Las regalías que corresponden al Estado panameño por la exportación del concentrado de cobre residual de la mina Cobre Panamá, entre junio y julio de 2025, no han sido cobradas ni calculadas.
Así lo informó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, que este martes 14 de octubre compareció a una citación en la Comisión Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional (AN).
Moltó respondió un cuestionario elaborado por los diputados que pertenecen a esa comisión, en el que se incluyeron preguntas sobre los fundamentos legales para la exportación de concentrado de cobre, luego de que en noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el Contrato Ley 406 de 2023, pactado entre el Estado y Minera Panamá S.A., filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para la explotación de minerales en Donoso, Colón.
Se trata de 130,834 toneladas de concentrado de cobre que no podían ser almacenadas por un largo periodo de tiempo, ya que se trata de material potencialmente tóxico.
El mineral residual fue exportado entre junio y julio de 2025.
Moltó aseguró que ese material fue extraído antes del fallo de que declaró la inconstitucionalidad de la concesión, por lo que argumentó que las ganancias de su exportación y comercialización corresponden a la empresa.
Al Estado, en cambio, sí le corresponde recibir regalías, pero esto tampoco se ha cobrado. El ministro señaló que está esperando información de la empresa para hacer el cálculo.
“En este momento, hemos exigido a la empresa la entrega de la documentación e información comercial correspondiente ante el ministerio para permitir el cálculo, verificación y posterior cobro de las regalías por parte del Estado panameño”, dijo Moltó.
Moltó argumentó que a través de una auditoría realizada en 2024 -por la empresa SGS Panama Control Services, que a día de hoy también esta a cargo de la auditoría integral del proyecto- se determinó que el ahora exportado concentrado de cobre había sido extraído antes de la declaración de inconstitucionalidad. Inicialmente se calculó que había 128 mil toneladas almacenadas, pero finalmente la cifra terminó en casi 131 mil toneladas.
Ante cuestionamientos de la diputada Alexandra Brenes, Moltó apuntó que “todo se dio en el marco de la ley y con transparencia”.
Durante la sesión, también se hicieron cuestionamientos sobre los arbitrajes internacionales que inició la empresa FQM y sus asociados contra el Estado panameño.
Arbitrajes
En lo que respecta a los arbitrajes internacionales que enfrenta el Estado por haber cesado el contrato con Minera Panamá tras el fallo de inconstitucionalidad, Moltó aseguró que tres fueron suspendidos y uno fue desestimado de manera definitiva.
Los arbitrajes internacionales relacionados con la mina suman en total $27 mil millones, según explicó el ministro Moltó.
De ese monto, $20 mil millones corresponden al proceso abritral iniciado por First Quantum Minerals (FQM); $2 mil millones a uno presentado por Korean Mine Rehabilitation and Mineral Resources (KOMIR), accionista de FQM; y $5 mil millones al de Franco-Nevada Corporation, financiador del proyecto. De acuerdo al ministro, todos están suspendidos.
En tanto, un reclamo adicional por $2 mil millones promovido por Minera Panamá S.A. fue desestimado, de acuerdo con Moltó.
La firma de abogados que representa al Estado es Hughes Hubbard & Reed. Según Moltó, todavía no se le han cancelado sus honorarios, que son por $4 millones.
¿Qué acordó el Estado con FQM para la suspensión de los arbitrajes?
Ese fue uno de los cuestionamientos que realizó el diputado Jhonathan Vega al ministro.
Moltó se limitó a decir que nadie del Ejecutivo se reunió con FQM para acordar la terminación de los arbitrajes. Por el contrario: el ministro aseguró que la empresa suspendió los arbitrajes luego de que Mulino informara al país, en conferencia de prensa, que esa era una condición para negociar qué hacer con el área de concesión.
En dos de los tres arbitrajes que no se han sido desetimados se conformaron los respectivos paneles arbitrales, pero en el Mici sostienen que eso no significa que los reclamos se han reactivado.
Evasiones
El ministro evitó responder directamente a los diputados si el Estado panameño buscaría nacionalizar la mina a futuro o si se busca una figura conjunta entre el Estado y empresas privadas para reactivar la explotación.
Agregó que cuando se tengan los resultados de la auditoría integral de la mina, para la que ya fue contratada la empresa SGS Panama Control Services, el gobierno tomará una decisión sobre el futuro del proyecto.
