“Una transacción de estas no se logra en dos días”. Así lo expresó el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, al referirse a la reciente compra del conglomerado hongkonés CK Hutchison por parte de la gestora de fondos estadounidense BlackRock.
La operación, valorada en casi 23 mil millones de dólares, incluye la transferencia de la concesión de los puertos panameños de Balboa y Cristóbal, a orillas del Canal de Panamá.
El anuncio se produce en medio de las tensiones entre Panamá y Estados Unidos debido a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de retomar el control de la vía interoceánica, alegando que su operación está en manos de China, asunto que el gobierno panameño y la Autoridad del Canal de Panamá niegan rotundamente.
¿Qué implica el cambio de control en los puertos panameños?
Telemetro entrevistó Moltó este jueves 6 de marzo. Le consultaron: ¿cuándo se enteró el gobierno de esta transacción? Respondió que es una decisión privada y que el papel del gobierno es garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales. No obstante añadió que la concesión de los puertos no es un simple activo comercial: su administración impacta directamente en la competitividad de Panamá como hub logístico global.
El ministro recordó que el presidente José Raúl Mulino se reunió en Davos, Suiza, con uno de los dueños de Mediterranean Shipping Company (MSC). La cita se dio el 23 de enero de este año. El mandatario se reunión con Diego Aponte, presidente y CEO de MSC.
MSC es filial de Terminal Investment Limited (TIL), unas de las compañías que participa en el acuerdo de compra de CK Hutchison.
En la reunión también estuvo Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, y se discutieron los intereses estratégicos de MSC en Panamá y su plan de colaboración con el Gobierno en áreas clave como inversiones en infraestructura logística, transporte intermodal, así como la implementación de innovaciones tecnológicas en puertos.
La auditoría
Actualmente, la Contraloría General de la República audita a Panama Ports Company (PPC), operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, para verificar el cumplimiento de sus compromisos contractuales, incluyendo el pago al Estado y la presentación de informes financieros precisos. La auditoría, iniciada el 20 de enero, añade un nivel de escrutinio a la operación y podría influir en la aprobación final del traspaso.
El contrato de concesión establece que PPC puede ceder sus derechos a empresas registradas en Panamá, pero si la cesión es a una firma no vinculada, se requiere autorización del Consejo de Gabinete. Este es un punto clave, ya que el gobierno deberá decidir si la venta a BlackRock cumple con los requisitos establecidos o si se imponen condiciones adicionales.
Factores de tiempo y riesgo regulatorio
Consultado sobre si los trámites administrativos permitirán que la transacción se complete antes de abril, Moltó afirmó que BlackRock tiene “todas las condiciones bien analizadas” y que el proceso pasará por las instancias gubernamentales necesarias. “Definitivamente hay tiempo”, señaló el ministro.
Añadió que el presidente José Raúl Mulino tomará las decisiones necesarias, incluyendo llevar el proyecto a gabinete.
El ministro destacó la operación como una señal de confianza en la estabilidad económica del país. Sin embargo, el tema va más allá, el acuerdo no solo reconfigura la dinámica de poder en el sector logístico, sino que también pone a prueba la capacidad del Estado panameño para regular y fiscalizar concesiones estratégicas en un entorno de creciente presión internacional.
Las demandas
En Panamá, la relación de CK Hutchison con el gobierno ha sido duramente cuestionada. La empresa opera los puertos de Cristóbal y Balboa, y su contrato de concesión fue extendido por 25 años sin mejoras en las condiciones para el país, a pesar de que la decisión se tomó después de la expansión del Canal de Panamá y en medio de dudas sobre la transparencia de la compañía.
Actualmente, existen dos demandas pendientes:
Una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato de concesión.
Una demanda contencioso-administrativa en la Corte Suprema contra la prórroga a la concesión portuaria.
