Los funcionarios de la Asamblea Nacional recibirán su salario correspondiente a esta quincena mediante cheques, en lugar del sistema ACH tradicional, una medida que ha tomado por sorpresa a muchos dentro del Órgano Legislativo.
La decisión, que no fue comunicada oficialmente por las autoridades, ha generado inquietud entre los empleados, quienes se enteraron del cambio a través del portal de transparencia de la Contraloría General de la República. Aunque no se ha explicado formalmente si la medida forma parte de la auditoría en curso, el cambio ha reavivado tensiones entre los trabajadores y las autoridades fiscalizadoras.
Esta acción ocurre en el contexto de una auditoría especial iniciada por la Contraloría en marzo pasado a las planillas 001 y 002 —que abarcan al personal permanente y eventual de la Asamblea— correspondiente al período comprendido entre 2020 y diciembre de 2024.
La decisión de pagar con cheques en lugar de utilizar el ACH recuerda una medida similar adoptada en julio de 2024 por el entonces alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien implementó el pago físico como mecanismo para verificar la asistencia real de los funcionarios municipales. Aquella acción se produjo tras el escándalo de una presunta planilla “cashback” detectada durante la administración de su antecesor, José Luis Fábrega, en el Municipio de Panamá.
De hecho, dentro de la propia Asamblea también se comenta la existencia de una supuesta planilla “cashback” durante la administración legislativa del período 2019-2024, una práctica que estaría siendo investigada por la entidad fiscalizadora.
La presidente de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, cuestionó la falta de comunicación por parte de la Contraloría General de la República sobre la decisión de pagar a los funcionarios por medio de cheques en lugar del tradicional sistema ACH. “Ellos están en su derecho de hacer su trabajo, pero debieron informarnos para que la administración pudiera colaborar”, señaló.
Castañeda advirtió que no está de acuerdo con que la entidad fiscalizadora “pretenda cogobernar” la Asamblea, y aseguró que, de haber sido notificada, habría facilitado el proceso. También expresó su preocupación por los trabajadores que residen en el interior del país, quienes ahora enfrentarán mayores dificultades logísticas para cobrar sus salarios.
La molestia
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empleados de la Asamblea Nacional, Karina Connell, subrayó que no tienen inconveniente con que la Contraloría haga su trabajo, pero solicitó más respeto hacia sus compañeros. “Los de carrera legislativa no somos botellas”, afirmó la dirigente gremial.
Connell rechazó la percepción generalizada de que todos los empleados de la Asamblea son funcionarios que no trabajan. “Esa idea es injusta y desinformada. Hemos sufrido cambios políticos que ponían en peligro nuestra estabilidad. Hoy, gracias a la carrera legislativa, muchos hemos logrado protección frente a esos vaivenes”, explicó.
En respuesta a los informes de la Contraloría que estiman en 4,000 los funcionarios en planilla de la Asamblea, Connell aclaró que esa cifra incluye a personal transitorio y otras categorías, como eventuales, que no forman parte de la carrera legislativa. “De planta somos alrededor de 1,500. A esos defendemos”, puntualizó.
Sobre las auditorías actuales, dijo que, si bien no las rechazan, han generado un ambiente de tensión. También se refirió a que el pago por medio de cheques fue una decisión de la que —asegura— no fueron informados oficialmente. “Nos enteramos por la página de transparencia de Contraloría”, denunció.
Connell subrayó que el gremio no se opone a la fiscalización, siempre y cuando esta se realice con apego a la ley y con la debida autorización. “Bienvenidas las auditorías, así podrán comprobar que sí trabajamos, que no somos personal fantasma. Pero el proceso debe hacerse con transparencia y respeto”, remarcó.
Propuesta de ley
La presidenta de la Asociación de Empleados de la Asamblea Nacional también se refirió al proyecto de ley 365, presentado por el diputado Jorge Bloise, que —según dijo— atenta contra la estabilidad laboral de los funcionarios de carrera legislativa.
Connell advirtió que dicho anteproyecto contiene “materia extraña”, al pretender incluir disposiciones salariales para diputados suplentes, lo cual —asegura— viola el artículo 156 de la Constitución panameña. “Es totalmente inconstitucional e ilegal que los diputados suplentes cobren salarios como servidores públicos”, enfatizó.
Pero la principal inquietud de los trabajadores gira en torno a una figura incluida en la propuesta: la “desacreditación” de funcionarios de carrera. Esta medida, advirtió Connell, podría ser usada para vulnerar derechos adquiridos de estabilidad laboral.
“La carrera legislativa es un derecho que se gana cumpliendo requisitos establecidos en la ley. No somos ‘botellas’, como muchos nos quieren hacer ver. Venimos a trabajar todos los días y marcamos horario”, subrayó la dirigente gremial, visiblemente molesta por los señalamientos públicos hacia los funcionarios de la Asamblea.
Por su parte, el diputado Bloise, en la exposición de motivos del proyecto de ley, señala que al dotar al presidente de la Asamblea de una facultad real y efectiva para desacreditar “ingresos irregulares” a la Carrera del Servicio Legislativo, se defiende la institucionalidad, la legalidad y la meritocracia.
“Con esta ley cerramos las puertas al clientelismo, a las designaciones arbitrarias y a los atajos que han dañado la credibilidad del servicio público”, apuntó.
Sobre la inclusión de los diputados suplentes dentro del equipo de trabajo del diputado principal, mientras no ejerzan el cargo legislativo, argumentó que es una medida que reconoce su potencial y su compromiso con la función pública. “Lo que se busca es fortalecer los equipos de trabajo legislativo con talento que ya ha sido electo por el pueblo, siempre bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales y garantizando un uso más eficiente de los recursos humanos”, añadió.
Todos estos temas fueron abordados por la Asociación de Funcionarios de la Asamblea Nacional durante una asamblea general celebrada esta semana.
