El pleno de la Asamblea Nacional retomará el segundo debate del proyecto de ley que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), en medio de un clima de incertidumbre y cuestionamientos sobre el alcance de las modificaciones propuestas.
Mientras algunos sectores políticos insisten en la necesidad de ajustes para garantizar la sostenibilidad del sistema, otros advierten sobre posibles vacíos en la normativa, a la espera de una votación que podría definir el futuro de la seguridad social en el país.
Janine Prado, diputada y jefa de bancada de Vamos, destacó que la sesión está programada para las 11:00 a. m., pero existe incertidumbre sobre si se procederá directamente a la votación o si habrá una reunión previa con los jefes de bancada.
“Nosotros, como Vamos, hemos presentado un cuadro comparativo con más de 300 propuestas de modificación presentadas hasta el momento, pero no sabemos si la presidenta [Dana Castañeda] llamará directamente a la votación o si habrá una discusión previa entre las bancadas. Hay mucha incertidumbre sobre el proceso y el contenido final del proyecto”, afirmó Prado.
Prado espera que la votación no se torne compleja en medio del “mar de propuestas” presentadas por las distintas bancadas.
Entre las reformas clave que defiende Vamos, la diputada mencionó que el partido busca garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gobernanza de la CSS. “Es fundamental que el proyecto incluya principios de lucha contra la corrupción”, subrayó. Además, se refirió a la importancia de mantener el 90 % de la administración financiera de la CSS en manos de la banca nacional, en lugar de abrir el sistema a empresas privadas.
Uno de los puntos centrales del debate es el manejo del Fondo Único Solidario, que combina el sistema mixto y el sistema de beneficio definido. Prado explicó que su bancada propuso originalmente que este fondo fuera gestionado por la banca nacional, y esa sigue siendo su posición en el segundo debate. “Queremos que esta propuesta prevalezca y sea la que pase al tercer debate”, enfatizó.
El proyecto de ley 163, en su versión original, contemplaba que la administración del fondo quedara en manos de empresas privadas. Sin embargo, en el primer debate se aprobó una modificación que limita la participación del sector privado al 10 %, dejando el 90 % bajo el control del Banco Nacional y la Caja de Ahorros. “La propuesta del Ejecutivo era que el fondo fuera manejado por empresas privadas, pero logramos que la mayor parte quedara en manos del sector público”, destacó Prado.
Sobre la distribución de ese 10 % restante, la diputada explicó que estará a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un porcentaje específico de división en las inversiones. Esto busca equilibrar la participación del sector privado sin comprometer la estabilidad del sistema.
El futuro del proyecto de reformas a la CSS dependerá del desarrollo de la sesión en la Asamblea Nacional. La incertidumbre sobre la votación y la inclusión de modificaciones clave mantienen en vilo a los distintos sectores políticos y económicos del país. “Vamos a estar pendientes de lo que suceda”, concluyó Prado, reafirmando la postura de su bancada.
Fondo Único
En su artículo 149-A, la propuesta de ley establece el Fondo Único Solidario, el cual centraliza los recursos destinados a financiar las pensiones bajo el Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria. Este fondo es administrado por la Caja de Seguro Social y busca garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante un esquema que combina la capitalización individual con un componente de solidaridad.
Además, en el artículo 150 se detallan los dos componentes del sistema: el Componente Solidario No Contributivo, que incluye beneficios para personas que no han cumplido con los requisitos de cotización, y el Componente Contributivo de Capitalización Solidaria, basado en los aportes individuales y su rentabilidad dentro del Fondo Único Solidario.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de la Pensión Básica Universal de la CSS, trasladando su administración al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
