El golpe que el diputado perredista Jairo Bolota Salazar propinó a su colega Betserai Richards, de la bancada Seguimos, reavivó el debate sobre la falta de mecanismos efectivos de sanción dentro de la Asamblea Nacional.
Aunque el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, del Partido Panameñista, anunció que convocará al Comité de Ética para investigar el incidente, la realidad institucional es otra: ni existe formalmente dicho comité, ni hay un instrumento jurídico claro que permita imponer sanciones.
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Desde la presidencia de la Asamblea invocan el artículo 50 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, que asigna a la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales la función de investigar “hechos graves” que ocurran dentro del órgano y de promover los valores éticos entre los diputados.
Sin embargo, esa comisión no ha sido constituida. Las bancadas aún no logran un acuerdo para la conformación de las comisiones permanentes, lo que deja en el aire cualquier intento formal de investigación o sanción.
Mientras que el Código de Ética y Honor Parlamentario (Ley 33 de 2005) no contempla sanciones para las conductas indebidas de los diputados, incluyendo agresiones físicas o verbales entre colegas. La norma establece principios y procedimientos para promover la integridad en el ejercicio parlamentario, pero no prevé castigos concretos en caso de incumplimiento. Esto deja a la Asamblea sin herramientas legales efectivas para sancionar episodios como el protagonizado el pasado lunes por los dos diputados.
¿Una comisión accidental?
El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, citó el artículo 12 del Código de Ética y planteó que podría activarse una comisión accidental, tal como lo permite el artículo 70 del reglamento interno. Esa comisión serviría como instancia investigadora y emitiría recomendaciones a la Comisión de Credenciales, cuando esta finalmente se conforme. Sin embargo, reconoció que aun con este esfuerzo, el marco actual no contempla sanciones específicas.
“La comisión de credenciales no puede sancionar con nada porque no hay una norma que sancione, ni en el reglamento interno ni en la Ley 33. Podrá decir que se violó el honor, pero no hay sanción”, señaló.
Ante ese vacío, Cedeño considera viable que el pleno de la Asamblea, como máximo órgano del Legislativo, adopte un instrumento sancionatorio de carácter reglamentario. “Es una posibilidad que, ante la laguna, el pleno establezca una reglamentación de procedimiento que pudiera determinar un grado de sanción. Esa es una posibilidad que existe, pero ahorita mismo no tenemos nada”, admitió.
A esta discusión se suma un anteproyecto de ley presentado esta semana por la diputada Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas, para reformar el Código de ética. “Entiendo que establece sanciones como suspensión provisional sin sueldo. Eso habría que analizarlo para ver si es viable. Me parece buena la iniciativa porque llena las lagunas que tiene el reglamento interno”, comentó.
Cedeño también sugirió que se podría debatir incluso la posibilidad de establecer sanciones más severas, como la suspensión del cargo. “Podríamos analizarlo para ver si es viable. Por lo menos lo que planteó Shirley es bueno porque gravita en torno al reglamento interno. Pero primero hay que constituir la Comisión de Ética y luego llevar la propuesta al pleno para darle velocidad”, concluyó.
