Martinelli le lanza combustión al fuego. En medio del clima social y político que vive Panamá, producto de las protestas de grupos organizados por el proyecto de ley 163 que reforma la Ley 51 orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), y pese a que el presidente José Raúl Mulino habló de “poner orden” para evitar que las embajadas sean usadas como centros políticos, el expresidente de la República agita a sus seguidores a través de redes sociales.
El pasado sábado 15 de febrero, el exgobernante, atrincherado en la Embajada de Nicaragua y sin facultad legal para hacer política, pagó un anuncio en X en el que usó una metáfora bélica y etiquetó a su partido Realizando Metas para darle visibilidad a una actividad de uno de los gremios que avivan los reclamos. “Los profesores y maestros sonando los tambores de guerra. Hay que evitar todas las confrontaciones @somosrmpa”, se lee en la publicación, que está acompañada por un video en el que se observan escenas de la asamblea general de la Asociación de Educadores Veragüenses.
“¿Por qué alguien pautaría para que esto salga continuamente? Aquí pensando”, preguntó Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, en la misma red social.
En Instagram, Martinelli también compartió un video en el que se ve a un grupo de indígenas caminando entre las montañas. “Bajando de la montaña”, dice en el clip, tal vez sugiriendo que este grupo se uniría a otros que han protestado en las calles contra las reformas a la CSS. ¿Busca el expresidente mantener relevancia política y avivar el descontento social desde su refugio en la Embajada de Nicaragua?
En julio de 2022, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, grupos indígenas se unieron a asociaciones de educadores, sindicalistas y otros sectores sociales para cerrar las principales vías del país en protesta por el alza del combustible y de la canasta básica de alimentos. Un panorama similar ocurrió en octubre y noviembre de 2023 en contra de la minería.
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Ricardo Martinelli, condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, también publicitó por estos días otro mensaje en X con la siguiente frase: “El país necesita paz y yo necesito justicia”.
Además de quejarse de su situación legal, el expresidente también ha cuestionado su situación jurídica. Incluso ha alabado el perfil del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a su amenaza de retomar el control del Canal de Panamá.
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En diciembre pasado, el presidente José Raúl Mulino reveló que había instruido al canciller Javier Martínez Acha para que presentara un reclamo al Gobierno de Nicaragua por las actividades políticas de Martinelli en la embajada nicaragüense en Panamá.
Mulino expresó su intención de “poner un poco de orden” y garantizar el cumplimiento de los convenios de asilo. Además, destacó que el objetivo es evitar que “ni esa [la de Nicaragua] ni ninguna otra embajada se convierta en un centro político”. Días después, Consuelo Sandoval Meza, entonces embajadora de Nicaragua, renunció al cargo.
El tema volvió al debate el pasado 30 de enero, cuando Mulino dijo que en los próximos días conversaría con Jessica Yaoska Padilla Leiva, nueva embajadora de Nicaragua en Panamá, sobre darle el salvoconducto al expresidente para que se traslade al país centroamericano.
“En los próximos días, creo que mañana, sino la otra semana, la nueva embajadora de Nicaragua presentará credenciales ante el canciller. Ahí se hablarán muchos temas que no se podían abordar con la anterior. Ahora lo vamos a hablar. El salvoconducto es uno de ellos”, afirmó Mulino.
A Jessica Yaoska Padilla Leiva, embajadora designada, se le ha visto reunida en Panamá con diplomáticos de Cuba y Rusia. Sin embargo, se desconoce su estatus.
Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli y diputado de RM, ha dicho que el exgobernante quiere quedarse en Panamá, pero no dentro de una embajada.
