¿Cuál es su relación con Panamá Ports?
Fui el primero en interponer una demanda contra la empresa.
¿Por qué?
En 2017 me di cuenta de que habían pagado solamente $1 millón en dividendos en 20 años. Y yo dije: ¿Cómo? Le pedí al MEF, porque el Estado es socio de Panama Ports, los estados financieros. Me los negaron por “confidenciales”, cortesía de una resolución del gobierno de Martinelli. Metí un habeas data y la Corte me falló a favor y me los entregaron. Eso, después de que pidieran aclaración y se demoraran cinco meses más, más el año que ya yo había esperado.
¿Entonces qué pasó?
Conseguí dos peritos que habían sido auditores en Contraloría, me hicieron los informes y salieron un montón de cosas sospechosas.
¿Por ejemplo?
Costos indirectos que metían y afectaban los desembolsos que tenían que darle al Estado.
¿A quién le pagaron esos servicios?
Supuestamente, a empresas relacionadas o conocidas de ellos. Además, vendieron los equipos que les entregó el Estado para luego alquilarlos a empresas vinculadas a ellos y a precios más altos. Y se hicieron préstamos a la Hutchinson. ¿Por qué, si el Estado tenía a alguien en la directiva que debía vigilar nuestros intereses?
Entonces metió la demanda por bien oculto…
Sí, ante el MEF. Y además el informe se lo mandé a la Contraloría a través de una denuncia. Así que ni Solís ni Humbert ni Flores pueden decir que no tenían un informe, aunque fuera privado.
¿Quién era el ministro del MEF?
Dulcidio De La Guardia.
¿Morgan y Morgan no representaba a Panama Ports?
Correcto. En Contraloría no hicieron absolutamente nada. Y en el MEF me negaron las dos instancias. Y la Corte me negó la demanda de bien oculto porque para ellos ese bien no era oculto. Ni siquiera revisaron el dinero que le correspondía al Estado. Todo el mundo cual Poncio Pilates.
¿Cuánto le ha dado Panama Ports al Estado?
En 28 años, $658 millones. Y Cobre Panamá, en cuatro años de operación, $1,200 millones.
Volvamos al principio. ¿Dónde empieza el enredo con Panama Ports y dónde empieza la entrega?
Cuando Panamá hizo el primer contrato, no teníamos la visión del valor de esto. Pero el primer bombazo fue cuando Mireya les dio una supuesta equiparación mediante la resolución 14 del 13 de mayo de 2002, que no era tal porque ellos habían recibido un puerto con estructura y equipo… y les eliminó, entre otros, los $22 millones anuales que tenían que darle al Estado, y la anualidad variable del 10% de los ingresos brutos.
¿Eso es negligencia, omisión o complicidad?
Esos son los vacíos e imprudencias de la ley. Y es grave. ¿Cómo, con un solo plumazo, te puedes despojar del dinero de todo el pueblo?
Luego llegó el gobierno de Martín… ¿Cobraron lo que debían?
No, pero algo recuperaron. Le cobraron $102 millones por la contraprestación del derecho de uso de las infraestructuras, como compensación por los efectos derivados de esa resolución de Mireya.
¿Y qué más hicieron?
Se les incluyó la obligación de invertir mil millones para aumentar la capacidad de Balboa y Cristóbal, cosa que según Flores no se ha cumplido.
Y luego entró el gobierno de Martinelli…
Y eso pasó de largo. Muertos de risa. Pero ese gobierno, si mal no recuerdo, fue el que hizo una resolución para que los estados financieros fueran confidenciales.
Cortizo prorrogó por 25 años el contrato. ¿Qué hubo detrás de esa prórroga? ¿Fue una decisión técnica, política… o un favor?
El contrato permitía la prórroga, pero con requisitos.
Dice el vocero de Panama Ports que la prórroga era automática…
El refrendo ya estaba en el primer contrato, pero necesitaban una certificación de la AMP que solo se podía dar a través de una auditoría, y fue ahí donde Solís dijo que habían pagado más de lo que debían. Casi nos pidió que les hiciéramos una estatua, y nos dijo que debíamos vender esas acciones. Por esa auditoría el gobierno firmó la prórroga.
Pero ahora, tres años después, sale una auditoría diametralmente opuesta…
Ah, bueno. Saquen sus conclusiones.
Solís dijo que Panama Ports cumplió “en exceso”. Según Flores, fue un “cumplimiento sustancial”. ¿Se rebajó la exigencia o se elevó la necesidad de justificar?
Si hubiera sido con la auditoría actual, no hubiéramos renovado el contrato.
Pero ni entonces ni ahora las auditorías han sido públicas. ¿Por qué?
Me encantaría entender. Y tendrían que ser públicas.
¿La auditoría está guardada por seguridad nacional o por vergüenza nacional?
No sé, pero tendrán que revelarse cuando se abran las investigaciones. El MP tiene que pedir eso y ver qué va a hacer.
¿Qué significa eso de “cumplimiento sustancial”?
Yo no tengo la menor idea, porque aquí o cumples o no cumples. Esto no da para juego de palabras.
¿Esa frase fue como para tirarle la toalla a Solís?
No quisiera pensar eso… pero ellos sabrán.
¿Qué están ocultando? ¿Las cifras, las cláusulas o las caras detrás de las firmas?
No sé, pero tarde o temprano todo va a salir a la luz. La mentira tiene patas cortas.
Las ha tenido muy largas…
Sí, pero esperemos que este sea el cambio.
Ese contrato dice que basta con un “cumplimiento básico” para renovarse. ¿Qué es eso?
No sé, no entiendo. Pero un cumplimiento básico tiene, al menos, que cumplir con el pago del dinero del Estado. Es la auditoría lo que permitió todo esto.
¿Estos casos ya no están prescritos?
Sí, ya van a estar prescritos algunos, lo que salvará a muchos.
¿Cómo entra Serviestivas en la jugada?
El contralor dijo que mantiene la operatividad del puerto. La operatividad, o sea, lo principal. ¿Entonces por qué no le damos la concesión directamente a Serviestivas? Y hay que ver si lo que se cobra es lo correcto o no, porque eso influye en el aumento de costos, que redunda en que el país reciba menos dinero.
O sea, por ahí es que podría diluirse el dinero…
Es lo más probable.
¿Panama Ports está cumpliendo… o hace lo mínimo porque nadie le exige más?
La empresa hace lo que le permiten hacer. Pero las auditorías son diametralmente opuestas. Negro contra blanco.
¿Cómo ha fiscalizado la AMP?
Según lo que acaba de salir, me parece que no muy bien.
En el gobierno de Nito, Alejandro Rojas Pardini era directivo de la AMP y también de Panama Ports. ¿Cómo se come eso?
Eso nunca debió ser. Era juez y parte, eso es impresentable. Y lo deberían responder él y el que lo designó.
¿Qué es más opaco: la AMP o la tinta con la que firmaron la prórroga? ¿Y quién les dio permiso para firmar en nombre de todos sin consultarle a nadie?
El procedimiento fue legal: podían prorrogar con la auditoría. Pero prorrogaron con una auditoría hecha a la medida. Y más con la defensa que le hizo el ex contralor.
¿Quién está fallando aquí: Panama Ports o el Estado que se hace el loco?
Los dos. Uno que se aprovecha y otro que la deja pasar.
¿Por qué el bisturí de los contratos nunca corta para el lado del pueblo?
Votamos mal. Esa es la verdad. Y estamos en este problema por la auditoría de Solís.
¿Dónde están los 1,300 millones de dólares que se esfumaron con la resolución de Jácome? ¿O también eso fue “clasificado”?
¿Dónde van a estar? En Panama Ports…
¿Cómo una empresa manipula sus finanzas por tanto tiempo?
Con complicidad de las autoridades. No hay de otra.
¿Panama Ports es un buen vecino del Canal? Presentaron 28 demandas para impedir el puerto de Corozal.
Cualquier empresa que obstruya la competencia no puede ser bien vista. Aquí pasa lo que no pasa en ningún lado del mundo. Una empresa le dice al gobierno que no le puede abrirle competencia... Explícame eso.
¿Quién dejó pasar tanto sin decir nada?
¿Quién es el ente regulador del tema portuario? La AMP. Ellos son los que deben y debieron fiscalizar. Y por ahí pasaron, con Martinelli, Roberto Linares. Con Varela, Barakat. Y con Nito, Noriel Araúz. Y estamos hablando de muchos millones… ¿Cómo desaparece esa plata sin que nadie rinda cuentas?
¿Por qué nadie habla claro? ¿Por miedo a la empresa, a demandas… o porque hay muchos salpicados en todos los partidos?
Siempre hay temor a ser demandado, por más secretos a voces que haya… y esas pruebas solo las tienen los fiscalizadores del Estado.
¿Qué sigue?
Ya están demandados. Pero yo creo que todos los contratos donde hay inversión extranjera que generan empleos son buenos, siempre y cuando se consiga lo mejor para Panamá. Ese puerto debe seguir funcionando, pero velando por los mejores intereses del país. Lo que no podemos permitir es que pase lo que está pasando con la mina: ¿y los empleos? ¿Y la inversión?
¿Usted no es ‘director’ de algún otro puerto?
Sí, como abogado, pero desde hace poco tiempo. No tiene que ver una cosa con la otra.
BlackRock compraría los activos de CK Hutchison. ¿Qué significa que un gigante financiero controle nuestros puertos? ¿Y qué debe hacer el Estado para proteger nuestros intereses?
Yo no vería problema si existiera competencia. Y el Estado debería estar verificando si la hay o no.
¿Y quién se va a atrever a romper este pacto de silencio?
Por lo menos ya un contralor se atrevió a decir lo que ya todo el mundo se olía.
