El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ordenó el cierre de la cooperativa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
Se trata de la Cooperativa de Servicios Múltiples, Suntracs, R.L.
Así se anunció en una conferencia de prensa este 20 de mayo de 2025 desde la Presidencia de la República.
En la conferencia, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, acusó al sindicato de utilizar su estructura en beneficio propio y en detrimento de los trabajadores de la construcción.
“Lo que nació como un organismo para proteger los derechos de los trabajadores [...] se ha convertido en un instrumento que opera a escondidas detrás de personerías jurídicas”, expresó.
Orillac señaló que el Suntracs ha utilizado su estructura jurídica “para favorecerse a costa de los trabajadores de la construcción”, y sostuvo que ante la imposibilidad de avanzar por vías democráticas, la organización ha recurrido al sindicato como “eje de desestabilización social para imponer su ideología a la fuerza”.
“Utilizan estructuras y personerías jurídicas para enriquecerse. Estamos hablando de la malversación de fondos y blanqueo de capitales”, afirmó el ministro.
Los hallazgos
De acuerdo con las autoridades del Ejecutivo, una auditoría que se inició en 2022 a la cooperativa, detectó 14 hallazgos sospechosos en la parte financiera y otros 10 más en los controles o medidas de prevención de blanqueo de capitales que nunca fueron atendidos.
Uno de los hallazgos más relevantes de la auditoría revela que esta cooperativa, que ha recibido alrededor de $8 millones del Suntracs desde 2012, ha destinado el 79% de sus créditos a personas ajenas a la membresía, en contravención de los principios y valores que rigen el movimiento cooperativo.
La medida se produce en momento en que las autoridades judiciales adelantan un proceso contra uno de los dirigentes de ese sindicato por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros. Se trata de Jaime Caballero, quien está detenido en una cárcel del país mientras es investigado.
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Ipacoop es la entidad gubernamental panameña encargada de registrar, apoyar, supervisar y dirigir las cooperativas en Panamá.
Por su parte, Erika Vargas, directora ejecutiva del Ipaccop, afirmó que el manejo de los fondos del Suntracs en la cooperativa viola lo establecido en la Ley 23 sobre prevención del blanqueo de capitales.
Explicó que, desde su constitución en 2012, la cooperativa ha recibido $8 millones del sindicato a través de dos líneas de crédito. Sin embargo, ha sido utilizada como intermediaria para canalizar fondos del sindicato hacia terceros y empresas, sin aplicar la debida diligencia que exige la Ley 23.
Añadió que tampoco se hizo un análisis riguroso sobre la capacidad de pago de las empresas y terceros que se benefician de las transacciones, en detrimento de sus propios asociados.
Préstamo de $52 mil, saldado en tiempo récord y en efectivo
Vargas también mencionó la existencia de transacciones inusuales. Como ejemplo, citó el caso de un asociado con un salario de $2,800 mensuales que solicitó un préstamo de $52,000 para adquirir un vehículo y lo canceló en dos años mediante abonos de entre $5,000 y $10,000 en efectivo, lo que evidenció que excedió el perfil declarado.
De acuerdo con Vargas, este hecho indica que el oficial de cumplimiento de la cooperativa Suntracs tampoco realizó los reportes correspondientes ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ni reportó los pagos arriba de los 10 mil dólares en efectivo.
“Este oficial de cumplimiento que debió crear la alerta a la unidad de análisis financiero no cumplió con los procesos de controles que exige la Ley 23, para el pago de dicha deuda”, dijo.
Por su parte Boris Allara, subdirector del Ipacoop agregó que los hallazgos serán remitidos a la Procuraduría General de la Nación para su debida investigación. También indicó que actualmente hay 90 cooperativas en proceso de liquidación y 20 bajo intervención.
“El sistema cooperativo es una fuente muy grande de beneficios para este país y es nuestro deber protegerlo”, aseguró.
El Suntracs, considerado el sindicato más poderoso del país y liderado por su secretario general Saúl Méndez, mantiene una huelga en las principales obras de construcción desde el pasado 28 de abril. Sus demandas incluyen la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de jubilaciones, el rechazo a un memorándum de seguridad firmado con Estados Unidos, la oposición a la minería y el rechazo al proyecto de embalse del río Indio, destinado a garantizar el suministro de agua para el Canal de Panamá.
A través de su cuenta en la red social X, la agrupación se pronunció.
“La verdadera agenda de MULINO: Habla de “agenda oculta”, pero es él quien la ejecuta. Mientras acusa a SUNTRACS, toma acciones para desaparecerlo:Detenciones, allanamientos, cancelación de la cooperativa. El verdadero plan es silenciar a los luchadores sociales”, dice el mensaje.
La verdadera agenda de MULINO:
— Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) May 21, 2025
Habla de “agenda oculta”, pero es él quien la ejecuta.
Mientras acusa a SUNTRACS, toma acciones para desaparecerlo:
Detenciones, allanamientos, cancelación de la cooperativa.
El verdadero plan es silenciar a los luchadores sociales
