Como parte del proceso legal que enfrenta el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, el fiscal Emeldo Márquez reveló nuevos detalles sobre su presunta implicación en un caso de blanqueo de capitales. Se menciona el uso de fondos del sindicato para cancelar un préstamo personal que el dirigente mantenía con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).
Caballero es señalado por el supuesto delito contra el orden económico, luego de que se detectaran movimientos financieros irregulares relacionados con cuentas bancarias del Suntracs. De acuerdo con la Fiscalía, el 21 de junio de 2024 el dirigente utilizó fondos provenientes del sindicato para pagar una morosidad de $39,252.72 al BDA, mediante cheques de gerencia.
El fiscal Emeldo Márquez detalló que, para justificar la transacción, Caballero habría brindado información falsa al banco sobre la procedencia del dinero, lo que —a juicio del Ministerio Público— constituye un intento por ocultar el origen ilícito de los fondos. Esta maniobra forma parte del expediente abierto por supuesto blanqueo de capitales.
El préstamo en cuestión se remonta a 2015, cuando Caballero obtuvo un financiamiento del BDA por un monto de $850,000. En aquel entonces, la entidad estaba dirigida por Ricardo Alberto Solís, durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela. El destino del préstamo era la compra de tierras para actividades agropecuarias en la provincia de Chiriquí.
De acuerdo con los documentos de la transacción, el préstamo a 25 años fue utilizado para adquirir cuatro fincas en el área de Palmira, en el distrito de Boquete, por un valor total de $497,484. Es decir, al dirigente sindical le quedó un remanente de más de $350,000, cuyo uso no ha sido aclarado por completo en el proceso. El monto duplicaba el valor de las tierras.
A pesar del destino agrícola declarado, el expediente fiscal sostiene que, en 2024, Caballero utilizó dinero del sindicato para cubrir un atraso con el BDA. Esto reavivó las dudas sobre el verdadero origen y manejo de los fondos tanto del préstamo como de las cuentas del Suntracs.
Según las escrituras inscritas en el Registro Público, dos de las fincas adquiridas por Caballero costaron $100,000 cada una, una tercera $150,000, y la cuarta $147,484, para un total de cuatro propiedades que suman 12 hectáreas de tierra.
En los mismos documentos registrales, el deudor planteaba como respaldo del préstamo una producción agrícola compuesta por 12.5 hectáreas de café, con un rendimiento estimado de 40 quintales por hectárea, y un cultivo en invernadero de 0.85 hectáreas de pimentón, con un rendimiento de 3,000 quintales por hectárea. Además, declaró contar con un equipo de invernadero de estructura metálica, valorado en $255,000.
Durante el proceso legal, Caballero argumentó que las fincas eran parte de una herencia familiar. Sin embargo, las escrituras que aparecen en el Registro Público contradicen esa versión: las propiedades fueron adquiridas en 2015 mediante el préstamo concedido por el BDA, cuyo saldo parcial fue cubierto años después con fondos que hoy están bajo sospecha de haber sido desviados del sindicato.
Otros detalles
La investigación contra el dirigente sindical se originó tras una alerta roja emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que detectó movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias y en las del Suntracs.
Así lo explicó el fiscal Márquez, quien indicó que, tras recibir el reporte, el Ministerio Público ordenó una serie de diligencias en bancos locales y entidades regulatorias para rastrear el origen y destino de los fondos manejados por Caballero, tanto en su esfera personal como a nombre del sindicato.
Durante la audiencia de control, la jueza Meylin Jaén declaró legal la aprehensión del dirigente, al considerar que no se vulneraron sus garantías constitucionales en el momento de su detención. Con base en esa decisión, el proceso judicial avanzó hacia la etapa de formulación de cargos, en la que la Fiscalía sustentó su tesis sobre un presunto esquema de blanqueo de capitales en el que convergen intereses personales y recursos sindicales.
