El dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Diógenes Espinoza, amenazó con tomarse las oficinas públicas de Bocas del Toro si el gobierno no deroga la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), que reforma el sistema de pensiones.
La advertencia fue difundida en un video por redes sociales.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, calificó esa declaración como una amenaza contra la seguridad del Estado y de los funcionarios. “No es la vía ni el mecanismo para resolver esta crisis”, afirmó.
“Con respecto a las declaraciones o amenazas de Diógenes Espinoza, el Gobierno Nacional rechaza de manera categórica este tipo de manifestaciones”, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillachttps://t.co/Pti8pGuiRc
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 3, 2025
📹Aquí el video al que se hace referencia: pic.twitter.com/ezjOYCFV3J
Orillac lidera la Comisión de Alto Nivel enviada por el Ejecutivo a la provincia, que este lunes 2 de junio sostuvo reuniones en Changuinola con empresarios, transportistas y productores independientes, quienes coincidieron en pedir el levantamiento de los cierres de calles que afectan la economía local desde hace más de un mes.
Ese mismo día, otra delegación técnica de la CSS fue rechazada por agrupaciones comunitarias que habían sido convocadas en Chiriquí Grande.
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Según los voceros institucionales, la cita fue declinada a última hora con el argumento de que los asistentes esperaban la presencia de ministros de Estado, no de funcionarios técnicos. Jorge Ortega Llamas, asesor del Despacho Superior, lamentó el retiro de los grupos pese a que la reunión buscaba aclarar dudas sobre las reformas y desmentir información difundida en redes. “Las puertas siguen abiertas para todos los que quieran conocer los alcances reales de la ley”, dijo.
La comisión de la CSS estaba integrada por Elsebir Ducreux de Castillero, directora nacional de Prestaciones Económicas; Ortega Llamas y funcionarios de las direcciones de Riesgos Profesionales, Fondo Complementario y Trámite de Prestaciones. Estaban también dispuestos a explicar la Ley 45, vigente desde 1995 y centrada en beneficios para los trabajadores bananeros.
Sin embargo, los ánimos en Bocas del Toro se han crispado.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió el 29 de mayo que solo enviaría una iniciativa de revisión a la Asamblea Nacional si se levantaban los cierres: “Al minuto que levantan los paros de manera permanente, esa ley [45] va para la Asamblea. No voy a mandar una ley cuando Changuinola sigue trancada. Se lo hemos dicho al señor [Francisco] Smith en todos los idiomas”.
La condición no tuvo eco. Al contrario, los trabajadores agrupados en el Sindicato de la Industria Bananera (Sitraibana), que dirige Smith, decidieron intensificar la protesta. Desde el 19 de mayo, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal el paro y dio 24 horas para regresar a labores en Chiquita Panamá. El ultimátum tampoco surtió efecto.
Según cifras de la empresa, el cese de operaciones implicaría el despido de unos 5,000 trabajadores. Aun así, docentes y obreros se han sumado a la protesta, como evidenció un video publicado este lunes en redes sociales, en el que denuncian que “el gobierno juega con la inteligencia de los bocatoreños”.
A esta tensión se suma que, según la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, esta semana podría presentarse la autorización de despido del resto del personal que aún labora en Chiquita Panamá.
La reforma a la CSS ha sido un catalizador de múltiples reclamos en el Panamá rural, incluyendo protestas en Arimae (Darién) y cierres en la vía Interamericana a la altura de Tolé y El Salado, en Chiriquí. En el caso de Bocas del Toro, donde el 39.1% de la población vive en pobreza, los manifestantes exigen la derogación de la Ley 462 y una revisión integral de la Ley 45.
En medio de este panorama, el Consejo de Gabinete decretó estado de emergencia en la provincia el pasado 27 de mayo. Según el ministro Orillac, la medida busca “facilitar acciones que reactiven la economía” sin recurrir al uso de la fuerza.
