El Gobierno mantiene conversaciones con la empresa bananera Chiquita Brands, tras la suspensión temporal de sus operaciones en Bocas del Toro, luego de casi dos meses de bloqueos y daños a sus instalaciones en Changuinola.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz afirmó que se están evaluando alternativas para ofrecer garantías laborales y jurídicas que permitan a la compañía continuar operando en el país sin seguir acumulando pérdidas millonarias.
“Nosotros hemos estado conversando con la empresa en virtud de buscarle garantías o de que ellos nos digan qué se necesita para que puedan quedarse en el país”, aseguró la ministra. El interés del Gobierno, según explicó, es evitar que se pierda la inversión realizada y proteger los miles de empleos que genera esta industria, clave en la economía bocatoreña.
Muñoz señaló que las constantes paralizaciones, que muchas veces no surgen de conflictos internos entre la empresa y los trabajadores, han generado un clima de incertidumbre.
“Cada vez que hay un tema por el cual los trabajadores deciden irse, ellos tienen pérdidas millonarias”, dijo, al tiempo que subrayó que estos hechos suelen responder a factores externos como la discusión del salario mínimo o la aprobación de leyes con impacto en el sector.
“Es una actividad compleja —la producción de banano— que, si en algún momento uno de los eslabones del trabajo se detiene, se detiene toda la producción”, indicó Muñoz, advirtiendo que los bloqueos tienen consecuencias que afectan más allá de las fincas bananeras.
Caso complejo
Muñoz también apuntó que el caso de Chiquita es complejo, ya que el sindicato de la empresa solo tiene razón de ser mientras la compañía esté operando. “Es un híbrido, porque si no existe la empresa, no existe el sindicato. No es que deje de existir legalmente, pero no hay trabajadores activos en este momento”, explicó.
La ministra reconoció que la situación de Bocas del Toro es crítica. “Sí, por supuesto que sin esos 7 mil empleos es muy difícil la recuperación de Bocas”, admitió. A juicio del Gobierno, la crisis es una “bomba de tiempo” por múltiples factores, entre ellos la falta de oportunidades y la creciente presencia de actores que complican aún más el panorama.
La concesión
Finalmente, la ministra aclaró que la empresa Chiquita mantiene sus obligaciones con el Estado en cuanto al uso de tierras bajo concesión. “Hasta donde yo tengo entendido, ellos no han dejado de cumplir con sus responsabilidades respecto a la concesión. Hicieron una suspensión temporal de operaciones”, indicó.
Mientras el Gobierno busca fórmulas para preservar una de las principales fuentes de empleo en Bocas del Toro, la situación sigue siendo incierta. El resultado de las negociaciones con Chiquita podría marcar el rumbo económico y social de la región durante los próximos años.
Como se recordará, la empresa Chiquita suspendió oficialmente sus operaciones en Bocas del Toro a finales de mayo, dejando tras de sí un vacío económico difícil de llenar. Todo comenzó el 28 de abril con una huelga masiva de más de 7,000 trabajadores en las fincas bananeras de Changuinola.
Aunque la empresa denunció un “abandono injustificado de labores”, el conflicto escaló rápidamente y para el 12 de mayo ya había cerrado una de sus fincas, así como su planta empacadora, citando daños irreversibles en los cultivos. La situación se agravó el 22 de mayo con el despido masivo de miles de jornaleros, mientras que el 2 de junio el equipo administrativo abandonó el país.
Con pérdidas superiores a los 75 millones de dólares y sin condiciones que garantizaran la seguridad de sus operaciones, Chiquita abandonó progresivamente la provincia, dejando al gobierno enfrentado a una crisis laboral y social que se tornó aún más compleja con la declaración del estado de emergencia y la suspensión de garantías constitucionales en la zona.
El desempleo
El desempleo masivo es ahora el principal obstáculo. Solo la paralización de la empresa bananera Chiquita Brands dejó cesantes a unos 7,300 trabajadores directos, además de los empleados de empresas proveedoras de bienes y servicios a la compañía.
“Eso no pinta bien”, advierte Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, señalando que la cadena de impacto afecta a todo el ecosistema económico de la provincia.
Las pérdidas económicas aún no han sido contabilizadas con exactitud, pero los primeros cálculos son alarmantes. Según Pimentel, podrían superar los 200 millones de dólares, considerando los efectos del vandalismo, el colapso del turismo y la paralización de las operaciones de Chiquita, que por sí sola desembolsaba 3.5 millones de dólares semanales en salarios.
