A pesar del acuerdo firmado en la Asamblea Nacional para el levantamiento de los cierres en Bocas del Toro, más de 20 puntos de la provincia seguían bloqueados la mañana de este jueves 12 de junio, según denunció el presidente José Raúl Mulino.
“Esa es la realidad al día de hoy”, dijo el mandatario al señalar, en una conferencia de prensa, que en sectores como Almirante y Chiriquí Grande los cierres están siendo sostenidos por educadores, no por obreros bananeros, y que estos han desconocido el compromiso suscrito por el dirigente Francisco Smith.
Mulino anunció que el Gobierno procederá a reabrir todos los puntos de bloqueo, con apoyo de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). “Se acabó el relajo aquí”.
Bocas del Toro no va a seguir secuestrada ni por Smith ni por los educadores”, advirtió. Aseguró que el operativo se ejecutará con “la mayor cautela del mundo” para evitar confrontaciones, pero fue claro en que no se permitirá que los bloqueos se mantengan tras los acuerdos alcanzados.

El presidente también anunció la decisión de custodiar las instalaciones de la empresa Chiquita, tras recibir información sobre posibles intentos de ocupación por parte de manifestantes. “No podemos permitir eso”, afirmó con énfasis. Recordó que las empacadoras y tierras de producción aún pertenecen legalmente a la empresa, bajo una concesión otorgada por el Estado, y que cualquier intento de tomar esas instalaciones constituye un delito que no será tolerado.
Con un tono más enérgico que en apariciones previas, Mulino recalcó que el país ha sido testigo de la paciencia del Gobierno frente al prolongado conflicto. “Ya está bueno. Hemos demostrado paciencia, mesura y consideración”, subrayó, al tiempo que insistió en que Bocas del Toro no puede quedar al margen del proceso de reapertura que se ha iniciado en otras regiones del país, incluyendo Darién.
“Ya se echaron la provincia en un mes, acabaron con la provincia y todavía quieren terminar de acabar con lo que queda. No, señor, ya está bueno.”
El mandatario también respondió a quienes podrían acusarlo de actuar con dureza. “A lo mejor ahora yo soy el represor”, ironizó. “Pero nadie puede quitarle al Gobierno Nacional la capacidad de espera y de contemplación con este señor Smith, que ha delinquido y ha cometido delitos tipificados en el Código Penal, y aun así se le ha tolerado como vocero importante”, sostuvo.

Recordó que Smith firmó los acuerdos, y que la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, ya presentó un proyecto de ley para atender los reclamos del sector bananero, el cual está siendo considerado por la Asamblea.
Futuro con Chiquita
Además, Mulino descartó cualquier tipo de negociación entre su Gobierno y la empresa Chiquita Brands para reincorporar a los trabajadores despedidos en Bocas del Toro, en medio de la crisis generada por bloqueos y protestas en esa provincia.
“No tenemos ninguna intención, ni se está haciendo ninguna gestión con Chiquita para que vuelvan a emplear a los trabajadores destituidos”, expresó el mandatario durante una declaración pública. También negó que el Estado vaya a asumir las pérdidas millonarias que ha enfrentado la empresa por la paralización de actividades.
Mulino criticó duramente a quienes, según él, propiciaron el caos con la expectativa de que el Gobierno interviniera económicamente a favor de los afectados. “Este no es el momento de hacer esas reflexiones, y si se rifaron acabar con Bocas del Toro, como en efecto ha pasado, se equivocaron de Gobierno”, advirtió.

Afirmó que no repetirá acciones de administraciones anteriores, que —a su juicio— intervinieron para cubrir los efectos de conflictos laborales y restablecer empleos en condiciones insostenibles.
El presidente subrayó que su administración mantendrá una postura firme frente al conflicto y pidió frenar los rumores sobre supuestas gestiones con Chiquita. “Mi Gobierno no está haciendo ninguna gestión con Chiquita, bajo ninguna perspectiva. Así que, por favor, aclaren el ‘rum rum’: no es verdad”, sentenció Mulino, en referencia a versiones que circulan en la provincia sobre un eventual acuerdo para revertir los despidos.