El excontralor Gerardo Solís (2019-2024) jugó un papel clave en la reunión de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que aprobó la prórroga del contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), al afirmar que la empresa había cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
Esto contrasta con lo expresado por el actual contralor, Anel “Bolo” Flores, quien sostiene que las auditorías realizadas durante la administración anterior de la Contraloría General de la República revelaron solo cumplimientos “parciales”.
Las actas de la AMP detallan que, durante aquella reunión, hace cuatro años, Solís fue categórico en los resultados de su auditoría al señalar: “La Contraloría realizó una auditoría en virtud de su obligación constitucional de velar por el fiel cumplimiento de las concesiones y de los ingresos para el Estado. Producto de esa auditoría, la Contraloría encontró que Panama Ports Company sí cumple con las obligaciones básicas del contrato. No solo eso, sino que pudimos hacer un estudio y determinar una serie de beneficios adicionales que recibió el Estado producto de esta contratación.”
No solo eso: el excontralor también felicitó a los demás miembros de la junta directiva por la decisión que habían tomado de extender la prórroga, al manifestar que con ello se estaba cumpliendo con el contrato-ley y evitando que el Estado enfrentara una demanda nacional e internacional innecesaria.
Auditoría al Contrato de Ley N°5 de Enero de 1997 entre el estado y la empresa Panama Ports Company y sus respectivas adendas. #ContraloríaPanamá #NuestroCompromisoEsPanamá #ContraloríaTransparente #GenteCGR pic.twitter.com/sMKiuug3Nx
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) February 4, 2021
“Están mandando un mensaje contundente de que en Panamá se respeta la seguridad jurídica. Este contrato ha sido una prueba de éxito de la inversión extranjera en Panamá”, dijo Solís.
El excontralor se dirigía a funcionarios como Carlos García, viceministro de la Presidencia; Jorge Luis Almengor, viceministro de Economía y Finanzas; José Alejandro Rojas Pardini, ministro de Consejo; así como Noriel Araúz, administrador de la AMP.
Incluso, las actas detallan que Solís sugirió que el Estado podría considerar vender el 10% de sus acciones en Panama Ports a la propia empresa, una vez que se haya reconocido la vigencia del segundo período de concesión. Esto, a su juicio, permitiría que el gobierno reciba recursos inmediatos, manteniendo a la vez una fiscalización eficiente y simplificada de las operaciones del puerto.
Dudosa redacción
El contrato entre el Estado y PPC no solo es objeto de interpretaciones encontradas entre los contralores. Su propia redacción plantea un cumplimiento de “obligaciones básicas”, lo que sugiere que desde su inicio se favoreció de alguna manera a la empresa. Las cláusulas del acuerdo establecen condiciones que, al parecer, han permitido a PPC cumplir solo con lo esencial, sin la exigencia de un cumplimiento total, lo que abre el debate sobre los términos que se acordaron en su momento y las posibles implicaciones.
De hecho, el contrato establece que “la prórroga será automática por un período adicional de 25 años, bajo los mismos términos y condiciones, siempre que la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas”. Esta condición coincide con lo expresado por Solís durante la reunión de 2021, en la que dejó constancia por escrito de que, según su criterio, PPC sí cumplía con esas obligaciones.
A diferencia de ello, el actual contralor sostiene que las auditorías realizadas durante la administración anterior revelaron únicamente cumplimientos sustanciales o “parciales” en el contrato, a pesar de que, para que la prórroga fuera válida, se requería un cumplimiento total. “Todo el mundo negoció a favor de la empresa. La camiseta de Panamá nadie se la puso”, dijo el contralor en TVN Noticias.
Sobre el futuro de la concesión, Flores indicó que se someterá a una próxima junta directiva de la AMP. En cuanto al tema penal, dijo que va a presentar una querella contra la junta directiva de aquel entonces. “Aquí los que firmaron lo hicieron de mala fe. No puedo creer tanta magnanimidad. Las cartas que me han dirigido son amenazantes, no se sienten sometidos por la autoridad. Desafían la autoridad”, puntualizó.
Falta de fiscalización
Según cifras presentadas por el contralor en el noticiero de Telemetro, entre los ingresos generados y los pagos al Estado, existe una enorme disparidad. PPC habría recibido ingresos por 5,400 millones de dólares, mientras que el Estado panameño solo percibió 483 millones.
Flores atribuye este desequilibrio a la modificación del contrato original en 2002, que eliminó el pago fijo anual de 22 millones de dólares más el 10% sobre ingresos brutos, reemplazándolo por un esquema basado en el 10% de la ganancia neta de la empresa. “Desde entonces, la participación del Estado se deterioró”, afirmó.
El funcionario también cuestionó la falta de fiscalización durante los últimos años, sugiriendo que hubo complicidad en las omisiones.
Señaló que desde 2010 no se han realizado las revisiones quinquenales de tarifas que estaban estipuladas en el contrato, acumulando ya tres ajustes pendientes. “No solo es con Panama Ports, es con todos los puertos del país”, agregó, al recordar que, antes de la privatización, los puertos generaban al menos 6.5 millones anuales para el Estado a través de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional.
Para Flores, el mayor error fue abandonar los términos originales del contrato, lo que ha significado —según sus estimaciones— una pérdida superior a los 1,200 millones de dólares para el Estado. A su juicio, “nadie puede ser tan mal negociador” y considera que lo ocurrido trasciende una simple decisión administrativa. “Aquí hubo algo más que una mala negociación”, dijo con firmeza, dejando entrever que se trató de un proceso con consecuencias políticas y económicas aún vigentes. “El Estado perdió, el pueblo panameño perdió”, concluyó.
