003, cuando se cerraron las bananeras”, advirtió.
Demanda contra la huelga
Este miércoles, los medios de comunicación se sorprendieron porque ambas partes salieron sin brindar declaraciones. De hecho, los sindicalistas comunicaron su decisión de retirarse, sin precisar mayores detalles sobre el motivo, mientras que la comisión gubernamental les dejó claro que, cuando deseen volver a la mesa, solo deben avisar.
Aunque los sindicalistas no ofrecieron una versión oficial, todo apunta a que la suspensión del diálogo estaría relacionada con una demanda presentada por la empresa Chiquita ante el juzgado seccional de trabajo, en la que se solicita declarar ilegal la huelga en curso. Cuando una empresa tiene indicios de que una huelga presenta vicios de ilegalidad, puede presentar una demanda, tras lo cual se convoca una audiencia oral. El juez tiene entonces un plazo para emitir un fallo y, de considerarse ilegal, los trabajadores estarían obligados a retornar a sus puestos en un plazo de 24 horas.
Hasta el momento, no existen elementos formales que configuren una huelga legal en esta zona. Además, para que una acción de este tipo sea válida, debe haberse presentado un pliego de peticiones, haberse cumplido con los procedimientos ante el Ministerio de Trabajo y respetado los tiempos de mediación establecidos en el Código Laboral.
La Prensa pudo conocer que la audiencia judicial relacionada con la demanda de ilegalidad se celebró este mismo miércoles. Ese hecho habría motivado que los dirigentes sindicales abandonaran el diálogo para reunirse con sus distintas bases.
