Los ministros de Estado salieron este lunes 5 de mayo en conferencia de prensa a explicar su visión en torno a los temas que han motivado las protestas en el país: reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), mina y la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos (EUA).
El canciller, Javier Martínez Acha, fue uno de los que habló. Aseguró que el memorando entre Panamá y Estados Unidos no compromete la soberanía nacional, ni implica la instalación de bases militares o cesión territorial.
“Hoy venimos a decir la verdad: estamos frente a una campaña de desinformación que ha circulado en los últimos días, alimentada por sectores con fines políticos y oportunistas que buscan generar confusión e inestabilidad”, declaró el canciller en la conferencia, acompañado de los ministros Juan Carlos Orillac, de Presidencia; Jackeline Muñoz, de Trabajo; Dinoska Montalvo, de Gobierno, Frank Ábrego, de Seguridad, y Julio Moltó, de Comercio e Industrias.
De forma categórica, Martínez Acha aseguró que “nuestra soberanía no ha sido vulnerada, en ningún momento, ni lo será”.
Explicó que el memorando reafirma la cooperación bilateral en materia de seguridad, una relación que ha sido histórica y sostenida a través de distintos gobiernos desde 1990, sin que ello haya implicado la pérdida de control nacional sobre ningún territorio.
“El memorando no implica bases militares, ni presencia permanente de fuerzas extranjeras. Se trata exclusivamente de cooperación temporal para labores de seguridad y entrenamiento, bajo control total del Ministerio de Seguridad de Panamá”, enfatizó.
Aclaró que el documento no viola la Constitución ni el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. “El Canal solo se menciona una vez, para reafirmar el respeto al protocolo de neutralidad”, indicó.
Martínez Acha sostuvo que todas las instalaciones utilizadas para las actividades conjuntas seguirán siendo propiedad de Panamá y que cualquier presencia de personal estadounidense será temporal y solo con autorización expresa de las autoridades panameñas.
Además, informó que el memorando contempla la posibilidad de ser terminado unilateralmente por Panamá en cualquier momento, con solo notificarlo seis meses antes.
El canciller también se refirió al manejo mediático del tema por parte de sectores dentro de Estados Unidos, señalando que ha afectado el “espíritu de buena fe” con el que Panamá aceptó cooperar.
“El escenario internacional ha cambiado drásticamente desde el 20 de enero, cuando entró el nuevo gobierno en Estados Unidos. Panamá debe actuar con prudencia para evitar exponerse innecesariamente a consecuencias geopolíticas adversas”, subrayó.
Pidió a los panameños no dejarse llevar por “provocaciones basadas en falsedades” de sectores de oposición.
Por su parte, Orillac se refirió a la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social. Señaló que los sectores que se han manifestado en las calles en los últimos días “simplemente se oponen por oponerse” y que, si llegasen a sentarse a una mesa de diálogo, debe ser “de forma seria y sin mentirle al país”.
Afirmó que algunos grupos han replicado falsedades en las últimas semanas, como la idea de que los trabajadores bananeros serían afectados por la reforma.
El ministro aseguró que este sector mantiene los mismos beneficios y que sus jubilaciones no serán afectadas.
En cuanto a los docentes, indicó que tampoco verán cambios negativos. Explicó que de los 38 mil educadores del país, 10 mil están bajo el sistema definido de jubilación y conservarán sus beneficios, mientras que el resto está bajo el sistema mixto, el cual —según dijo— mejorará sus pensiones con las reformas.
Agregó que también es falso que se haya aumentado la edad de jubilación. “Estamos, como ministros de Estado, dando la cara, mostrando nuestra verdad y desmintiendo a dirigentes”, expresó.
Por su parte, la ministra Muñoz afirmó que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción se ha dedicado a “impedir que el progreso llegue al país”. Señaló que actualmente hay varias obras públicas importantes detenidas, como la Línea 3 del Metro.
En tanto, el ministro Moltó aseguró que la mina de cobre permanece cerrada. “La mina es de los panameños. La mina sigue cerrada”, afirmó.
Explicó que este sería el segundo tema que abordaría el gobierno, pero que el presidente José Raúl Mulino ha dejado claras las condiciones necesarias para retomar el diálogo: la suspensión de los arbitrajes por parte de la empresa Minera Panamá (Cobre Panamá).
“Hasta ahora, nadie se ha reunido con la empresa. Estamos siendo transparentes de cara a la población. No hay nada oculto”, agregó.
Este lunes, ciudadanos convocados por el movimiento Sal de las Redes se concentraron una vez más en la cinta costera para protestar contra la administración de Mulino. Más temprano, miembros del Suntracs y docentes marcharon por la vía España.
