Los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) — Saúl Méndez, Erasmo Cerrud, Genaro López y Jaime Caballero — enfrentan diversos procesos judiciales que aún no se definen. ¿Cuál es la situación legal actual de cada uno de ellos?
En el caso de Méndez, secretario general del Suntracs, permanece desde el 21 de mayo en la Embajada de Bolivia en Panamá, donde solicitó asilo político alegando persecución y amenazas tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada.
Las acusaciones incluyen estafa agravada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, asociación ilícita y prevaricato, en una investigación que también involucra a otros dirigentes del sindicato.
Aunque Méndez permanece bajo protección diplomática, el canciller Javier Martínez-Acha detalló el pasado 1 de julio que, hasta ahora, Bolivia no ha presentado formalmente la solicitud de asilo territorial. “Cuando la envíen, se lo diremos al presidente inmediatamente [José Raúl Mulino] para tomar la decisión”, declaró.
En lo que corresponde a Cerrud, secretario de Defensa del Suntracs, se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá desde el 18 de junio, luego de que la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada emitiera una orden de aprehensión en su contra por presunta estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La Policía Nacional llegó a ofrecer una recompensa de 10 mil dólares por información que permitiera su captura.
Días después, el Gobierno nicaragüense le concedió asilo político, alegando persecución por motivos sindicales. Sin embargo, el dirigente aún no ha podido salir del país: “Sobre el caso de Cerrud no hemos tomado decisión”, respondió el canciller también el pasado 1 de julio, al ser consultado sobre el salvoconducto solicitado por la Embajada de Nicaragua para permitir su traslado a Managua.
Otros casos
Sobre el caso López, dirigente histórico del Suntracs, enfrenta una compleja situación jurídica tras ser imputado por presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad de documentos y asociación ilícita. Los cargos están relacionados con un acuerdo extrajudicial firmado en 2012 entre el sindicato y la empresa Pillar Construction, que redujo significativamente los pagos a trabajadores afectados por un conflicto laboral en Bastimentos, Bocas del Toro.
Tras la querella presentada por extrabajadores, la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada emitió una orden de aprehensión el 21 de mayo de 2025, y López se presentó voluntariamente al día siguiente. Un juez dictó detención provisional, pero el 5 de junio el Tribunal Superior de Apelaciones revocó esta medida y ordenó su arresto domiciliario con brazalete electrónico y prohibición de salida del país.
López, de 70 años, permanece en su residencia mientras continúa el proceso judicial, que aún está en investigación y podría incluir nuevas pruebas durante los próximos seis meses.
En cuanto a Caballero, dirigente chiricano del Suntracs, enfrenta una dura batalla legal tras ser imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y otros ilícitos financieros. Fue aprehendido en Chiriquí el 14 de mayo de 2025 y trasladado a la ciudad de Panamá, donde un juez le impuso detención provisional por seis meses.
La Fiscalía acusa a Caballero de utilizar fondos del sindicato para gastos personales y familiares, además de presentar documentos falsificados para justificar estas operaciones. También se le vincula con transferencias de dinero a su hija para cubrir gastos personales.
Actualmente, Caballero permanece recluido en el penal de máxima seguridad La Gran Joya, mientras el proceso judicial sigue su curso.
La defensa del Suntracs
El abogado del Suntracs, Antonio Vargas, denunció que los casos de los dirigentes Saúl Méndez y Erasmo Cerrud siguen atrapados en un “limbo jurídico y diplomático”.
Mientras tanto, sobre el proceso contra Genaro López, Vargas aseguró que presentarán nuevos peritajes para desmontar la acusación de estafa y blanqueo. “El préstamo fue otorgado por una cooperativa, no hubo delito. Esa evidencia debe permitirnos solicitar una revisión de la medida cautelar”, explicó.
En el caso de Jaime Caballero, el abogado cuestionó la competencia territorial del Ministerio Público que lleva el expediente. “Los hechos que se le imputan ocurrieron en Chiriquí, así que no solo debe estar detenido allá, sino que el proceso debe ser llevado por la fiscalía de esa región”, afirmó.
Caballero enfrenta una imputación por un presunto delito financiero, pero Vargas sostiene que no se configuran los elementos del tipo penal. “En los delitos financieros debe existir una entidad bancaria o financiera como víctima, y en este caso nadie ha dicho que fue engañado por el préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo Agropecuario”, argumentó.
La Cancillería fue consultada por este medio sobre posibles actualizaciones en los casos de Méndez y Cerrud, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta oficial.
