El Fondo de Capacitación Gremial Docente maneja millones de dólares destinados a la formación continua de educadores. Al menos 17 gremios reciben estos recursos, que ahora serán objeto de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, en medio de señalamientos por presunta opacidad y uso discrecional de los fondos.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Según datos del Ministerio de Educación (Meduca) a los que tuvo acceso este medio, los 17 gremios gastaron unos 14 millones de dólares entre 2019 y octubre de 2024.
Los gastos corresponden a capacitaciones tanto nacionales como internacionales, así como a la compra de mobiliario, artículos promocionales, pago de arrendamientos, viáticos, y honorarios de facilitadores y coordinadores de seminarios.
De hecho, la auditoría solicitada por la propia ministra de Educación, Lucy Molinar, a la Contraloría abarcará el uso de los recursos asignados a las agrupaciones gremiales de maestros entre julio de 2019 y junio de 2024, según confirmó la entidad este lunes 26 de mayo.
El fondo, creado originalmente mediante el Decreto de Gabinete 168 de 1971 y modificado por la Ley 49 de 2002, tiene como propósito financiar iniciativas de desarrollo profesional para el magisterio nacional.
La distribución del Fondo de Capacitación Gremial Docente responde, en teoría, a una fórmula basada en la cantidad de afiliados por gremio. Primero se toma el total de docentes agremiados y se divide entre la asignación anual del fondo; luego, el resultado se multiplica por el número de miembros que cada organización tiene registrados. Los recursos provienen del Seguro Educativo, del cual se destina un 1% anual específicamente a este fondo.
Anomalías
Sin embargo, fuentes del sector educativo aseguraron que durante la administración pasada el mecanismo dejó de ser estrictamente técnico. Según sus versiones, la distribución del dinero habría obedecido a criterios políticos y no al número de afiliados.
Cada gremio de educadores debe elaborar su programa anual de capacitación para el año siguiente, señalando la cantidad destinada a cada proyecto. Debe incluir contenidos, población beneficiada, región escolar y el detalle de los insumos requeridos para el desarrollo de cada capacitación.
Entre las organizaciones que más recursos recibieron durante los últimos dos años (2023-2024) están la Asociación de Profesores de la República de Panamá, con más de 2 millones de dólares; la Asociación de Educadores Veragüenses, con más de 1,3 millones de dólares; mientras que la Asociación de Educadores Chiricanos y la Asociación de Educadores Independientes Auténticos recibieron 1,1 millones de dólares entre 2023 y 2024.
Dirigentes, en la mira
Ya varios líderes de estas organizaciones estuvieron en la mira del Ministerio Público a finales del año pasado, cuando la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), realizaron diligencias de allanamiento dentro de la operación denominada “Capibara”, iniciada tras denuncias por supuestos negociados en nombramientos de docentes en distintos centros escolares del país.
En aquel momento, unas siete personas fueron llevadas a audiencias de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares: seis por delitos contra la administración pública y una por delitos sexuales.
Las diligencias de allanamiento se practicaron en distintos puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, donde se incautaron equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forenses dentro de la investigación.
De acuerdo con las investigaciones, iniciadas tras denuncias presentadas entre 2023 y 2024 por el Ministerio de Educación, se trata de funcionarios y exfuncionarios —todos docentes— que presuntamente negociaban nombramientos mediante tráfico de influencias, ya fuera para posiciones permanentes, regulares o para cubrir licencias.
Varias de las personas aprehendidas laboraban en la Comisión Regional de Selección de Personal Docente, la cual se encarga de elegir a los docentes según los puntajes obtenidos para asignarlos a plazas vacantes durante el año escolar. Los aprehendidos, presuntamente, negociaban nombramientos a cambio de sumas de dinero que alcanzaban hasta 70 mil balboas por varias designaciones. También se reportaron casos en los que los nombramientos se daban como favores o en intercambio de beneficios personales.
