En plena campaña electoral, los alcaldes del país han cerrado filas y se preparan para iniciar gestiones a favor de un aumento del presupuesto de descentralización para el año 2024, el cual asciende a $182.3 millones.
Eliécer Cortés, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) y alcalde de Macaracas, expresó su intención de solicitar a la Presidencia una reconsideración y modificación al presupuesto de la Autoridad de Descentralización (AND), buscando un incremento de $50 millones.
Cortés argumenta su solicitud destacando la sorpresa ante el presupuesto asignado al renglón de descentralización, considerando que los impuestos recaudados superaron los $200 millones en 2023, y según la ley, deberían reflejar la misma cantidad. No obstante, el presupuesto de la AND sufrió un recorte de $50.4 millones, quedando en $182.3 millones.
El presidente de la Amupa sostiene que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaría incumpliendo con la Ley 66 de 2015, que regula la descentralización en la administración pública. La ley establece que se asignarán a los municipios recursos provenientes de la recaudación del impuesto inmueble estimado, correspondiente al año anterior.
Cortés, en representación de la Amupa, solicitó información al MEF sobre los montos recaudados en impuestos de inmueble en los años 2022 y 2023. Según dijo “La respuesta indicó que en 2023 se recaudaron más de $200 millones.”
La propuesta inicial del MEF contemplaba un presupuesto de $232.7 millones para la AND, destinando $102.6 millones para inversiones. Sin embargo, tras las protestas de noviembre pasado, la ley de presupuesto aprobada asignó $52 millones para este rubro. Carlos González, director del presupuesto, justificó la reducción debido a la paralización de la economía durante las manifestaciones.
A pesar de las advertencias del MEF, los alcaldes han iniciado gestiones, en medio de la campaña electoral, para sostener reuniones con el ministro de la Presidencia, José Simpson, también presidente de la junta directiva de la AND. El objetivo es lograr, mediante traslados de partidas o créditos extraordinarios, que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional les transfiera más fondos a sus municipios.
Eliécer Cortés, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y en busca de la reelección, subraya que la modificación es posible y necesaria para cumplir con la norma.
Durante el gobierno de Laurentino Cortizo, la AND ha tenido dos directores: Francisco Vigil (2019-2022) y Edward Mosley Ibarra (2022 hasta la fecha). Este último ha desafiado la normativa descentralizadora, concediendo fondos adicionales a gobiernos locales afines a diputados del oficialista PRD y otros partidos aliados.
Reportes periodísticos indican que en 2023 se distribuyeron más de $260 millones a través de la denominada descentralización paralela. Un caso reciente involucra el traslado de $136 mil a la Junta Comunal de Curundú, cuyo representante, Senén Mosquera, pertenece al PRD.
Esta transferencia se realizó días antes del inicio oficial de la campaña electoral. La Fiscalía General Electoral lleva a cabo una investigación sobre el traslado de estos millonarios fondos en medio de la campaña para las elecciones del 5 de mayo próximo.
Para Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional de Panamá, si bien seguramente están pagando justos por pecadores, “es de un enorme descaro que la Amupa pida más dinero para los municipios sin que haya hecho una investigación sobre los millones que fueron entregados a los gobiernos locales a través de la descentralización paralela”.
Sostuvo que además la ciudadanía sigue esperando las auditorías que al respecto prometió el contralor de la República, Gerardo Solís, sobre esos fondos.
El abogado Ernesto Cedeño consideró que si el Ejecutivo le dota ese dinero “definitivamente sería como una burla al pueblo que quiere que le solucionen sus problemas”.
Añadió que el Ejecutivo no debería considerar esa solicitud de “estos señores” que buscan es reelegirse. “Muchos de estos representantes son el pulmón de los diputados y como saben que la investigación administrativa por la descentralización paralela la tiene aguantada la Corte Suprema hace ocho meses, por el amparo que presentó el director de descentralización, andan felices”, sostuvo.
Por su parte, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, opinó que esto no se debe permitir bajo las circunstancias actuales donde “no hay verdadera rendición de cuentas de los fondos de la descentralización”.
“En medio de la campaña política esos fondos pueden crear una asimetría que favorezca injustamente a los candidatos que manejen esos fondos; puede ser una injusticia insalvable para los candidatos que sí cumplen las reglas del financiamiento electoral”, destacó.
