El Municipio de San Miguelito, dirigido por la alcaldesa Irma Hernández, adoptó el Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest, un tratado internacional destinado a combatir los delitos informáticos y fomentar la cooperación entre países firmantes, y cuya aplicación también refleja la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos.
El acuerdo, avalado por el Concejo de San Miguelito, establece medidas de seguridad para la adquisición de equipos y materiales tecnológicos, ya sea mediante compra o donación, destinados al municipio.
El documento fue presentado y sustentado por la alcaldesa, y especifica que, durante el periodo vigente de los contratos, todo suministro de productos informáticos —software o hardware— deberá incluir una cláusula que obligue a los proveedores a cumplir con estándares de seguridad establecidos en el convenio, sin importar el país de fabricación u origen de las marcas o empresas proveedoras.
Felicitaciones a la alcaldesa de San Miguelito, @irmaehernandezb, y al Concejo Municipal, @smalcaldia. Al adoptar el Convenio de Budapest, San Miguelito se convierte en el municipio más reciente en tomar una posición firme contra el crimen organizado y promover el uso de…
— Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) October 17, 2025
La información también fue dada a conocer este viernes 17 de octubre por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien, a través de su red social X, felicitó a Hernández.
“Felicitaciones a la alcaldesa de San Miguelito, @irmaehernandezb, y al Concejo Municipal, @smalcaldia”, afirmó el diplomático. Según agregó, con esta medida el municipio “se convierte en el más reciente en tomar una posición firme contra el crimen organizado y promover el uso de tecnología confiable”, subrayando la importancia de la ciberseguridad en los gobiernos locales.
Si bien se trata de un acuerdo contra los delitos cibernéticos, el convenio, del cual Panamá es signatario desde 2013, podría impactar a países como China, India y Rusia, que no han ratificado este acuerdo internacional. En cambio, sí lo hicieron otras regiones, como Estados Unidos, la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, Japón y el Reino Unido.
Aunque el acuerdo del Municipio de San Miguelito no prohíbe explícitamente la participación de proveedores chinos, los estándares de seguridad inspirados en el Convenio de Budapest podrían generar barreras indirectas para empresas de ese país. Estos estándares exigen que los sistemas informáticos sean seguros, trazables y compatibles con la cooperación internacional en casos de ciberdelincuencia, lo que implica cumplir con normas legales y técnicas que no siempre coinciden con las regulaciones de origen de algunas compañías extranjeras.
Varios analistas políticos, como José Eugenio Stoute, han planteado que este tipo de medidas reflejan que el pulso geopolítico entre Estados Unidos y China, que hasta ahora se centraba en puntos estratégicos como el Canal de Panamá y los puertos del Pacífico y el Atlántico, ha comenzado a trasladarse a los gobiernos locales.
De hecho, antes de San Miguelito, los municipios de Panamá y de Santiago, en la provincia de Veraguas, ya habían adoptado este convenio internacional. El Municipio de Panamá lo hizo en abril de 2025, mientras que Santiago lo adoptó en julio de este año.
Panama es la primera ciudad de Latinoamérica que acoje el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia de 2001
— Mayer Mizrachi (@Mayer) April 30, 2025
Gracias a mi querido concejo municipal por apoyar esta iniciativa. https://t.co/qR75Zft79A
“Esa situación tiene consecuencias, como el rechazo de donaciones chinas, la restricción del comercio con ese gran mercado o la negativa a adquirir tecnología de China”, señaló Stoute en su momento. En su opinión, estas tensiones ya impactan a municipios panameños, donde la influencia del pulso entre potencias comienza a sentirse.
Intercambio entre Mulino y Marino
Esta semana, el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que ha recibido información sobre supuestas amenazas de retiro de visas de ingreso a Estados Unidos a abogados, diputados y ministros, pero advirtió que Panamá “no puede ser arrastrada” a una disputa bilateral entre las dos potencias.
“Cierto es, y esa información sí la tengo, de varios, llegando una funcionaria por ahí de la embajada [estadounidense], amenazando con quitar visas”, declaró Mulino, quien no mencionó los nombres de la funcionaria de la embajada ni del personal que habría sido presuntamente presionado por ella.
Según el mandatario, los contratos estatales con compañías chinas son pocos y conocidos, como los del cuarto puente y el túnel bajo el Canal, “cosas que no se pueden eliminar, por más Estados Unidos que seas”.
A esos señalamientos, Marino Cabrera respondió que la revocación o negación de visas se realiza conforme a las leyes y regulaciones de Estados Unidos, “sin importar la profesión o posición del individuo en el gobierno”.
