Previo a las festividades del Carnaval, la Asamblea Nacional cerró la presentación de propuestas de modificación al proyecto de ley N° 163, que propone reformas a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).
Todo apuntaba a que finalmente habría una votación del proyecto en segundo debate, pero la noche del jueves 6 de marzo, un grupo de 43 diputados apoyó una solicitud de impugnación que reabrió la discusión —otra vez— con el fin de presentar una nueva propuesta y retirar otras.
La única propuesta presentada esa noche contó con el respaldo de los diputados de diferentes bancadas y partidos políticos: Ariana Coba, del partido Panameñista; Dana Castañeda y Yuzaida Marín, de Realizando Metas (RM); Didiano Pinilla y Manuel Cohen del Cambio Democrático (CD); Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (Moca) y Manuel Samaniego, de la coalición Vamos.
Se habría consolidado horas antes, en una reunión que se llevó a cabo con los jefes de bancada para lograr consensos respecto a las propuestas de modificación.
“Sí, es verdad que nos reunimos para consensuar propuestas, pero aquí ningún diputado puede decir que no se tomó en cuenta, porque la mayoría de los jefes de bancada estaban en esa reunión”, confesó el diputado Medín Jímenez, del partido Panameñista.
De esta forma, el partido Panameñista, RM, CD, Moca y una fracción de 11 diputados de Vamos consolidaron los 43 votos que permitieron la presentación de la más reciente propuesta, que incluye el establecimiento de una tasa de reemplazo mínima para las pensiones, ubicada en el 60% del salario promedio base de la pensión de retiro por vejez.
Además, faculta a que un ente externo recomiende a la CSS, basado en el análisis de la suficiencia de fondos del sistema de pensiones, sobre la viabilidad de mantener la edad de jubilación sin modificaciones.
La propuesta fue foco de discrepancias. La bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), conformada por 12 diputados, se abstuvo de votar, mientras que una fracción de 9 diputados de la coalición Vamos votó en contra.
Alexandra Brenes, una de las diputadas de Vamos que votó en contra, señaló que “en la nueva propuesta de modificación hay cosas rescatables, pero la forma de hacer las cosas no es la correcta. Si ustedes demoraron tantas horas para hacer negociaciones paralelas al pleno y tienen hoy los votos, vayamos a la votación y no dilatemos más el debate” —retó a sus colegas—.
La decisión de los 43 diputados que votaron a favor fue foco de críticas de otros diputados, quienes incluso llegaron a alegar que se hubo una violación al reglamento interno del Legislativo.
“Lo que pasó en la noche me parece lamentable. Como abogada le anuncio a este pleno que el proceso tiene vicios de nulidad y es perfectamente demandable porque no estamos actuando de manera correcta, el pasado 27 de febrero se cerró la discusión”, llegó a señalar la diputada de Vamos, Walkiria Chandler.
No obstante, el diputado de Moca, Ernesto Cedeño, refutó lo planteado por las diputadas de Vamos. “Por prudencia se tenía que incluir la propuesta, porque si no, iba a afectar al pueblo. No había una incorporación adecuada de la tasa de reemplazo [del 60%]”, explicó.
Las discrepancias evidenciaron que hay un número plural de diputados dispuestos a llevar adelante la propuesta de modificación consensuada. Mientras que una minoría se opondría.
Por otro lado, la sesión del pleno de la Asamblea Nacional de este viernes 7 de marzo tuvo la intención de avanzar con el debate, pero una acalorada discusión entre el diputado de Moca, José Pérez Barboni y el diputado del PRD, Raphael Buchanan, llevó a la diputada presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, a suspender la sesión hasta el próximo lunes 10 de marzo.
El propio Pérez Barboni y otros diputados de la coalición Vamos, señalaron al final de la jornada al PRD por intentar dilatar la discusión del proyecto de ley N° 163.
En tanto, el futuro del sistema de pensiones sigue siendo incierto. Aunque la nueva propuesta incluye una tasa de reemplazo mínima del 60% y la posibilidad de un ente externo que analice la sostenibilidad del sistema, persisten dudas sobre su viabilidad financiera entre los diputados.
Por otra parte, el Órgano Ejecutivo ha reiterado en varias ocasiones que cualquier modificación debe garantizar la sostenibilidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS.
