‘La violencia no es la vía’: Defensoría del Pueblo llama al respeto y al diálogo

La Defensoría del Pueblo de Panamá emitió un llamado público de prevención ante la creciente violencia, el riesgo de enfrentamientos armados y la alteración del orden público en la provincia de Bocas del Toro y zonas de la comarca Ngäbe-Buglé.

A través de este llamado, la Defensoría advirtió sobre una escalada de hechos que amenazan la paz social y la estabilidad democrática, reafirmando su compromiso de mantenerse presente en el terreno, observando, verificando y denunciando cualquier vulneración de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Periodistas agredidos y amenazas a la institucionalidad

Entre los hechos recientes constatados por la entidad se encuentran agresiones físicas, amenazas y la retención ilegal de periodistas de los canales TVN, Telemetro y SERTV por parte de personas encapuchadas. Según el reporte, los atacantes también sustrajeron equipos de trabajo y advirtieron que no se harían responsables si los comunicadores continuaban grabando.

La Defensoría calificó estos ataques como una amenaza directa a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada.

A ello se suman videos difundidos en redes sociales que hacen llamados al uso de machetes y posibles armas letales, además de lanzar amenazas graves contra la vida del presidente de la República y promover expresiones orientadas a suplantar o derrocar al gobierno legítimamente constituido.

Escalada de violencia y posibles consecuencias

La institución expresó su preocupación por la pérdida del carácter pacífico de las protestas y su evolución hacia formas violentas y radicalizadas. En este contexto, identificó un riesgo alto e inminente de enfrentamientos armados entre civiles y fuerzas del orden, con el potencial de dejar víctimas fatales.

Además, advirtió sobre la vulneración múltiple de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, el debido proceso y la seguridad ciudadana. También alertó sobre el riesgo de una respuesta estatal desproporcionada si no se cumple con los principios del uso legal, necesario y diferenciado de la fuerza.

Llamado a autoridades y líderes comunitarios

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo emitió varias recomendaciones institucionales urgentes dirigidas a actores clave del Estado y la sociedad:

• A la Presidencia de la República, reafirmar su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y condenar enérgicamente toda amenaza contra la vida del presidente o intentos de ruptura del orden constitucional.

• Al Ministerio Público, investigar con celeridad y transparencia los actos de violencia, amenazas y retención ilegal de periodistas, así como los llamados a la insurrección armada.

• Al Ministerio de Seguridad, asegurar que las acciones de la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad se apeguen a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

• A la Cacica General, el Congreso General Ngäbe-Buglé, el señor Francisco Smith y la viceministra de Asuntos Indígenas, movilizarse de inmediato a las zonas afectadas para enviar un mensaje conjunto de cese de hostilidades y restauración del diálogo.

• A líderes comunitarios, movimientos sociales y la ciudadanía en general, rechazar los discursos violentos, abstenerse del uso o promoción de armas en las protestas y optar por el camino del diálogo, el respeto mutuo y la construcción pacífica de soluciones.

“La violencia no es la vía. La paz social y la democracia se construyen con respeto a la vida, al diálogo y a la Constitución”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Este fin de semana el Ministerio de Seguridad Pública informó que activó la “Operación Omega”, con el objetivo de restablecer el libre tránsito en la provincia de Bocas del Toro.

Un contingente conformado por unidades de los distintos estamentos de seguridad, acompañado de maquinaria como tractores y otros equipos para remover escombros, se desplazó hacia la región para abrir los puntos que se mantienen bloqueados desde hace más de un mes, en el marco de las protestas contra la reforma a la Caja del Seguro Social.

Getzalette Reyes

Editor