En una conferencia de prensa el pasado 7 de abril, el contralor Anel “Bolo” Flores reveló que entre 1997 y 2014, Panama Ports Company (PPC) movió 30 millones de TEUs (contenedores) y obtuvo $698 millones de ganancia neta, lo que equivale a a $23 por movimiento de contenedor.
A partir de 2015, eso cambió.
Ese año se constituyeron las empresas Serviestiba, S.A. y Maniobras y Estiba Portuaria, S.A., las cuales ofrecen servicios de estiba, desestiba, conteo de contenedores y provisión de mano de obra portuaria en Balboa y Cristóbal, ambos puertos concesionados a PPC mediante el Contrato Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997.
Ahora, en lugar de $23 por contenedor, PPC gana $11.5. Por tanto, se puede colegir que la ganancia de PPC, empresa en la que el Estado tiene el 10% de las acciones, cayó. La portuaria, en cambio, lo aplaude y sostiene que la contratación de estos proveedores de servicios representó “un ahorro significativo” en los últimos 10 años.
El problema está en que estas empresas proveedoras no tienen contrato de concesión con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Con quien tienen relación directa es con PPC, por tanto, se arropan con el Contrato Ley No. 5, que en su cláusula 2.10, punto “u”, otorga a la portuaria la facultad de “subcontratar todos sus derechos y actividades otorgadas mediante este contrato de concesión, sin necesidad de aprobación del Estado”.
De ese modo, operan dentro de Balboa y Cristóbal y generan ingresos. El problema está en que -según el contralor- no pagan impuestos. Al Estado no le toca ni un centavo por esos servicio que están prestando en terrenos y bienes que son propiedad de la Nación.
“Son fantasmas que existen ahí, operan, cobran… pero nadie sabe por qué están ahí. Según ellos [PPC], no saben quiénes son, pero operan en sus recintos”, afirmó Flores.
Pero, ¿de dónde salen estas empresas? ¿Quiénes las manejan?
Serviestiba, S.A. y Maniobras y Estiba Portuaria, S.A. tienen mucho más en común que el hecho de convivir en la concesión de PPC. Ambas se inscribieron en el Registro Público en la misma fecha (el 20 de mayo de 2015), tienen el mismo agente residente (el abogado, exdiputado del PRD y expresidente de la Asamblea Nacional, Raúl Eugenio Rodríguez Arauz) y comparten a un director, que se llama Reinaldo Franco y que en ambas aparece como fiscal.
Además, las dos empresas utilizan la misma dirección comercial: corregimiento de Ancón, Avenida Arnulfo Arias Madrid, Puerto de Balboa, edificio 39, planta 1A, que corresponde al área de concesión de PPC.
El presidente y representante legal de Serviestiba es Raúl Alejandro Rodríguez Virzi, hijo de Raúl Rodríguez Arauz. Como tesorero y secretario figuran Luis Jurado González y Bienvenido Ábrego García, respectivamente. En los registros de licencias de operación otorgadas por la AMP, Gicela Rachel de Kinkead aparece como representante de Serviestiba.
En tanto, en Maniobras y Estiba Portuarias están anotados los nombres de Raquilda Mercedes Pérez, Patsy Ortiz Álvarez y Neila Castrellón Coronel como presidenta, tesorera y secretaria, respectivamente. Pérez, además, es la representante legal.
Aunque Alejandro Kouruklis, asesor legal de PPC, le dijo a La Prensa que la relación con estas proveedoras de servicios es “totalmente comercial” y que no sabe quiénes son sus beneficiarios finales, Serviestiba ofrece a su personal la posibilidad de trabajar “en Hutchison Ports”, que es la compañía matriz de PPC. El único requisito pareciera ser someterse a los “debidos procesos de selección”, según consta en un mensaje divulgado en la cuenta @serviestibasa, en Instagram.
Y, aparentemente, también opera a la inversa: trabajadores de PPC se han incorporado a Serviestiba.
Por ejemplo, el 9 de diciembre de 2015, se comunicó una “sustitución patronal”: un grupo de trabajadores fue “traspasado” de PPC a Serviestiba, la cual se convirtió en el nuevo “empleador”. La medida no fue del agrado de los trabajadores afectados, quienes incluso presentaron reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), pero la situación no cambió.
Actualmente, Serviestiba tendría incluso más personal que PPC: la empresa proveedora, según el exdiputado Rodríguez, tiene una fuerza laboral de 2,000 personas, mientras que la portuaria contrata a unas 1,200 personas, indicó Kouruklis.
Kouruklis agregó que la rotación de personal es una práctica común e indica que esto también ocurre con Maniobras y Estiba Portuaria y otras empresas que operan en las terminales.
La Prensa le preguntó a Rodríguez Arauz quién le solicitó la constitución de estas sociedades. Evitó responder. Se limitó a decir que actuó siguiendo instrucciones de un cliente.
“La firma brinda servicios legales a diferentes clientes, entre ellos aquellos que me solicitaron la conformación y el servicio de agente residente de estas dos sociedades”, remarcó.
Una fuente vinculada a la AMP se refirió a Serviestiba como “una empresa satélite de PPC utilizada para tercerizar sus servicios, una práctica conocida por todas las administraciones”. Contó que la AMP ha intentado inspeccionar las operaciones de ambas, pero “la empresa [PPC] evitaba las supervisiones y conseguía autorización para continuar con esta situación”.
Ahora el que quiere averiguar es el contralor Flores, quien ya ha dicho que la Dirección General de Ingresos (DGI) está realizando auditorías a estas empresas subcontratadas, ya que no aparecen como contribuyentes activos ni pagan impuestos por sus operaciones.
Flores indicó además que la Contraloría solo pudo verificar $690 millones de inversión por parte de PPC, a pesar de que el contrato exigía una inversión mínima de $1,000 millones para validar la renovación automática de la concesión otorgada en 2021. Esta diferencia representa una posible pérdida de más de $300 millones para el Estado.
Rodríguez Arauz aseguró que Serviestiba y Maniobras y Estiba Portuaria cuentan con resoluciones emitidas por la DGI en 2015 y 2017, en las cuales se le reconoce la aplicación de los incentivos fiscales otorgados a PPC en el Contrato de Concesión No. 5 de 1997.
Consultado sobre el monto específico que representa estos beneficios fiscales, respondió que no podía brindar esa información porque era un tema contable.
Sobre los señalamientos del contralor, quien calificó a ambas como empresas “fantasmas” que operan dentro de PPC, Rodríguez los rechazó categóricamente, asegurando que se trata de “afirmaciones inexactas”.
“No sé si se deben a una confusión o al desconocimiento de las disposiciones legales”, opinó.
Por su parte, Kouruklis indicó que no han recibido ninguna notificación del Ministerio Público. Sin embargo, confirmó que los auditores de la DGI están llevando a cabo una auditoría a PPC, aunque aún desconocen los resultados.
La Contraloría presentará en los próximos días denuncias penales contra aquellos miembros de la junta directiva de la AMP que prorrogaron la vigencia del Contrato Ley No. 5 hasta el año 2047, así como contra ejecutivos de PPC, por operar un modelo de explotación que —según Flores— ha favorecido de forma desproporcionada a intereses privados en detrimento del país.
