En medio de la tensión generada por los recientes bloqueos y movilizaciones en el país, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, aseguró en entrevista exclusiva con La Prensa que “no existe una huelga” actualmente en Panamá. Según la funcionaria, lo que se registra es una “paralización de hecho” convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y algunos sectores docentes, sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
Muñoz aclaró que, para ser reconocida como tal, una huelga debe surgir de un conflicto laboral o económico presentado ante el Mitradel mediante un pliego de peticiones o quejas. “No es el ministerio quien legaliza o no una huelga”, precisó, indicando que actualmente no existe ningún conflicto formal en proceso que justifique la paralización que afecta a distintos sectores del país.
La ministra expuso que el balance actual muestra afectaciones en varias empresas de construcción y otros rubros, cuyos trabajadores han sido presionados para abandonar sus labores. “Han llegado buses del sindicato a sacar a los trabajadores”, relató. Algunos empleados, dijo, optaron por retirarse a sus casas para evitar confrontaciones, temiendo por su seguridad y estabilidad laboral.
Descuento salarial
Esta situación, advirtió Muñoz, pone en riesgo los puestos de trabajo, ya que ausentarse sin causa justificada constituye un incumplimiento de contrato. Las empresas, recordó, están facultadas para aplicar descuentos salariales o incluso realizar despidos justificados ante el incumplimiento de las obligaciones laborales.
Consultada sobre los proyectos de construcción, Muñoz indicó que, si bien no están cerrados totalmente, sí hay una disminución en la participación de trabajadores. Algunos proyectos operan con normalidad, mientras otros enfrentan interrupciones por la intervención de los sindicatos. “Este es el reporte que tenemos hasta el momento”, explicó.
La ministra enfatizó que los procedimientos para convocar una huelga están claramente definidos en el Código de Trabajo y pasan por instancias de mediación. En este caso, insistió, no se cumplió con dichos pasos, lo que convierte las movilizaciones en acciones fuera del marco legal y afecta directamente la recuperación económica que el país empieza a experimentar tras años difíciles.
Con un crecimiento del empleo registrado y 46,730 nuevos contratos laborales en enero, según cifras oficiales, Muñoz lamentó que acciones como las del Suntracs detengan el avance económico y social de Panamá. “Paralizas la calle, paralizas las oportunidades de empleo, de educación y de acceso a la salud”, advirtió.
Las amenazas
La ministra reveló que trabajadores le han manifestado su preocupación por la seguridad, temiendo represalias de los sindicatos. “Se sienten amedrentados”, confesó, y advirtió que su administración no permitirá amenazas ni bloqueos que atenten contra los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Respecto a las denuncias de amenazas, Muñoz sostuvo que varias empresas han reportado casos en los que buses del sindicato llegan a las obras para presionar a los trabajadores a sumarse a la protesta. “‘Nosotros queremos trabajar, pero tenemos al dirigente aquí‘, es el tipo de testimonios que ha recibido el Mitradel”, afirmó.
Sobre las acusaciones del Suntracs, que denuncia una supuesta “dictadura” en Panamá, Muñoz fue tajante: “¿Qué es más dictadura? ¿Que un trabajador quiera llegar a su puesto y lo obliguen a subir a un bus, o que un gobierno garantice el libre tránsito?”, cuestionó. Para ella, el verdadero atropello proviene de quienes coartan la libertad de trabajar.
Secuestro de cuentas
La ministra también abordó el tema de las cuentas bancarias cerradas del sindicato, explicando que los problemas financieros son consecuencia de manejos internos y no de acciones del gobierno. Reveló que, ante la solicitud de pagos en efectivo a las empresas, el Mitradel advirtió sobre riesgos de blanqueo de capitales y habilitó mecanismos seguros para el pago de cuotas sindicales.
Muñoz denunció que el Suntracs solicitó pagos en efectivo, incluso dentro de proyectos de construcción o a nombre de particulares, una práctica que considera riesgosa y fuera de la normativa legal. “¿De qué estamos hablando?”, cuestionó, reafirmando la necesidad de transparencia y formalidad en las transacciones.
El impacto
Aunque el Mitradel no ha calculado aún el impacto económico de la actual paralización, la ministra recordó que, históricamente, cada paralización significa la pérdida de aproximadamente mil oportunidades de empleo y hasta 900 millones de dólares en pérdidas no recuperables, afectando gravemente el dinamismo económico del país.
Sobre el tema de la capacitación sindical, Muñoz explicó que, a su llegada al ministerio, se detectaron irregularidades en el manejo de los fondos destinados a formación sindical. Una auditoría interna reveló inconsistencias en el uso de aproximadamente 5 millones de dólares en los últimos cinco años, lo que motivó la solicitud de una auditoría a la Contraloría General de la República.
Finalmente, Muñoz reafirmó que su gestión apuesta por luchas colectivas que beneficien a todos los panameños: reducir el desempleo, mejorar la educación y fortalecer la seguridad. “No podemos seguir peleando por intereses personales de un sindicato. Panamá merece avanzar y evolucionar”, sentenció.
