Con la publicación del Decreto de Gabinete 27, el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha declarado el estado de urgencia en toda la provincia de Bocas del Toro, suspendiendo temporalmente las garantías constitucionales en Bocas del Toro, entre ellas la libertad de tránsito, el derecho a reunión y el derecho a la defensa.
La decisión llega después de semanas de protestas lideradas por el Sindicato de la Industria Bananera (Sitraibana), en rechazo a la Ley 462 de 2025, y luego de que las manifestaciones derivaran en lo que el Ejecutivo calificó de “actos de vandalismo y terrorismo urbano” durante la noche del jueves 19 de junio, particularmente en Changuinola.
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Los argumentos del Ejecutivo
En una conferencia de prensa efectuada este viernes 20 de julio, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló a los grupos violentos que atentan contra el orden público y la democracia.
“El día de ayer [jueves 19 de junio] grupos violentos protagonizaron actos criminales y de terrorismo urbano que atentan contra el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática”, expresó el ministro.
Hasta el momento de la conferencia de prensa, de acuerdo con el ministro de seguridad, Frank Ábregó, habían 12 personas heridas entre funcionarios de la Policía Nacional, del Senan y de Senafront. Además, detalló que los hechos vandálicos afectaron más de 12 locales incluyendo estaciones de combustible, expendios de alimentos, oficinas de Acodeco, Sinaproc, arrendadoras de autos. Añadió que 22 vehículos fueron hurtados y posteriormente recuperados.
No obstante, en la tarde de ayer viernes, con la provincia ya bajo estado de urgencia, la violencia no se detuvo. Saqueadores incendiaron vehículos estacionados frente al aeropuerto de Changuinola y también vandalizaron la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En cuestión de minutos, las llamas envolvieron los autos, mientras grupos encapuchados se movían con rapidez entre los restos humeantes, desafiando la presencia de la Fuerza Pública. Vidrios rotos, oficinas saqueadas: el descontrol se apoderó de zonas clave de la población.
En el decreto que dispone el estado de urgencia, se detalla de cómo el Gobierno intentó canalizar el conflicto a través del diálogo. No obstante, varios sectores han criticado al presidente Mulino por su discurso confrontativo. Señala que ministros y equipos técnicos sostuvieron múltiples reuniones con los manifestantes, incluso con la participación de la Iglesia Católica y del Órgano Legislativo. Producto de esas negociaciones se aprobó la Ley 471, que establece un régimen especial para los trabajadores bananeros, con el objetivo de dar respuesta a las exigencias sindicales.
No obstante, el Ejecutivo sostiene que, pese al cumplimiento de esos compromisos, los cierres de vías persistieron y, lo más grave, añaden, que durante la noche del jueves 19 de junio se registraron los hechos que rebasaron los límites de la protesta social.
El documento hace referencia al incendio parcial del estadio Calvin Bayron, saqueos a oficinas públicas, ataques a instalaciones privadas como Chiquita Panamá, la toma del aeropuerto de Changuinola, el robo de vehículos y la puesta en riesgo de unidades de la Fuerza Pública.
“Estos hechos son inaceptables y no representan una protesta legítima, pues se trata de acciones criminales que amenazan la paz social, afectan a los ciudadanos y perjudican gravemente la economía de la provincia”, justifica el Consejo de Gabinete.
El Gobierno argumenta además que la continuidad de los bloqueos ha afectado el libre tránsito, particularmente de adultos mayores y poblaciones vulnerables, y que el país “no puede ni debe avanzar por el camino de la violencia y la anarquía”.
¿Qué implica el estado de urgencia?
Aunque en el lenguaje oficial se usa el término “estado de urgencia”, la figura está contemplada en la Constitución como suspensión de garantías constitucionales, específicamente regulada en el artículo 55. Este artículo faculta al Órgano Ejecutivo a adoptar esta medida en caso de guerra o perturbación interna que amenace la paz y el orden público.
El Decreto de Gabinete 27 suspende los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución, que abarcan, entre otros:
La inviolabilidad del domicilio.
La libertad de tránsito.
La libertad de reunión.
El derecho a la intimidad y al honor.
El derecho de defensa.
La prohibición de detenciones arbitrarias.
La vigencia del estado de urgencia será hasta el 25 de junio de 2025, y el Ejecutivo está obligado a informar a la Asamblea Nacional si la medida se extiende por más de 10 días. En ese caso, la Asamblea puede confirmar o revocar la decisión.
En la tarde de este viernes 20 de junio, vándalos incendiaron varios vehículos frente al aeropuerto de Changuinola.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/cGu6Rqo8d0
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 20, 2025
El trasfondo político y social
La decisión representa un punto de inflexión en la crisis que se vive en Bocas del Toro desde hace más de un mes. Aunque el decreto subraya que el Gobierno ha actuado con “paciencia y mesura”, desplegando 1,500 uniformados sin armas letales, también marca un giro hacia una respuesta más firme y autoritaria, en defensa, según la versión oficial, del orden y la institucionalidad democrática.
El decreto advierte que ceder ante la intimidación llevaría al “estancamiento y deterioro institucional”, y llama a restablecer el orden como condición para que la provincia “retome el camino del desarrollo, la legalidad y la paz”.
Reacciones
En paralelo, abogados y miembros de la sociedad se han pronunciado sobre la medida. Algunos cuestionamientos el uso de esta herramienta excepcional, que si bien es legal, implica la restricción de libertades fundamentales.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la Acción de Habeas Corpus es de carácter inderogable, por lo tanto no debe suspenderse este derecho constitucional. Los fallos de la Corte Interamericana forman parte del bloque constitucional”, escribió en X la abogada Magaly Castillo, quien formó parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Antes de que el Ejecutivo emitiera el decreto, el abogado y diputado Ernesto Cedeño había sugerido que se invocara esa herramienta. “No veo otra opción en estos momentos. Las autoridades deben proteger la vida y bienes de los panameños, de acuerdo a la Constitución”, escribió.
