No fue una huelga. Ni una marcha más. Fue la imagen: excandidatos presidenciales que rivalizaron en la pasada campaña electoral, sentados junto a exdiputados independientes, ambientalistas, y otros, unidos en una denuncia común. En la política panameña, donde la división es la norma, esta fotografía representa un punto de inflexión.
El presidente José Raúl Mulino no enfrenta por estos días una oposición tradicional, sino una confluencia inédita de malestares: sociales, gremiales, ciudadanos y políticos.
Tres frentes se levantan, cada uno con su historia, pero todos con un blanco común: la conducción actual del país, en especial por los acuerdos firmados con Estados Unidos y la visión del gobierno sobre soberanía, minería y seguridad social.
Primer frente: sindicatos y movimientos populares, el músculo en la calle
El más combativo de los tres es el frente sindical y popular, encabezado por el sindicato más grande de Panamá: el Suntracs. Su lista de exigencias es extensa y frontal: la derogación de la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social, el rechazo a la minería, la oposición al embalse del Río Indio y, sobre todo, la denuncia de los recientes acuerdos de seguridad firmados con Estados Unidos. Este bloque no solo disputa políticas públicas, sino el modelo mismo de desarrollo impulsado por el gobierno.
Detrás de su presión está una narrativa de soberanía y justicia social, con ecos de luchas históricas. Y aunque su proyecto suele dividir opiniones, en esta coyuntura su postura encuentra eco en sectores más amplios, como la Asociación de Profesores de Panamá, la Asociación de Educadores Veragüenses y la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, que decretaron un paro de labores en las escuelas públicas del país desde el 23 de abril, pese al rechazo de la población a la medida. Igual medida asumió el Suntracs, quien también decretó huelga.
Cada día, estos grupos realizan marchas no solo en la capital, sino también en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón, Herrera y Panamá Oeste, entre otras provincias.
Su fuerza reside en el impacto social de su acción. Al afectar el calendario escolar, y los proyectos de construcción, generan presión directa sobre el gobierno y visibilizan su protesta.
Segundo frente: Sal de las Redes
Sal de las Redes es un grupo ciudadano, conformado principalmente por jóvenes que salieron a las calles en el último trimestre del 2023 para oponerse al contrato ley entre Panamá y la empresa minera.
Ahora retomaron las marchas y protestas en reclamo por los acuerdos pactados entre el gobierno de Panamá y el de Estados Unidos, porque consideran que atentan contra la soberanía del país. También rechazan cualquier intento de retomar los proyectos mineros en suelo panameño.
Marcharon desde la Cinta Costera hasta la Presidencia de la República el pasado miércoles. Volvieron a marchar ayer, jueves 1 de mayo. Y prometieron estar en la calle todos los días.
“Vamos a seguir convocando marchas porque estamos en contra de las decisiones políticas que se han estado tomando por el presidente Mulino. No estamos de acuerdo con el memorando que se firmó con Estados Unidos. Queremos la derogación de la ley del Seguro Social. No estamos de acuerdo con la ley de amnistía de la que se está hablando en la Asamblea”, dijo Camila Aybar, una de las voceras del grupo, poco antes de comenzar la marcha del pasado miércoles por la tarde.
Ese día, el presidente Mulino dijo que quería hablar con los representantes del grupo. “Ojalá hoy mismo”, expresó. Recibió un portazo. La agrupación rechazó la invitación. Alegaron, entre otras cosas, que “no puede haber diálogo posible cuando se ha decidido quebrantar el Estado de derecho y poner en riesgo la soberanía nacional”.
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Algunos catalogaron el hecho como un error. “Intransigencia y radicalismo no querer dialogar como ciudadanos que quieren lo mejor para el país. Decepción total”, aseguró el economista y exmnistro Fernando Aramburú Porras.
“La democracia se construye con diálogo, no con imposiciones. El presidente @JoseRaulMulino invitó en forma pública al grupo Sal de las Redes porque es el mandatario de todos los panameños, sin agenda, con transparencia y de cara al pueblo. El país no se construye con intransigencia. Hubiera esperado que los jóvenes no siguieran las prácticas de la vieja política, que tanto daño hizo a este país”, escribió en X el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
La Democracia se construye con diálogo, no con imposiciones. El Presidente @JoseRaulMulino invitó en forma pública al grupo Sal de las Redes porque es el mandatario de todos los panameños, sin agenda, con transparencias y de cara al pueblo. El país no se construye con…
— Juan Carlos Orillac U (@JuanCOrillac) April 30, 2025
El exdiputado independiente Juan Diego Vásquez le respondió: “Intransigente el presidente que pretende escoger con quién sí y con quién no. El presidente se debe al pueblo. Que lo escuche. El pueblo somos todos, no los que piensan igual que él”.
Tercer frente: el bloque multipartidista
La irrupción más inesperada es la del frente multipartidista, una alianza de políticos, abogados, ambientalistas e internacionalistas, que parecía imposible hace apenas unos meses. Debutaron el pasado miércoles 30 de abril en conferencia de prensa.
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Lo que los ha unido no es un programa ideológico compartido, sino lo que consideran una alarma: los acuerdos firmados entre Panamá y Estados Unidos, a propósito de la reciente visita a Panamá del secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth. Para ellos, estos acuerdos no solo son inconstitucionales, sino una afrenta directa a los Tratados Torrijos-Carter y al Tratado de Neutralidad del Canal.
Sentarse en la misma mesa fue un acto político de alto voltaje. Allí coincidieron Ricardo Lombana, Martín Torrijos, Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Ana Matilde Gómez, Guillermo “Willy” Bermúdez, Crispiano Adames, Alonso Illueca y la ambientalista Raisa Banfield, entre otros. Algunas de estas figuras, durante la campaña presidencial, evitaron incluso dialogar entre sí, pero ahora comparten micrófonos en defensa de la soberanía panameña.
El catalizador, como ya se dijo, son los acuerdos con el país que actualmente gobierna Donald Trump, quien, desde antes de asumir el poder (20 de enero de 2025), amenaza con retomar el control del Canal de Panamá, ruta marítima vital para el comercio internacional que está en manos panameñas desde el 31 de diciembre de 1999, producto de la firma de los Tratados Torrijos-Carter.
“Nadie niega que pueda existir cooperación fluida con los Estados Unidos. A lo que nos negamos es a que vuelvan a entregar territorio panameño para instalaciones militares conjuntas, que es una manera más de aceptar la presencia militar extranjera en este país, que estaba prohibida”, dijo Martín Torrijos sobre el tema.
Martín Torrijos, hijo de Omar Torrijos, quien lideró el proyecto que concluyó en los Tratados Torrijos-Carter, gobernó Panamá entre 2004 y 2009. En las elecciones pasadas compitió para la presidencia de la República y quedó en tercer lugar.
El frente opositor, en el fondo, advierte que existe una creciente sensación de que la soberanía nacional está siendo negociada a espaldas del país. La figura de Hegseth, emisario del trumpismo en temas de seguridad, provocó una reacción que va más allá de la diplomacia: activó un trauma histórico.
La sospecha de que estos acuerdos comprometen el control sobre el Canal y vulneran pactos firmados tras la dictadura generó una convergencia emocional y política que el gobierno parece haber subestimado.
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La narrativa oficial habla de estabilidad, cooperación y lucha contra el crimen organizado. “No es ceder soberanía bajo ninguna circunstancia”, dijo el canciller Javier Martínez-Acha el pasado martes en la Asamblea Nacional.
“El Memorándum de Entendimiento es un instrumento a nivel interinstitucional, incluso entre dos o más instituciones, pero no entre ambos Estados”, añadió, para argumentar por qué no se llevó al Legislativo. Además, dijo que el documento no se enmarca dentro de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que no es vinculante. “El documento no tiene partes, sino participantes; establece entendimientos, no obligaciones”, al tiempo que aseguró que no contempla cláusulas.
La minería
Pero también está el tema de la mina. Por estos días, el gobierno traza la hoja de ruta sobre el futuro del proyecto minero del holding de Minera Panamá, la empresa First Quantum Minerals, luego de que en noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato que esta empresa pactó con el gobierno de Laurentino Cortizo.
En su conferencia del jueves 24 de abril, Mulino aseguró que será el propio Estado el que operará ese yacimiento, en caso de que así se decida, con un tercero que ejercerá la parte técnica.
“La mina es de Panamá. Superada ya la etapa de los arbitrajes, y digo superada en el sentido de que fueron suspendidos, ha comenzado a ser objeto de los contactos necesarios para su futuro. Esa es la mina de Panamá, no de nadie más. Y Panamá la explotará, si se decide hacerlo, como corresponde: con un operador que se encargue de la parte técnica”, manifestó.
¿Un frente común o una suma de urgencias?
La gran incógnita es si esta coincidencia de causas se traducirá en un frente duradero. Hasta ahora, los tres bloques han actuado de forma paralela, pero no necesariamente coordinada. La posibilidad de una articulación sostenida dependerá de si logran construir una agenda común o si sus diferencias internas, especialmente ideológicas, vuelven a separarlos una vez pasada la coyuntura.
Mulino enfrenta, así, no a un adversario, sino a una constelación de resistencias. Y la respuesta que dé en los próximos días marcará si logra contener este desafío o si la fotografía de esa mesa multipartidista se convierte en el símbolo de una crisis política de fondo.
“En este caso nos hemos reunido alrededor del tema del Canal. No descartamos que este grupo se siga reuniendo. Nos venimos reuniendo hace ya dos semanas para bajar banderas políticas, preocupadas por el país. Así que yo creo que no hay temas que estén excluidos de la agenda que este grupo pueda tratar”, manifestó Ricardo Lombana, líder del opositor Movimiento Otro Camino. Lombana compitió con Mulino en la pasada contienda presidencial. Quedó en segundo lugar con el 24.6 % de los votos.
¿Eco del 2023?
Los más pesimistas ya empiezan a comparar la escena actual con el Panamá de los últimos tres meses de 2023, época marcada por las protestas contra la minería.
Las protestas antimineras que se desarrollaron en Panamá entre octubre y diciembre de 2023, caracterizadas por cierres de calles y bloqueos prolongados, generaron un impacto económico significativo, según estimaciones de los principales gremios empresariales del país.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada calculó que las pérdidas económicas acumuladas durante los primeros 25 días de protestas ascendieron a aproximadamente 1,700 millones de dólares, lo que representa un 2.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 2022. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá estimó que las pérdidas diarias ocasionadas por los cierres de calles oscilaron entre 60 y 90 millones de dólares.
Más allá de los números, Mulino no enfrenta solo una protesta. Enfrenta una convergencia de advertencias.
