Las oficinas de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional en las provincias, creadas originalmente para acercar el trabajo legislativo al ciudadano, se encuentran hoy en el centro de una tormenta política. Esta semana, el contralor Anel Flores lanzó una contundente acusación contra estos despachos: “son estructuras electorales de los diputados, financiadas por el Estado”.
Según Flores, estas sedes operan en casi todas las provincias del país y, aunque cuentan con una generosa planilla, “la ciudadanía no conoce qué hacen”. De acuerdo con el contralor, en Chitré, provincia de Herrera, por ejemplo, hay 36 funcionarios. “¿Qué hacen? Nadie sabe”, expresó en declaraciones recientes.
En Veraguas, según información oficial obtenida mediante solicitudes de acceso a la información por la diputada independiente Janine Prado, hay 59 personas asignadas a esas oficinas.
“Tengo una posición muy clara. Las oficinas de participación ciudadana son el punto donde los ciudadanos pueden llegar, presentar sus iniciativas, hacer consultas y acercar a la Asamblea Nacional. Sin embargo, lo que no amerita es que una oficina de participación ciudadana tenga más de 50 personas en esas planillas. Y quiero hacer la salvedad que en el caso específico de Veraguas, ninguna de esas personas ha sido nombrada por los dos diputados del circuito 9-1”, manifestó la diputada a este medio.
El contralor Flores afirma que en cada una de estas oficinas hay 30, 40 personas o más. Sin embargo, estos datos no coinciden con la planilla de la Asamblea divulgada por la Contraloría, que registra apenas 39 personas en esa dependencia del Palacio Justo Arosemena.
En abril pasado, Karina Connell, presidenta de la Asociación de Servidores Públicos del Legislativo, aseguró que Participación Ciudadana cuenta con 600 funcionarios en todo el país.
Los contratos de alquiler
A esta opaca y costosa maquinaria se suma el gasto que implica mantener estos despachos: alquileres de oficinas y servicios públicos. Recientemente, Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea Nacional renovó contratos de arrendamiento para las sedes de Coclé, Veraguas, Herrera y Bocas del Toro.
El alquiler de la Oficina de Participación Ciudadana en Penonomé, Penonomé, costará $49,440.24 por un periodo de dos años. El contrato fue suscrito con la sociedad M y C Cuatro S.A., representada legalmente por Mario Luis Araúz Valdés.
En Chitré, provincia de Herrera, existen dos contratos vigentes para la sede correspondiente. El primero cubre del 1 al 31 de enero de 2025, con un costo de $1,276.62; el segundo abarca del 1 de febrero de 2025 hasta enero de 2027, por un monto total de $41,492.88. En ambos casos, la contraparte de la Asamblea Nacional es la empresa Inversiones y Desarrollo Corro Pérez S.A. (Indecop S.A.), representada por Miguel Antonio Corro Pérez.
Una situación similar se presentó en Santiago, Veraguas. Del 1 al 31 de enero pasado se alquilaron dos locales a la empresa Grupo Compostela S.A. por $2,849.95. Sin embargo, ya se había pactado previamente un contrato con esa misma sociedad para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024, por un valor de $17,099.70. El representante legal de Grupo Compostela S.A. es Rogelio Estevez Carneiro.
Por su parte, en Changuinola, Bocas del Toro, la Asamblea Nacional acordó pagar $45,335.04 por dos años de alquiler de un local arrendado a la sociedad Villa Pacífica S.A., representada legalmente por Miao Feng Luo Lau de León.
Pese a los altos costos, la Asamblea no ha publicado ningún informe sobre las actividades realizadas por estas oficinas ni indicadores de cumplimiento. Tampoco ha respondido públicamente cómo se evalúa la productividad de estos despachos.
Un “esfuerzo de descentralización”, según la Asamblea
En defensa de estos espacios, la Asamblea Nacional, presidida por la diputada oficialista Dana Castañeda, justificó los alquileres argumentando que la institución ha “determinado la necesidad de mantener la presencia física fuera de la ciudad capital” con el objetivo de extender la participación ciudadana. Aseguran que las oficinas cuentan con “condiciones especiales de localización, comodidades y avances tecnológicos”. Así consta en documentos publicados en Panamá Compra.
Sin embargo, la retórica institucional contrasta con una realidad marcada por el silencio administrativo y las denuncias sobre su uso político-electoral.
Iniciativas
En la sección de Participación Ciudadana del sitio web del Legislativo constan varias propuestas de ley que han llegado al Palacio Justo Arosemena por esta vía. Por ejemplo, la que regula el personal de atención en las estaciones de combustible, la que crea el cripto balboa, la criptomoneda oficial de Panamá, y la que introduce el día de la basquiña.
También se incluyen iniciativas relacionadas con derechos digitales, protección del ciudadano ante la inteligencia artificial, desarrollo de semiconductores, regulación de la inteligencia artificial en Panamá, garantía del libre tránsito y regulación del ejercicio de la abogacía. La lista es más extensa; aquí se mencionan sólo algunos ejemplos. Varias de estas propuestas han sido calificadas como viables y se encuentran en comisiones de trabajo a la espera de ser debatidas.
Preguntas sin responder
La Prensa envió las siguientes preguntas a la Asamblea, pero al momento de redactar esta noticia no habían sido respondidas: ¿Cuál es el propósito de las oficinas de Participación Ciudadana? ¿Qué iniciativas han impulsado? ¿Cuántas de estas oficinas hay en las distintas provincias y cuál es el propósito de las mismas? ¿Cuántos funcionarios tienen a nivel nacional (en la sede de Panamá y en las provincias)? ¿Cuántos proyectos de ley surgidos de estas oficinas se han aprobado? ¿Cómo responden a la crítica del contralor Flores de que “son estructuras electorales de los diputados, financiadas por el Estado”?
