El 1 de junio de 2025, México celebró una elección inédita, compleja y polarizante, marcada por numerosos vacíos legales e irregularidades. Por primera vez en su historia, la ciudadanía fue convocada a votar directamente para elegir a 881 magistrados y ministros federales, así como a alrededor de 1,600 cargos judiciales locales, incluyendo la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (9) y del nuevo Tribunal de Disciplina (5); un proceso sin precedentes a nivel mundial.
Presentado por el oficialismo como un paso decisivo hacia la “democratización del Poder Judicial” —bajo el argumento de facilitar el acceso a la justicia y combatir la corrupción y la impunidad—, este experimento, más que avanzar en la dirección propuesta por Morena (el partido oficial), representa una peligrosa captura de la justicia que amenaza la división de poderes y debilita tanto el Estado de derecho como la ya frágil democracia del país.
El dato clave fue el bajísimo nivel de participación: apenas un 13% del padrón acudió a las urnas. Más grave aún: según el INE, el 10.81% de los votos fueron nulos, mientras que el 12.04% de los recuadros fueron dejados en blanco (es decir, un total del 22.85%), reflejando desinformación, apatía o un rechazo abierto al proceso. Con un 87% de abstención, las expresiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó las elecciones como un “éxito” y a México como “el país más democrático del mundo”, resultan risibles. Lo que realmente ocurrió el pasado domingo fue una “derrota moral” para Morena y su absurda propuesta.
Un proceso diseñado para favorecer al partido oficialista
En una nación con profundas desigualdades y niveles preocupantes de violencia e impunidad, el acceso a una justicia imparcial e independiente es clave para garantizar el Estado de derecho. Sin embargo, los estándares internacionales —como los de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros— exigen que ese acceso esté blindado frente a influencias externas: políticas, económicas y del crimen organizado.
Aunque la normativa prohibía candidaturas partidarias y avales políticos explícitos, el proceso estuvo plagado de irregularidades. Morena, el partido en el poder, controló dos de los tres comités encargados de validar y vetar a los candidatos. En las boletas de votación se indicaba cuál comité había aprobado cada postulación, sirviendo como una guía indirecta para los votantes leales al oficialismo. Además, en los días previos a la elección, operadores morenistas distribuyeron listas —conocidas como “acordeones”— que contenían los nombres de los candidatos afines, simulando una boleta paralela. Este hecho ha sido duramente criticado por analistas, actores políticos de la oposición y observadores internacionales, y actualmente es objeto de una investigación, ya que, de comprobarse, estaríamos ante un grave delito de inducción o incluso de coacción del voto.
El resultado no sorprendió: los nueve puestos en la Suprema Corte serán ocupados a partir del 1 de setiembre de 2025 por personas cercanas al partido de gobierno, como Hugo Aguilar Ortiz —indígena de origen mixteco vinculado al expresidente López Obrador— y María Estela Ríos González, ex consejera jurídica de AMLO. También fueron reelectas tres magistradas en funciones previamente designadas por López Obrador y que, en la mayoría de sus decisiones, han respaldado las reformas del oficialismo. Ningún juez o jueza independiente en ejercicio logró conservar su cargo. La independencia judicial fue, sin duda, la gran perdedora de la jornada.
Una deriva hegemónica que revive los fantasmas del PRI
Con un Congreso con mayoría calificada en ambas Cámaras, más de dos terceras partes de las gobernaciones en manos de Morena y sus aliados, y ahora el control de la Suprema Corte, Sheinbaum se encuentra al frente de un poder cuasi hegemónico. El oficialismo ha desmantelado en los últimos años muchos de los contrapesos institucionales que garantizaban el equilibrio democrático: debilitó al Instituto Nacional Electoral (INE), desfinanció a organismos autónomos y, con la captura del Poder Judicial, ha cerrado el círculo.
Como consecuencia de este proceso de acelerada acumulación de poder, numerosos analistas han comenzado a comparar esta nueva configuración con el viejo régimen del PRI, que durante décadas gobernó México con puño de hierro y sin contrapesos reales.
Riesgos para el Estado de derecho, la democracia pero también para la economía
Pero esta concentración de poder en un solo partido no solo debilita el Estado de derecho y la calidad de la democracia, sino que también envía señales preocupantes en materia de inversión y seguridad jurídica. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el nuevo sistema judicial podría desalentar tanto la inversión nacional como la extranjera. Peor aún, la opacidad del proceso y sus resultados podrían constituir una violación a los principios de certeza jurídica y separación de poderes establecidos en el T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), lo que otorgaría a Trump un instrumento adicional de presión sobre México en futuras revisiones del acuerdo.
Además, existe un riesgo no menor: que el nuevo sistema judicial, particularmente a nivel local, sea cooptado no solo por intereses políticos, sino también por redes criminales. Ya se han identificado más de 15 candidaturas con vínculos comprobados con grupos delictivos. La puerta ha quedado abierta para que el crimen organizado y los poderosos cárteles del narcotráfico —como ya lo han hecho con gobiernos municipales— extiendan su influencia a las cortes locales.
Conclusión: OEA desaconseja replicar este modo de elección en otros países
La elección del Poder Judicial mexicano, impulsada bajo el argumento de acercarlo al pueblo, ha terminado por consolidar una peligrosa captura institucional. No hay democracia posible sin una verdadera separación de poderes, sin jueces independientes y sin garantías efectivas de una justicia imparcial. Lo ocurrido en México no representa un avance democrático, sino un retroceso de proporciones alarmantes. En efecto, esta elección, lejos de fortalecer dicha institucionalidad, ha sembrado profundas dudas sobre su futuro.
Frente a esta deriva autoritaria, resulta urgente que la comunidad internacional, la sociedad civil mexicana, los sectores académicos y empresariales, e incluso aquellos simpatizantes del oficialismo que aún creen en la importancia de los contrapesos institucionales, alcen la voz y defiendan con firmeza la independencia judicial. Porque sin un Poder Judicial autónomo, México no será —como afirma la presidenta Sheinbaum— “el país más democrático del mundo”, sino una nación que avanza de forma acelerada y peligrosa hacia el autoritarismo.
Resumiendo: Las irregularidades que afectaron este proceso son tan numerosas que varios legisladores y analistas —entre los cuales me incluyo— están solicitando una reflexión seria y profunda sobre lo ocurrido, así como una contrarreforma o incluso la nulidad del proceso. No cabe duda de que la justicia mexicana —gravemente afectada por problemas estructurales— necesita una reforma urgente y profunda, pero lo que se ha implementado dista mucho de ser la solución. Este modelo no solo no fortalece al Poder Judicial, sino que lo somete aún más al control político del gobierno de Morena.
Como bien lo advirtió la Misión de Observación Electoral de la OEA en su riguroso, objetivo y crítico informe preliminar del pasado viernes 6 de junio: “La Misión no recomienda que este modo de selección de jueces se replique en otros países de la región.” La advertencia es clara. Y contundente.
Como era previsible, el gobierno mexicano rechazó de inmediato el informe, argumentando que “una misión de observación electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre cómo un país elige a su Poder Judicial, y mucho menos para emitir juicios de valor que exceden sus atribuciones”.
A buen entendedor, pocas palabras.
El autor es director-editor de Radar Latam 360
