El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el pasado 5 de septiembre una auditoría por presuntas irregularidades en la compra de bombas y perforadoras para pozos de agua, una adquisición que superó los $10 millones durante el gobierno pasado (2019-2024). Un mes después, el 26 de octubre, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.
Sin embargo, esta semana se conoció que dichas perforadoras no pueden ser utilizadas y, además, no cumplen con los estándares requeridos. Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) solicitó un traslado de partida por $4.3 millones para la perforación de 122 pozos en 11 regionales de salud. La petición fue presentada ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y recibió cuestionamientos por parte de los diputados de Vamos, como Roberto Zúñiga, Jhonatan Vega y Betserai Richards.
El pedido de fondos ha generado dudas, especialmente porque, al inicio del actual gobierno, se reveló que la administración anterior había adquirido perforadoras por $10 millones. Según informes, estas máquinas fueron entregadas y almacenadas en Juan Díaz. Ante esto, surgieron interrogantes sobre la necesidad de una nueva inversión. Si ya se habían destinado millones de dólares para equipos de perforación, ¿por qué se requiere una partida adicional para excavar más pozos? Este fue un cuestionamiento planteado por Richards, quien exigió explicaciones a las autoridades del Minsa.
El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, aclaró que los $10 millones de la vigencia pasada no fueron destinados exclusivamente a la compra de perforadoras. De ese monto, aproximadamente entre $2 y $3 millones se utilizaron para la adquisición de estos equipos, mientras que el resto se destinó a otros insumos, como 10 vehículos, tuberías y compresores de aire. No obstante, la controversia persiste.
Equipo inservible
Durante la comparecencia ante la Asamblea, se reveló que las perforadoras adquiridas en el gobierno anterior aún están bajo investigación. Actualmente, un informe solicitado a una universidad está en proceso de verificación para determinar si las máquinas son nuevas o usadas. Extraoficialmente, autoridades del Minsa indicaron que se sospecha que estos equipos no cumplen con los estándares requeridos ni con la capacidad de perforación esperada.
Además de los problemas con las perforadoras, el Ministerio de Salud enfrenta otro desafío: la falta de personal especializado. Según el viceministro, en el pasado se contaba con 14 equipos de perforación, pero ahora solo quedan dos máquinas obsoletas que no operan. Ante esta situación, se tomó la decisión de licitar la construcción de los 122 pozos, contemplando no solo la perforación, sino también la instalación de bombas, tuberías, casetas, filtros y otros elementos esenciales para su funcionamiento.
El plan de perforación se ha dividido en tres fases. La primera contempla los 122 pozos ya mencionados, seguida de una segunda etapa con una cantidad similar y una tercera con aproximadamente 140 pozos adicionales. Este esquema busca garantizar una distribución equitativa en distintas regiones del país y atender la necesidad urgente de acceso al agua potable en comunidades vulnerables.
Sin embargo, la denuncia sobre el manejo de los fondos en la compra de las perforadoras previas sigue sin respuestas concretas. Uno de los principales cuestionamientos de los diputados de Vamos es por qué, si se hizo una inversión millonaria en equipos, estos no están operativos ni disponibles para atender la crisis hídrica. Además, criticaron que, hasta el momento, no se han identificado responsables ni se han tomado medidas judiciales contra los posibles involucrados en esta irregularidad.
Los millones perdidos
En respuesta a la crisis hídrica, el 30 de mayo de 2023, el entonces presidente Laurentino Cortizo declaró un “estado de emergencia ambiental” ante la sequía prolongada que afectaba al país.
Como parte de las medidas urgentes, se destinaron $35 millones, de los cuales una parte fue utilizada por el Ministerio de Salud (Minsa) para la compra de perforadoras y bombas de agua mediante una “contratación especial”. Los equipos, importados desde China por la empresa Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A., fueron adquiridos a un costo de $234,392, pero vendidos al Minsa por más de $1.7 millones.
El año pasado, el asesor legal del ministro de Salud, Samuel Echeona, explicó que la auditoría interna reveló “ciertas irregularidades” que no le corresponde al Minsa tipificar como delito; por esa razón, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público.
