Representantes del Órgano Ejecutivo siguen reunidos con dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Banano (Sitraibana), en un intento por destrabar el conflicto en la provincia de Bocas del Toro, donde hay varios puntos de cierre que mantienen incomunicada a la región.
El encuentro, que arrancó al mediodía de este lunes 12 de mayo, busca atender las demandas del sindicato, que exige la derogación de la Ley N.º 462 del 18 de marzo de 2025. Esta reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) ha sido cuestionada por los trabajadores bananeros, quienes consideran que afecta sus derechos adquiridos y compromete su acceso a prestaciones.
La comisión gubernamental está integrada por Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; y Dino Mon, director general de la Caja de Seguro Social.
Hasta el momento, no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo en la reunión a puerta cerrada. Por el sindicato está su secretario general, Francisco Smith.
De hecho, en horas de la tarde, un grupo de trabajadores se congregó en las inmediaciones del aeropuerto de Changuinola, donde corearon consignas en rechazo a la reforma de la CSS. La tensión fue en aumento, pero no llegó a mayores gracias a la intervención del propio secretario general del sindicato, quien actuó como mediador para calmar los ánimos.
Explicación de la CSS
Por su parte, Francisco Bustamante, asesor de la Caja de Seguro Social (CSS), desestimó los temores que han motivado las protestas recientes por parte de los trabajadores bananeros, al asegurar que la Ley 462 no elimina los beneficios especiales que establece la Ley 45 de 2017.
Según explicó, ambas normas coexisten sin contradicción alguna, ya que la ley más reciente reconoce y respeta el régimen particular creado para ese sector. “La nueva ley los incorpora dentro de su texto. No hay ningún cambio que les perjudique”, afirmó Bustamante durante una entrevista en la que abordó las inquietudes expresadas por el sindicato.
Desde una perspectiva legal, Bustamante subrayó que el principio de hermenéutica jurídica establece que, cuando hay normas generales y normas específicas, prevalecen las específicas, a menos que la general disponga expresamente lo contrario. “Eso es lo que ocurre con los maestros, por ejemplo, y también con los bananeros. La Ley 45 es especial y posterior a la ley general de 2005; por tanto, sigue vigente”, sostuvo.
En su opinión, la desconfianza entre los trabajadores ha sido alimentada por una interpretación errónea del texto legal.
Controversia
Uno de los puntos de mayor controversia es la aparente diferencia entre los artículos que regulan el subsidio por enfermedad. Mientras la Ley 45 exige que la enfermedad cause al menos un 50 % de incapacidad para que el trabajador tenga derecho al 80 % del salario, la Ley 462 omite esa condición. Esto, lejos de representar un retroceso, significa una mejora, según Bustamante: “Ahora basta con que haya una incapacidad. No importa si es del 10 %, 20 % o 40 %. El derecho al subsidio se mantiene”.
El asesor reiteró que esa eliminación del umbral mínimo de incapacidad favorece a los trabajadores, ya que evita que queden desprotegidos por diagnósticos que no lleguen al 50 % requerido anteriormente. “En la práctica, si no puedes trabajar, no importa si estás al 30 % o al 60 %, igual estás incapacitado. Es injusto que antes solo tuvieras derecho si llegabas a cierto porcentaje”, dijo. A su juicio, se trata de un avance en la protección social que beneficia a los empleados de las bananeras sin comprometer la sostenibilidad del sistema.
Bustamante también aclaró que la ley general no sustituye ni deroga las normas especiales, a menos que así lo establezca de forma explícita, lo cual no ocurre en la Ley 462. “La ley no dice en ningún momento que deroga la 45 ni ninguna otra especial. Por eso me preocupa la desinformación que está generando alarma innecesaria entre los trabajadores”, expresó. El funcionario insistió en que no hay motivo legal ni técnico para pensar que se les ha despojado de sus derechos adquiridos.
Para Bustamante, las protestas de los trabajadores responden más a una mala interpretación del nuevo marco legal que a una amenaza real a sus beneficios. “Están siendo confundidos. Es legítimo que se preocupen, pero no hay base jurídica para pensar que han perdido derechos. Al contrario, el nuevo texto mejora sus condiciones”, concluyó.
Mientras tanto, la CSS mantiene su posición de que los derechos de los bananeros se encuentran plenamente garantizados bajo la nueva ley.
