Los nueve partidos políticos de Panamá se repartirán $10.9 millones en concepto de subsidio poselectoral para el año 2026.
El anuncio lo hicieron los magistrados del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, Alfredo Juncá y Luis Guerra Morales, durante su comparecencia del martes 26 de agosto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde sustentaron el plan de gastos que la institución proyecta para el próximo año.
Según cifras actualizadas por el TE al 21 de agosto pasado, 1,568,875 panameños están inscritos en partidos políticos. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) sigue siendo la agrupación con mayor membresía. Tiene 576,439 adherentes.
Mientras que el último en incorporarse a la escena política formal es el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que celebró su convención constitutiva el pasado 24 de agosto.
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Durante la sesión, el diputado independiente Betserai Richards preguntó a los magistrados sobre los criterios que se utilizan para distribuir los fondos del subsidio. La respuesta estuvo a cargo de Bertha de Chang, directora de Finanzas del TE, quien explicó que el procedimiento está claramente definido en el Código Electoral.
La fórmula
El artículo 216 de la mencionada norma establece que la bolsa del financiamiento poselectoral se conforma con la mitad de los recursos públicos asignados para las elecciones, más los saldos no utilizados del financiamiento preelectoral. De ese total, un 20% se distribuye en partes iguales entre todos los partidos que mantuvieron su personería. El 80% restante se reparte de acuerdo con los votos obtenidos:
Los partidos reciben según el promedio de votos alcanzado en las cuatro elecciones (presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento).
Los candidatos de libre postulación reciben según la cantidad de votos obtenidos individualmente.
En términos prácticos, cada voto tiene un valor monetario. Ese valor se obtiene al dividir el 80 % del fondo entre la suma de los votos válidos de partidos y candidatos independientes. Luego, se multiplica por los votos correspondientes a cada uno, lo que determina el monto final que recibirá cada partido o candidato.
El TE aclaró además que estos recursos están sujetos a supervisión estricta. Su uso es auditado por la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político de la propia institución, que verifica el cumplimiento de las normas y la transparencia en el manejo del dinero público.
La Corte salvó el subsidio
En febrero de 2020, se dio a conocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le da un espaldarazo a estos polémicos fondos. Al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 190 del Código Electoral, que le otorga una partida de 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central al TE para estos fines, tanto en los procesos electorales internos como en las elecciones generales el fallo de la declaró que esta norma no viola la Constitución.
Según el sentencia, la propia Carta Magna, en su artículo 141, autoriza al Estado a incurrir en estos desembolsos con la condición de que la ley lo reglamente, que es lo que hace el artículo 190.
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Proponen reducirlo
La Comisión Nacional de la Reformas Electorales, instancia que cada jueves debate posibles cambios a la ley, tiene propuesta que pretende reducir el monto que el Estado asigna a los partidos.
La iniciativa es impulsada por el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. Olga de Obaldía, representante del área de organizaciones no gubernamentales, explicó en su momento que la propuesta consiste en reducir el porcentaje del 1% al 0.5%.
Recordó que desde 1997 se estableció este tipo de financiamiento, fijando que el 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central debía destinarse a financiar a los partidos políticos.
La iniciativa, explicó, está sustentada en tres criterios: costo por voto, crecimiento del padrón electoral y crecimiento del financiamiento público.
Aunque la propuesta forma parte de la agenda de reformas, su discusión fue pospuesta y aún no ha sido retomada por la comisión.
