La ministra de Cultura, Maruja Herrera, justificó los trabajos de restauración y ampliación de la villa diplomática —que ascienden a $7.1 millones— invocando su valor patrimonial, cultural y turístico.
No obstante, no precisó qué uso se le dará a la villa, ubicada en la comunidad de Quarry Heights, en las faldas del cerro Ancón.
Aunque la licitación fue convocada por el Ministerio de la Presidencia, Herrera conoce el estado de abandono de la villa, dado que en julio de 2024 realizó un recorrido por sus estructuras y jardines, en compañía de las decoradoras de interiores Monique y Alexandra Mulino, hijas del presidente José Raúl Mulino.
Este caserón, construido en 1906, fue la residencia del jefe del Comando Sur, cuando aún había presencia militar estadounidense en la antigua Zona del Canal. Tras su traspaso a manos panameñas, la villa fue utilizada, supuestamente, para agasajar a jefes de Estado y delegaciones extranjeras.
“Es un bien histórico que merece ser puesto en valor”, dijo Herrera este miércoles 17 de septiembre.
La casona, “a pesar de que no está declarada como patrimonio histórico, tiene un legado histórico de peso”, agregó la ministra.
Herrera no aportó mayor información sobre los trabajos de restauración y construcción, aludiendo a que actualmente existe un presunto “litigio”, por lo que “hay que mantener la pausa”.
Se desconoce a qué “litigio” se refiere la funcionaria.
Una comisión evaluadora recomendó adjudicar los trabajos en la villa diplomática a Construction Management Group Inc. (CMG), empresa que cotizó poco más de $7.1 millones, una cifra muy cercana al precio de referencia establecido por la Presidencia.
De momento, no se ha formalizado la adjudicación, ya que está pendiente resolver un reclamo de la otra empresa que presentó una propuesta y ofertó un precio inferior.
CMG es el mismo contratista del hospital de mascotas, por $14 millones.
Según el pliego de cargos, a la villa diplomática se le pretenden agregar dos “salones presidenciales” de 180 metros cuadrados cada uno, con un costo que supera los $834 mil.
Actualmente, la casona consta de dos plantas: el piso inferior tiene una superficie de 378.84 m² y el superior, de 344.31 m². En la restauración de ambas plantas se invertirá $1.1 millón.
También se prevé construir un “pabellón de tenis” de 77.49 m², con un costo de $60,120, y una cancha de tenis en la azotea, valorada en $554,894, así como un mirador de 82.36 m², con un costo de $38,895.
Estas estructuras se ubicarían en el área donde ya existe una cancha de tenis y un jardín con árboles.
La propuesta incluye, además, una fuente y un “espejo de agua”, cuyo costo asciende a $103,220; un estacionamiento de 607 m² en la planta baja ($792,513), y 280 m² de oficinas para “programas laborales” ($693,621).
Actualmente, en los predios existe una casa de huéspedes de dos plantas (cada una con una superficie de 72.22 m²). Se estima que su restauración costará poco más de $215 mil.
Asimismo, se han contemplado trabajos en la entrada principal, la cochera y un baño de visitas.
También se realizarán trabajos para recuperar la piscina de 56.88 m².
La piscina fue construida en 2009, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014), junto a una sala de reuniones y una cerca perimetral, por un monto cercano a $1 millón.
Luego, en 2022, en la administración de Laurentino Cortizo (2019–2024), se contrató a Construcciones Arquitectónicas M&M (una sociedad creada en 2019) por $33,000, para encargarse del mantenimiento preventivo de la piscina durante casi dos años.
La Prensa solicitó explicaciones al Ministerio de la Presidencia. Desde la semana pasada se envió un cuestionario al ministro Juan Carlos Orillac, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
También se quiso conocer cuáles son los planes para la villa: si será destinada como lugar de trabajo, hospedaje o recreación. Es importante resaltar que Mulino y su familia no residen en el Palacio de las Garzas ni en ningún inmueble del Estado.
En tanto, el presidente y representante legal de CMG, Eduardo Villalaz, defendió su propuesta, alegando que se basó en las especificaciones establecidas en el pliego de cargos del acto público.
