Desde el Órgano Ejecutivo se recomendó el nombramiento de Carlos Godoy como director del Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), una designación que debe pasar por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional en medio del llamado a sesiones extraordinarias que hizo el Órgano Ejecutivo hasta el próximo 12 de junio de 2025.
La designación ha llamado la atención, incluso de miembros de la Comisión de Credenciales, como el diputado Luis Duke, quien se mostró cauteloso respecto a la designación en una reciente entrevista con La Prensa, particularmente por el pasado de Godoy en la entidad y también por su aparición como beneficiario de un auxilio económico.
El nominado a director aparece entre los beneficiarios para estudiar un doctorado en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias en el “Centro París Easy Campus Experience” (Peace Campus, por su siglas en inglés), según señala la base de datos de beneficiarios de auxilios económicos que dio a conocer el Gobierno Nacional en agosto de 2024.
Tras ser contactado por este medio, Godoy dijo que fue un error que la entidad registrara el beneficio como doctorado en ciencias silvoagropecuarias y veterinaria en Paris Campus, señalando que en realidad está estudiando un doctorado virtual en administración de proyectos, en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en México.
En la base de datos de beneficiarios, aparece que el monto para cubrir el doctorado es de $23,600, y que la fecha de inicio de los estudios era en noviembre de 2024, un mes después de que el ahora exdirector de la entidad –y el primero nombrado por la administración del presidente José Raúl Mulino–, Jaime Díaz, dijera que el Ifarhu estaba ‘quebrado’.
Sin embargo, Godoy asegura que el trámite se realizó antes, cuando estaba a cargo la exdirectora de lfarhu, Ileana Molo (2023-2024), asegurando que no la conoce y que presentó “toda su documentación” como correspondía.
No obstante, por el doctorado en línea ya se ha desembolsado un monto de $12,000. Según el listado de auxilios, el “centro de estudios” sería Peace Campus, que no es un centro educativo como tal, sino una empresa que, según la propia descripción de su sitio web, se dedica a “desarrollar colaboraciones y asociaciones interinstitucionales únicas, así como a diseñar planes de estudios internacionales”. Está registrada en Francia y gestionó para el Ifarhu, al menos, 17 otros beneficios de estudio.
Godoy asegura que el doctorado en línea lo cursa en la universidad mexicana, y así figura en su hoja de vida difundida por la Presidencia al momento de su nombramiento.
Los estudios de Godoy se extenderían hasta noviembre de 2026, por lo que aún faltaría poco más de un año para completar el programa. Este medio le preguntó cómo planea continuar su doctorado si asume la dirección del Ifarhu. El nominado respondió que seguirá estudiando de forma virtual y que “asumiría todos los costos a partir de la fecha”. No quedó claro cómo lo haría.
También se contactó al Ifarhu para conocer el estatus del beneficio recibido por Godoy, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
En su hoja de vida se indica que fue director de Planificación y luego de Finanzas del Ifarhu entre 2009 y 2014, bajo la administración de Sonia Luzcando y durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). En ese periodo, Godoy fue mencionado en una investigación por presunto peculado relacionado con el manejo irregular de becas de asistencia económica.
“Lo que más llama la atención son los auxilios económicos que esta persona pudo haber recibido (...). Recibir un auxilio habiendo sido director de la institución deja mucho sin sabor. También cuando ha estado vinculado a investigaciones por peculado”, cuestionó Duke, quien espera que Godoy comparezca ante la Comisión de Credenciales.
El dilema de los auxilios
En una entrevista reciente concedida a este medio, el actual director de Becas del Ifarhu, Santiago Ortega, aseguró que “todos los estudiantes en el exterior se fueron con auxilios económicos”.
El problema con el programa, según Ortega, recaía en la discrecionalidad con la que se otorgaban estos beneficios y en la flexibilidad del esquema, puesto que existía una falta de “métodos de control” que dieran constancia de criterios como la necesidad socioeconómica de los beneficiarios.
