Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, reveló este viernes 2 de mayo que recibió una llamada de la Embajada de Estados Unidos en Panamá un día después de firmar una declaración conjunta que cuestiona los acuerdos suscritos entre ambos gobiernos.
Según explicó, el contacto telefónico fue para expresar la incomodidad del gobierno estadounidense ante el contenido del pronunciamiento, firmado el miércoles 30 de abril por un frente multipartidista que denuncia una supuesta violación del Tratado de Neutralidad del Canal y de la Constitución panameña.
“Evidentemente, no estaban contentos con la declaración”, afirmó Lombana, quien reiteró que no se modificará ninguna de las posturas expresadas en el documento. “Todo lo que dice la declaración es exactamente lo que pensamos y lo que exigimos del Gobierno Nacional”, sostuvo.
Aunque la embajada no solicitó una reunión formal, el dirigente señaló que cualquier posible encuentro debería involucrar a todos los firmantes del documento, no solo a él como figura individual.
Lombana confesó sentir “frustración” tras la llamada. No por el tono de la conversación —que calificó como respetuoso—, sino por el hecho de que ese tipo de reclamos no fuera dirigido directamente al Gobierno panameño.
“La conversación debería ser entre la embajada o el gobierno de Estados Unidos y nuestro gobierno, no con nosotros”, opinó. A su juicio, la llamada refleja la ausencia de una defensa firme de los intereses nacionales por parte del Ejecutivo.
El excandidato presidencial explicó que el frente multipartidista comenzó a gestarse tres semanas antes de la declaración, a través de encuentros entre líderes políticos, ambientalistas y miembros de la sociedad civil.
Sin egos
Aunque evitó atribuirse el rol de convocante, destacó el esfuerzo colectivo de quienes decidieron dejar a un lado sus diferencias para actuar en defensa de la soberanía nacional. “No ha sido fácil, pero logramos sumar voces diversas, y hoy siguen firmando más personas”, aseguró.
Lombana concluyó con un mensaje dirigido tanto al Gobierno panameño como a la población. A los ciudadanos les pidió mantenerse alerta y alzar la voz frente a lo que considera una “afrenta a la dignidad” del país.
Al Gobierno de Estados Unidos le recordó que Panamá merece respeto. “Somos un aliado estratégico, pero eso no significa que tengamos que dejarnos pisotear”, declaró. Además, exhortó a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse con firmeza sobre lo que calificó como una violación a los principios fundamentales del orden jurídico panameño.
Este medio consultó al círculo cercano del expresidente —y también firmante del acuerdo— Martín Torrijos, pero informaron que el exmandatario no recibió llamada por parte de la embajada de Estados Unidos. También se hicieron consultas a la oficina de relaciones públicas de la embajada en Panamá, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Las declaraciones de Lombana se dan luego de que la aparición de un frente multipartidista tomara por sorpresa al escenario político panameño: una alianza improbable entre políticos de distintas corrientes, abogados, ambientalistas e internacionalistas, que debutó el pasado miércoles 30 de abril en una conferencia de prensa.
En ese evento se reunieron figuras como Ricardo Lombana, Martín Torrijos, Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Ana Matilde Gómez, Guillermo “Willy” Bermúdez, Crispiano Adames, Alonso Illueca y la ambientalista Raisa Banfield, entre otros.
Varios de ellos, durante la reciente campaña presidencial, evitaron incluso dialogar entre sí, pero ahora comparten micrófonos en defensa de la soberanía panameña, alarmados por lo que consideran una violación de la Constitución y de los Tratados Torrijos-Carter, tras los acuerdos firmados con Estados Unidos.
Narrativa oficial
Por su parte, la narrativa oficial habla de estabilidad, cooperación y lucha contra el crimen organizado. “No es ceder soberanía bajo ninguna circunstancia”, dijo el canciller Javier Martínez-Acha el pasado martes en la Asamblea Nacional.
“El memorándum de entendimiento es un instrumento a nivel interinstitucional, incluso entre dos o más instituciones, pero no entre ambos Estados”, añadió, para argumentar por qué no se llevó al Legislativo.
Además, dijo que el documento no se enmarca dentro de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que no es vinculante. “El documento no tiene partes, sino participantes; establece entendimientos, no obligaciones”, aseguró, al tiempo que afirmó que no contempla cláusulas.
