El contralor Anel Bolo Flores lanzó este lunes 7 de abril una afirmación: la prórroga del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) “jamás fue refrendada por la Contraloría General de la República”.
“Se habla mucho de que el contralor anterior [Gerardo Solís] autorizó o dio criterio positivo sobre esa concesión. Eso es totalmente falso”, dijo Flores, argumentando que los hallazgos de la auditoría de la Contraloría durante la administración pasada fueron malinterpretados o distorsionados, especialmente por la Autoridad Marítima Panameña.
Sin embargo, la declaración plantea una interrogante clave: ¿qué papel jugó su antecesor, Gerardo Solís, durante el proceso? La realidad es que existen tres hechos puntuales que evidencian que el excontralor tuvo un rol protagónico en este asunto. Primero, Solís era el contralor y, por ende, tenía la responsabilidad de auditar.
El propio Solís, en un comunicado, informó en febrero de 2021 que la Contraloría había realizado una auditoría de cumplimiento al contrato Ley 5 de enero de 1997, entre el Estado y la empresa PPC, y sus respectivas adendas.
Auditoría al Contrato de Ley N°5 de Enero de 1997 entre el estado y la empresa Panama Ports Company y sus respectivas adendas. #ContraloríaPanamá #NuestroCompromisoEsPanamá #ContraloríaTransparente #GenteCGR pic.twitter.com/sMKiuug3Nx
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) February 4, 2021
Esta auditoría, que cubrió el periodo comprendido entre el 16 de enero de 1997 y el 30 de junio de 2020 —es decir, 23 años y cinco meses—, reveló que “se han cumplido con las obligaciones básicas del contrato de concesión y sus adendas”.
Auditoría secreta
Además, Solís formaba parte de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, con derecho a voto en representación de la Contraloría, donde se discutió la renovación del contrato. Por lo tanto, conocía con lujo de detalles lo que ocurría en el proceso de renovación de la concesión portuaria.
Cuando varias organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación pidieron conocer detalles de la auditoría, Solís declaró que los informes de auditoría y los documentos que la componen eran información de carácter confidencial, según el artículo 125 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, aprobado mediante el Decreto No. 194 de 16 de septiembre de 1997.
Así lo dio a conocer la Contraloría en septiembre de 2021, en un comunicado, donde indicó que el artículo 125 del Reglamento Interno confiere “exclusivamente” al contralor la facultad discrecional de divulgar los resultados que se consideren pertinentes.
Varios sectores de la sociedad civil mostraron su interés en conocer el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría, con el objetivo de entender cuáles fueron las consideraciones técnicas que llevaron a certificar el cumplimiento de la empresa con las obligaciones previamente pactadas.
En este sentido, la Contraloría señaló que “las auditorías comprenden documentos de índole personal, financiera, correspondencia y otros documentos privados de personas naturales o jurídicas que están protegidos por el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá, en concordancia con la Ley 6 de 2002, el Artículo 89 del Código de Comercio y el Artículo 722 del Código Fiscal”.
El acta de la directiva de la AMP
En la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), celebrada el 23 de junio de 2021, se discutió la renovación de la concesión portuaria a PPC por un periodo de 25 años. Esta reunión estuvo marcada por la presencia de figuras clave, entre ellos Solís y otros funcionarios del Estado.
Según el acta, a lo largo de la sesión, el contralor Solís defendió su posición de que PPC no estaba obligada a repartir dividendos, pero lo más polémico fue su insistencia en la venta de las acciones. Solís planteó que la venta del 10% permitiría a PPC estar “en igualdad de condiciones” con otras empresas portuarias, lo que dejó en el aire la pregunta sobre si este enfoque realmente favorecía los intereses nacionales.
Finalmente, en junio de 2021, la junta directiva de la AMP autorizó la renovación automática del contrato entre el Estado y PPC para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años, hasta 2047. La negociación generó indignación y dudas al quedar al descubierto la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso.
